Tolerancia infinita
A ciertos dirigentes políticos que aspiran a granjearse la fama de ser duros en defensa de «la gente» les gusta hablar de «tolerancia cero» en alusión a la estrategia del alcalde neoyorquino Rudolph Giuliani. Como se sabe, las autoridades de la ciudad más importante de Estados Unidos hicieron bajar la tasa de delincuencia ordenando a la policía intervenir incluso cuando se tratara de ofensas menores como la de tirar papeles en la calle, emborracharse en público o reclamar limosnas de forma agresiva. Esta modalidad se basa en el presupuesto nada arbitrario de que en una sociedad caracterizada por la extrema permisividad muchos propenderán a tratar la conducta criminal como algo natural, con el resultado de que jóvenes impresionables considerarán el robo nada más que una travesura. Sin embargo, es evidente que muchos admiradores de Giuliani sencillamente no entienden que la «tolerancia cero» supone algo más que la voluntad de disparar ante cualquier provocación real o aparente -algunos, como el gobernador bonaerense Carlos Ruckauf, creen que una buena traducción sería «gatillo fácil»-, acaso porque no tienen ningún interés en aplicar sin miramientos la ley a quienes son en nuestro país los peores infractores «menores» de todos, los automovilistas. Por motivos no muy claros, los mismos políticos, jueces y policías que se afirman horrorizados por el sufrimiento ocasionado por la delincuencia común sólo sienten indiferencia ante los estragos decididamente más graves que son causados a diario por el desprecio generalizado por las leyes de tránsito.
Todos los años, mueren casi diez mil personas atropelladas por autos en las calles argentinas y muchas más quedan discapacitadas de por vida: si los homicidas utilizaran armas de fuego, se declararía una emergencia nacional enseguida, pero puesto que su arma es un automóvil, virtualmente nadie se siente demasiado preocupado por el asunto. Las consecuencias de tal pasividad han sido terribles. Para los que tienen menos de 35 años, los accidentes de tránsito constituyen la causa principal de muerte. En términos de estadísticas, cada vehículo que circula aquí es diez veces más peligroso que en Suecia, los Estados Unidos o Inglaterra, y los únicos países que nos superan, si bien por muy poco, en esta categoría siniestra son Rumania y China. Aunque es de suponer que en las zonas más atrasadas de Africa y Asia la situación es todavía peor pero que las estadísticas no la registran, el que sea factible que en el interior de Uganda muera más gente serviría de consuelo sólo para un imbécil.
¿A qué se debe esta manifestación horrorosa de desprecio por la vida ajena? A los responsables de aplicar la ley. En teoría, las leyes vigentes son adecuadas por ser muy similares a las vigentes en los países mejor ordenados, pero ocurre que nadie parece tener interés alguno en asegurar que sean respetadas. Los esporádicos intentos de obligar a los automovilistas a someter sus unidades a una inspección técnica regular siempre son abandonados después de un par de meses, porque a los políticos les parece antipático forzar a los pobres a gastar dinero reparando sus vehículos destartalados, motivo por el cual siguen circulando decenas de miles de coches tan deficientes que en cualquier momento podrían convertirse en instrumentos mortales. Asimismo, por razones presuntamente machistas, la mayoría de los automovilistas se niega a ponerse el cinturón de seguridad, y el impacto altamente positivo ocasionado por el accidente protagonizado por Raúl Alfonsín el año pasado, cuando el ex presidente casi se mató a causa de su respeto por este aberrante prejuicio nacional, ya se ha disipado. Los escasos agentes de policía que supuestamente vigilan el tránsito raramente detienen a los infractores y los jueces, con negligencia vergonzosa, se resisten a enviar a la cárcel a los culpables de causar la muerte de otros automovilistas o de peatones. Es como si el país fuera presa de una extraña forma de locura colectiva, una que se manifestara de manera especialmente virulenta entre los dirigentes políticos, jueces y policías quienes, por desgracia, son los únicos que poseen los medios necesarios para curarla.
