Tráiler electoral

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Río Negro vive un tráiler de la campaña del 2019. Asomó una secuencia “sucia” de afiches y videos contra Martín Soria, buscando su reacción, que contuvo. Silenció una denuncia suya en la Justicia Federal y paró al bloque que preparaba una defensa. Flaqueó por momentos frente a la ofensiva, pero retomó su saludable conversión, recomendada por un equipo comunicacional de Buenos Aires.

Ensimismado, el oficialismo ensaya sus caminos. Los intendentes, alentados por el barilochense Gustavo Gennuso, se apuntaron para la reacción de Juntos y se convocaron para el 23 de febrero. Su expedición ya será limitada, pues se sumó el gobernador Alberto Weretilneck, quien invitará a legisladores. Se observan trastornos entre tantas ansiedades e inquietudes. Los apartamientos siempre demandan íntimos tiempos y elaboraciones.

El repliegue se detecta en los pasos diseñados. Se blindarán ciertos frentes si, como se trabaja, Fabián Gatti asume en la FIA, que es el órgano constitucional para investigar administrativamente en el Estado. Existiría resguardo porque Gatti no niega su pertenencia a Weretilneck, que lo hizo secretario de Gobierno, jefe policial, director del banco Patagonia y candidato a la diputación.

Tampoco el hoy fiscal Marcelo Ponzone alteró el gobierno. Se entregó a la remoción permanente de su equipo y la tramitación de respuestas de los funcionarios, incluso sus idas a la Justicia fueron por esas formalidades. Pero, el oficialismo –evidentemente– prefiere la plena placidez.

La Legislatura –con mayoría simple– elegirá en marzo el nuevo fiscal y el reemplazo de Erika Acosta en el Tribunal de Cuentas. Ella también, como Ponzone, creyó en promesas y se ilusionó con que el gobernador posibilitaría su continuidad. En contrapartida, ambos conservaron sus cuidados pasos. Acosta concluyó su mandato en diciembre mientras esperaba la jurada reunión de renovación.

Su vacante se reservaba para la oposición cuando se preveía negociar otros menesteres políticos –como la reforma constitucional– pero los objetivos cambian. Hoy no hay resolución sobre quién será el reemplazo y tal vez recaiga en un candidato con sesgo técnico e independiente, reeditando la postulación del radical Sergio Ceci.

El blindaje tiene otra prioridad. Hay que seguir la elección del fiscal general de la Justicia. El gobierno pone en la mira para jefe de los investigadores al ministro de Seguridad, Gastón Pérez Esteban. Falta una huella: su inscripción en el concurso, que cierra el 16 de febrero. Hasta entonces sólo es una especulación.

Volviendo a los órganos de control, esas estructuras exigen enmendar sus objetivos de fiscalización, para lo cual el Estado desembolsa unos 150 millones anuales. Y sus flojedades alientan irregularidades de las más expuestas. Un ejemplo: la incompatibilidad de un abogado de Gobierno –David Lansky, de Tierras– que asistió a una audiencia en Trabajo y figura –gacetilla incluida– en el acta como “asesor letrado” de Draco, que es la constructora que dejó la obra del hospital Zatti. Urgente repaso de la ley de Ética Pública.

Y febrero trae la compleja discusión salarial. Weretilneck oculta su número y repite sólo la pauta nacional del 15%. Por eso sorprendió que Radio TV Río Negro fijara –según la resolución presupuestaria N° 105– un aumento de sueldos del 25%, aludiendo a los “acuerdos cerrados” por sus sindicatos. Hasta ahora, el gobernador desalentó tratos diferenciales en esas sociedades frente a la administración central. Economía lo supo esta semana. La Fiscalía de Estado objetó un proyecto del ministro Agustín Domingo para liberar los salarios de los presidentes y directivos de las empresas. Era una norma general aunque el núcleo fuese Altec por la presidencia de Sergio Baroni (que dejó un cargo judicial). Tampoco ese mundo es igualitario, pues el Invap y Edhipsa están exceptuados, según una previa resolución del exministro Alejandro Palmieri.

Idas y vueltas. La capacidad gubernamental de ignorar ciertas existencias.

La reunión de intendente nace acotada mientras el gobierno sale a resguardarse en los órganos de control, sin perder de vista a la Justicia.

Irrumpen y sorprenden pautas salariales de las empresas. El canal estatal prevé un aumento del 25% y se desactivó un proyecto para liberar topes en sus directorios.