Tres políticas de Estado
Los argentinos estamos inmersos en un complejo año electoral.
COLUMNISTAS
Sin embargo, los principales precandidatos presidenciales no presentan sus propuestas de gobierno a pesar de los graves problemas que tendrán que enfrentar, justificándose en que a los ciudadanos no les interesan. Todo se reduce a consignas vagas y sin contenido concreto. En este contexto, no se habla de políticas de Estado a largo plazo y tampoco se repara en que su ausencia es una de las causas fundamentales de la decadencia argentina. Es cierto que se han logrado ciertos consensos básicos por el esfuerzo de organizaciones apartidarias, de lo que es un buen ejemplo el Acuerdo para un Desarrollo Democrático impulsado por el Club Político Argentino y al que adhirió un número significativo de dirigentes políticos de todo el país. En esta línea de buscar consensos a largo plazo, presento tres propuestas con el potencial de transformarse en políticas de Estado.
La primera propuesta se inscribe en los esfuerzos por mejorar la calidad de dos recursos humanos clave para el desarrollo argentino: los docentes y los funcionarios públicos. En los dos casos se apunta a perfeccionar enérgicamente su formación y su prestigio en la sociedad. Las naciones que mejor han trabajado en contar con excelentes docentes y funcionarios del Estado han partido de asignar prioritaria importancia a su formación. Citaré dos ejemplos emblemáticos.
Históricamente, Finlandia era una nación productora de materias primas y dependiente del comercio con la ex Unión Soviética. Con el colapso de ésta, Finlandia sufrió una profunda crisis económica y social que llevó a su clase dirigente a redefinir que su estrategia de desarrollo se basaría en un pilar: la educación. Para lograrlo, se propusieron formar los mejores docentes y profesores. Partiendo de la premisa de que la educación es totalmente gratuita y a cargo del Estado, se apuntó a que la formación de docentes tuviera rango universitario y se estableció un proceso de selección de postulantes riguroso y que la carrera docente sería tanto o más exigente que las clásicas. En retribución del esfuerzo, los docentes graduados recibirían una remuneración comparable con la de otras profesiones que se desempeñan en el Estado. Hoy el Departamento de Formación de Docentes, que es parte de la Universidad de Helsinki, es estudiado en todo el mundo y Finlandia se encuentra en la vanguardia de la educación mundial según los resultados obtenidos en las evaluaciones PISA. Tuve la oportunidad de visitar Helsinki en estos días y se percibe el elevado prestigio social de que gozan los docentes, superior al de médicos o abogados, y el orgullo que sienten los finlandeses por sus políticas educativas.
El segundo ejemplo se inscribe en la formación de funcionarios públicos y se refiere a la célebre Escuela Nacional de Administración Francesa (ENA). Fundada en 1945, la ENA ha sido el modelo paradigmático de formación de funcionarios al servicio del Estado que han permitido que Francia sea una de las naciones con mejor administración estatal, incluso de empresas que compiten a la par con el sector privado.
En la Argentina existen el Instituto de Formación Docente, dependiente del Ministerio de Educación, y el Instituto Nacional de la Administración Pública, dependiente del Ministerio del Interior, pero en ambos casos se trata de organismos menores, desconocidos por la opinión pública, sin nivel universitario y cuyos objetivos apuntan más a dar cursos de capacitación a docentes y funcionarios que ya existen, sin continuidad y sin un programa adecuado, que a formar profesionales para una nueva estrategia de desarrollo. Distinto es el caso del Instituto del Servicio Exterior de la Nación fundado en 1963, que cuenta con merecido reconocimiento en la formación del cuerpo diplomático argentino y es un excelente antecedente de lo que estamos proponiendo. En consecuencia, se propone la formación universitaria de docentes y funcionarios públicos, con criterios de excelencia y mérito. Y revalorizar su rol social, así como su retribución económica.
La segunda propuesta se refiere a profundizar en el sistema judicial argentino la figura del arrepentido. Esta figura legal permite la reducción o la exención de penas a los acusados de un delito que brinden información valiosa para el éxito de una pesquisa judicial y existe en numerosos países. Donde mayor difusión ha alcanzado es en Estados Unidos. En el país del Norte, los fiscales tienen amplias facultades para otorgar inmunidad parcial o total a un acusado a cambio de su colaboración en la investigación.
Esta práctica usual en la Justicia norteamericana permite que delitos difíciles de probar se puedan esclarecer. Un caso reciente es la investigación que está llevando adelante la Justicia norteamericana sobre los escándalos de corrupción de la FIFA. En la Argentina, la figura ha sido incorporada sólo para ciertos delitos en las leyes 24424 (estupefacientes), 25241 (terrorismo), 25742 (secuestro extorsivo) y 26364 (trata de personas) y, en general, determina un marco rígido de aplicación, lo que priva a jueces y fiscales de una utilización amplia del instituto. La propuesta de mínima sería adoptar la figura del arrepentido en los delitos de corrupción. Un avance adicional consistiría en extenderla a otros delitos penales y en otorgar mayores facultades a jueces y fiscales para su utilización.
La tercera propuesta tiene como objetivo eliminar el reeleccionismo en los cargos ejecutivos nacionales, provinciales y municipales. La versión más cruda del reeleccionismo es la que permite reelecciones indefinidas de una misma persona. La versión atenuada limita la reelección a un solo período pero permite una nueva elección y reelección (dos períodos adicionales) luego de dejar pasar un período intermedio y así sucesivamente. Éste es el caso de la norma constitucional para la elección del presidente. La norma que autoriza la reelección de un mandatario existe en muchas naciones pero en Estados Unidos, por ejemplo, un presidente que obtuvo su reelección no puede ser elegido nunca más. En países como México, Colombia y Paraguay sólo se admite un período presidencial. En Chile, Uruguay y Perú no se permite la reelección inmediata pero se la autoriza luego de dejar transcurrir un período. En estos días, en Brasil se está impulsando una reforma para eliminar la reelección consecutiva de todos los cargos ejecutivos.
En la Argentina, la propuesta consistiría en permitir como máximo la reelección por un único período en todos los cargos ejecutivos nacionales, provinciales y municipales. Este cambio requeriría una reforma constitucional en el orden nacional y provincial, lo cual agrega una cuota de dificultad a la propuesta, pero de haber voluntad política mayoritaria sería factible consagrar esta limitación esencial a la vida republicana.
Aunque vayan en contra de la corriente que reduce la política a un tosco espectáculo televisivo, estas propuestas y otras posibles referidas a la regionalización del país, la instauración de un juicio de residencia para el presidente o la implementación de un seguro nacional de salud, por citar algunas, deberían ser objeto de debate en la sociedad argentina, a la vista de las mejores prácticas internacionales, y una vara efectiva con la que forzar definiciones básicas de los futuros candidatos a presidente.
(*) Miembro del Club Político Argentino
Alejandro Poli Gonzalvo (*)
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