Un debate inoportuno

El comienzo de las inscripciones del denominado Servicio Civil Voluntario demostró la enorme necesidad de políticas de Estado para mejorar la contención social y capacitación laboral para los miles de jóvenes que no estudian ni trabajan, pero que no se solucionarán con iniciativas improvisadas en medio de una campaña electoral.

El vacío actual en las políticas para este sector, que se calcula entre 500.000 y el millón de jóvenes, quedó demostrado en el éxito de la convocatoria: a la “prueba piloto”, que tenía mil cupos, se presentaron unos 9.000 jóvenes de ambos sexos el primer día, y se estima que las consultas podrían llegar a las 20.000 en la primera semana de inscripciones.

Este sistema de formación laboral y en “valores cívicos” a cargo de Gendarmería Nacional que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Seguridad de Patricia Bullrich con apoyo del Ministerio de Educación, pretende ofrecer a jóvenes de todo el país el desarrollo de habilidades para diversos oficios, pero sobre todo capacitación en “valores republicanos y democráticos” señalados vagamente como el “fomento del compromiso personal y para la comunidad y los hábitos responsables”. Los encuentros serían en módulos de 4 horas semanales complementarios a su educación formal.

Entre los jóvenes que a partir del jueves acudieron a los cuarteles de Gendarmería para consultar e inscribirse existía cierta confusión: algunos pensaban recibir algún estímulo económico (no previsto en esta etapa) o que se trataba de un sistema de ingreso a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, más allá de los malentendidos se manifestó entre los solicitantes la necesidad de capacitación con salida laboral para quienes por razones de distancia (sobre todo en zonas rurales) o económicas no pueden acceder al sistema formal.

El problema de los jóvenes que no estudian ni trabajan ni buscan trabajo es real. Pero es dudoso que planes como el Servicio Cívico propuesto sean la salida. Y conducen a polémicas estériles.

El problema no parece radicar, como señalaron organizaciones de izquierda y de derechos humanos, en que se pretenda “militarizar” a la juventud y que los cuarteles de Gendarmería no sean un ámbito adecuado para la capacitación. Desde hace más de una década tanto las Fuerzas Armadas como Gendarmería y Prefectura han incorporado y perfeccionado sus cuadros profesionales y de docencia, con lo cual este servicio, que además es voluntario, está lejos de ser una reedición de la “colimba”, abolida después de las denuncias de ineficiencia, abusos y maltratos en los 90.

El problema radica en lo improvisado del plan, sin participación de organizaciones educativas ni de la oposición, en medio de una campaña electoral muy polarizada en donde priman las acusaciones y descalificaciones. Este clima negativo no permite la real evaluación y debate que merece la iniciativa, alimentando sospechas de oportunismo político y polémicas inconducentes.

De hecho, existen ya proyectos en este sentido en el Congreso. Entre ellas una del radical Julio Cobos, que fue aprobada en el Senado, pero nunca logró consenso en Diputados, que pretende replicar la experiencia del servicio cívico para jóvenes vulnerables de 14 a 24 años con protagonismo de las Fuerzas Armadas implementado hace años en Mendoza. Sin embargo, un estudio de Chequeado.com halló que, si bien tuvo impacto positivo en zonas rurales, sus índices de deserción superaron el 50%.

El problema de los jóvenes que no estudian ni trabajan ni buscan trabajo es real: los índices de pobreza y desempleo son muchos mayores en la franja de entre los 18 y 24 años, existen altos índices de repitencia y abandono escolar en la secundaria, desocupación e informalidad laboral por falta de experiencia y capacitación, fuerte incidencia de adicciones, entre otros. Sin embargo, es dudoso que planes como el propuesto sean la salida, sobre todo si se tiene en cuenta que de cada diez jóvenes vulnerables siete son mujeres con familiares a cargo, ya sean hijos, hermanos o padres.

El desarrollo de planes educativos efectivos debería basarse en estudios más detallados que permitan diseñar soluciones efectivas y políticas de Estado eficaces ante el problema, antes que medidas efectistas y teñidas de color partidario que solo conducen a debates estériles.


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