Un año más de preventivas por el caso Daniel Solano

JUDICIALES

ROCA/ CHOELE CHOEL.- Contra los planteos de los tres abogados defensores que intervienen en la causa, la Cámara Criminal Tercera de Roca convalidó la extensión por un año más de la prisión preventiva que pesa sobre siete de los policías acusados por la desaparición y asesinato de Daniel Solano. Sin embargo, en la misma resolución, le “recomendaron” al juez de la causa, Julio Martínez Vivot, que eleve a juicio el expediente lo antes posible y que se comuniquen al Superior Tribunal de Justicia las presuntas “irregularidades” que los defensores alegaron en la audiencia de apelación.

En su voto rector, el juez César López Meyer concluyó que la “complejidad” de la causa Solano justifica la prórroga excepcional de la prisión preventiva de los sospechosos, pese a que ya se superaron los dos años que la ley impone como plazo ordinario máximo para esa medida cautelar. Sin embargo, con la adhesión de los camaristas Fernando Sánchez Freytes y Aldo Rolando, se dejó la puerta abierta para que el juez de instrucción evalúe la posibilidad de concederles la prisión domiciliaria o alguna otra “morigeración de la cautelar” hasta la realización del juicio.

Los defensores Eves Tejeda, Ricardo Thompson y Carlos Dvorzak cuestionaron en su apelación el tiempo que llevan las preventivas, ya que superó cualquier criterio de “razonabilidad”. Thompson reclamó que, como justificativo de las detenciones, “no debe confundirse volumen (del expediente) con complejidad (de la investigación)” porque de los 40 cuerpos que tiene la causa (más de 8.000 fojas) “en realidad sólo uno es sustancialmente útil”.

En contra de ese argumento razonaron los jueces, que destacaron varios factores que hacen compleja la investigación y autorizan la prórroga de las preventivas. Entre ellos el volumen, ya que “útil o no, la actividad que generó tantos cuerpos demanda tiempo, como demanda tiempo leerlos y analizarlos”. También “la naturaleza y gravedad del delito” investigado; la inexistencia hasta ahora del cuerpo de la víctima; la “alarma social que provoca semejante delito” y las “firmes sospechas” de que los policías detenidos y algunos de sus camaradas pudieron haber “embarrado la cancha” al “ocultar pruebas” o “intimidar testigos”.