Un decreto pusilánime

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El presidente Fernando de la Rúa nunca se ha destacado por la firmeza de sus convicciones, de suerte que es de suponer que la decisión de conmutar las penas de los terroristas que en enero de 1989 atacaron el cuartel de La Tablada, acción criminal que dejó un saldo de casi cuarenta muertos, se debió exclusivamente a su deseo de librarse de un problema engorroso y, tal vez, de congraciarse con la izquierda. De ser así, cometió un error. Desde el punto de vista tanto de los individuos que se solidarizaron con los presos alcanzados por la conmutación de penas como del resto de la sociedad, el decreto que firmó De la Rúa no fue sino otra manifestación de debilidad. Mientras que los terroristas y sus amigos han criticado por insuficiente el triunfo que acaban de conseguir, los demás han lamentado la voluntad del gobierno de ceder frente al chantaje supuesto por una huelga de hambre insólitamente prolongada.

En un esfuerzo por justificar su claudicación, De la Rúa aludió a las presiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conforme a la cual los condenados deberían haber disfrutado de la garantía de la doble instancia judicial, o sea, de una norma no prevista por la ley de Defensa de la Democracia que fue redactada por el gobierno del presidente Raúl Alfonsín. Tal reclamo podría considerarse razonable o no, pero nadie ignora que se trata de un tecnicismo y que de haber tenido vigencia la figura jurídica de marras, los tribunales ya hubieran confirmado las condenas, ya las hubieran hecho más severas. Por fortuna, los dos terroristas más notorios, Enrique Gorriarán Merlo y su esposa, Ana María Sívori, no se vieron beneficiados por el decreto: fueron juzgados años después y la segunda instancia judicial no les sirvió para nada.

De todos modos, la razón por la cual el gobierno optó por reducir las penas de los culpables de uno de los crímenes terroristas más aberrantes de los años últimos tuvo mucho menos que ver con los argumentos esgrimidos por la CIDH que con la campaña organizada por los terroristas mismos y por muchos simpatizantes locales y extranjeros, todos los cuales se combinaron para difundir la idea de que se trataba de “presos políticos”, víctimas de la arbitrariedad autoritaria de aquel derechista archiconocido, Alfonsín, y de la crueldad extrema del presidente De la Rúa. Esta versión caricaturesca de los hechos resultó ser lo bastante atractiva como para merecer el apoyo de muchos “progresistas” de otros países que se especializan en “luchar contra la injusticia” ajena aunque, claro está, se sentirían sumamente indignados si a De la Rúa se le ocurriera intentar convencer a un gobierno europeo de que los terroristas que están en sus cárceles -siempre y cuando se afirmen izquierdistas- deberían considerarse presos políticos.

El que muchos personajes presuntamente comprometidos con los derechos humanos se hayan mostrado dispuestos a agitar en favor de delincuentes que en plena democracia procuraron apoderarse de un cuartel so pretexto de querer evitar un golpe militar es preocupante. Sería difícil concebir una forma más eficaz de desacreditar la causa que pretenden defender que la supuesta por su voluntad indisimulada de minimizar por motivos ideológicos la conducta de un grupo determinado de violentos. Para los demócratas sinceros, las eventuales ideas políticas de terroristas, trátese de civiles o de miembros de las fuerzas armadas o de la Policía, importan muy poco y por cierto no deberían incidir en los fallos de los encargados de juzgarlos por lo que efectivamente han hecho. Durante muchos años la Argentina vivió bajo la hegemonía de personas convencidas de que tener las opiniones apropiadas equivalía a poseer una licencia para matar y para torturar. Aquel período nefasto llegó a su fin en diciembre de 1983, cuando Alfonsín inició su gestión, pero todavía se dan muchos individuos que se resisten a abandonar los principios en los que se inspiraron los terroristas de izquierda y derecha que hicieron del país un infierno. Estimulados por la huelga de hambre de los presos de La Tablada, estos nostálgicos de los años de plomo se movilizaron una vez más y, por desgracia, el presidente de la República, es decir, el defensor máximo del Estado de derecho, optó por darles una parte de lo que le habían exigido.