Un fallo en EE. UU. complicó todo y el gobierno busca evitar que se caiga la sesión en Diputados

Deuda con los holdouts

El gobierno de Mauricio Macri intenta contra reloj evitar que caiga la sesión del martes en Diputados en la que necesita su aval para cerrar el acuerdo por el pago de la deuda con los holdouts. La decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York conocida el viernes por la noche de aplazar al 4 de abril el levantamiento de órdenes contra Argentina para permitir el proceso de apelaciones de acreedores, instaló un duro obstáculo al trámite parlamentario, a un mes para que se venza el plazo del primer pago a los acreedores, lo que haría caer el pacto.

“Es un hecho nuevo que altera absolutamente todo”, declaró ayer el presidente del bloque Justicialista, Oscar Romero, el grupo de 14 diputados que se apartaron del kirchnerismo y con cuyo apoyo contaba el oficialismo hasta antes del nuevo fallo. Lo mismo hizo el presidente del bloque de senadores del PJ-FpV, Miguel Pichetto: “Es muy preocupante”, advirtió.

Ante los nuevos nubarrones, el que salió a jugar con dureza fue el ministro de Hacienda Prat Gay. Dijo que si no se aprueba el acuerdo en el Congreso, el gobierno estaría “forzado a hacer un ajuste fiscal tremendo”. (Ver recuadro)

Otros aliados estratégicos de la nueva gestión en La Rosada, como el Frente Renovador que lidera Sergio Massa, también ofrecieron reparos tras el fallo.

En este marco de incertidumbre, funcionarios del ministerio de Hacienda y Finanzas se reunirán hoy con los diputados que piden suspender la sesión en la que debe tratarse el dictamen de comisión que habilita el pago de la deuda a los holdouts y fondos buitre.

Los operadores políticos de Prat Gay escucharán los planteos que les harán los jefes de los bloques opositores de la Cámara baja.

“Queremos informarle a todos el mundo que esto no es un tema grave, sino un tema procesal. En algún momento de mañana (por hoy) vamos a hacer la reunión. Queremos seguir con adelante la estrategia”, dijo el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Eduardo Amadeo.

El primero en encender la alarma sobre el futuro del proyecto de pago a los fondos buitre en el Congreso fue el rionegrino Pichetto, que en las últimas horas expresó que la decisión de la Corte de Nueva York “impacta de lleno en la negociación argentina con los holdouts”.

“Es muy preocupante la decisión del segundo circuito de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que ayer suspendió el levantamiento de las medidas cautelares dictadas por el juez Griesa”, sostuvo Pichetto sobre el fallo del tribunal norteamericano que deja en suspenso el levantamiento de las medidas cautelares de Griesa que le impedían al país cumplir con los pagos a los bonistas que entraron en los anteriores canjes.

Ante esta situación, el gobierno salió a reforzar la idea de que si no se cierra el conflicto con los holdouts, el país no va a poder crecer por la falta de acceso al crédito internacional.

La reunión entre funcionarios del gobierno Macri y los referentes de la oposición dialoguista de la Cámara baja se producirá luego de que el Bloque Justicialista, que tiene como referente a Diego Bossio, solicitara la suspensión de la sesión de mañana hasta que se aclare el tema para analizar los alcances del fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York que se conoció el sábado.

Ese tribunal resolvió dejar en suspenso la decisión del juez Thomas Griesa de levantar el embargo contra la Argentina, un pedido de los fondos buitre, y dispuso que la medida dispuesta por el magistrado sólo podrá ser efectiva cuando se resuelvan las apelaciones presentadas contra ese fallo.

Sin embargo el gobierno afirma que se trató de un paso judicial previsible.

“El pedido de ‘stay’ lo hicimos en conjunto con los holdouts”, dijo ayer a “Clarín” el secretario de Finanzas, Luis Caputo.

Según el funcionario “no cambia el proceso, siempre iba a ser así, antes de esto no íbamos a tomar plata”. El gobierno necesita emitir bonos por unos 11.000 millones de dólares para afrontar el acuerdo, un fuerte endeudamiento que la oposición busca limitar en el Congreso.

“Está claro que los inversores no van a salir a comprar un bono nuestro a sabiendas de que no es seguro que la Cámara de Apelaciones apruebe o no todo lo hecho hasta ahora”, sostuvo Caputo.

Argentina acordó con los fondos NML Capital, Aurelius y otros acreedores un pago de 4.653 millones de dólares en efectivo, con plazo máximo el 14 de abril. Para ello necesita derogar dos leyes que impiden el pago, condición que impuso el juez de Nueva York, Thomas Griesa, para levantar órdenes contra Argentina que le impiden pagar deuda restructurada en los canjes de 2005 y 2010 al que adhirió el 93% de los acreedores.