Un fallo pide la reducción de la deuda externa

Buenos Aires (ABA).- En un fallo sin precedentes en el mundo entero, el juez federal Jorge Ballestero, pidió al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Nación que investigue «la eventual responsabilidad política que pudiera corresponder a cada uno de los actores en los sucesos que provocaran el fenomenal endeudamiento externo argentino».

El principal acusado en la causa fue el ex ministro de la dictadura José Martínez de Hoz -que fue sobreseído en virtud de actuar la prescripción-, aunque también aparecen cuestionadas las gestiones económicas de los subsiguientes gobiernos democráticos, entre ellas la actuación de Domingo Cavallo como ministro de Economía y de José Luis Machinea como presidente del Banco Central. «Es un hecho que las características confusas y arbitrarias del endeudamiento condicionan desde los ochenta la economía argentina», señaló el juez.

Sin que nadie lo deseara, el tema de la deuda externa volvió al candelero, y amenaza con configurar un marco político turbulento. Mientras la cuestión resurgió en los encuentros internacionales, y el mismísimo Vaticano propuso «la revisión del tratamiento de la deuda externa de los países pobres», en la Argentina comenzará otro debate: a pedido de Ballestero, la Comisión Bicameral del Jubileo 2000, formada por diputados y senadores, deberá analizar el inédito fallo de casi 200 páginas e investigar las actuaciones de los responsables. Una de las obligaciones del Congreso es, justamente, la de «entender y decidir sobre la deuda externa».

Los orígenes

¿Qué sucederá con el fallo de Ballestero? Es difícil saberlo. En principio, la clase política y el establishment económico rehusan ahondar en la cuestión. Un vocero de Machinea le dijo a «Río Negro» que «la Argentina debe cumplir con los compromisos asumidos. Si esta línea de cuestionamientos a la deuda se profundiza, corremos el riesgo de aparecer como un país poco confiable ante los inversores internacionales». Entonces, gran parte de la suerte del debate correrá por cuenta de los legisladores.

Aunque hay quienes ya tomaron la posta: en la concentración de hoy de la CGT rebelde, Hugo Moyano pedirá que la resolución judicial sea tomada en cuenta por el gobierno.

La causa se inició en abril de 1982, cuando el abogado y periodista nacionalista Alejandro Olmos denunció a Martínez de Hoz por malversación de los fondos de la deuda externa. El trámite pasó por tres juzgados hasta caer en manos de Ballestero. Y en esos 18 años declararon, entre otros, el propio Martínez de Hoz, Machinea, Cavallo, Roberto Alemann, Enrique García Vázquez (ex presidente del Banco Central durante la gestión de Alfonsín) y otros importantes economistas y empresarios argentinos.

A pesar de que aún no tuvo repercusiones públicas, el fallo se dio a conocer el pasado 14 de julio. Un mes antes había muerto Olmos, que no alcanzó a ver los resultados de su denuncia reflejados en una sentencia. Allegados al abogado nacionalista, aunque están felices con la resolución, sospechan que el juez esperó que falleciera Olmos: «Ahora nadie va a apelar», dicen. Sin embargo, otros abogados, como Eric Calcagno y Héctor González Arzac, estudian la causa y están pensando en presentarse ante la Corte Suprema.

Incluso, un grupo de letrados está pensando en llevar la cuestión directamente a la Corte Internacional de La Haya, para que se tome una resolución planetaria.

La larga lista de irregularidades

El comienzo de las conclusiones del juez Ballestero es concluyente: «Ha quedado evidenciado en el trámite de la causa la manifiesta arbitrariedad con que se conducían los máximos responsables políticos y económicos» en el período 1976-1982. Aunque también cargó responsabilidades sobre las posteriores administraciones.

El juez concluyó: «no se tuvo reparos en incumplir la Carta Orgánica del Banco Central, se facilitó y promulgó la modificación de instrumentos legales a fin de prorrogar a favor de jueces extranjeros la jurisdicción de los tribunales nacionales; inexistentes resultaban los registros contables de la deuda externa; las empresas públicas, con el objeto de sostener una política económica, eran obligadas a endeudarse para obtener divisas que quedaban en el Banco Central, para luego ser volcadas al mercado de cambios; se ha advertido también la falta de control sobre la deuda contraída con avales del Estado por empresas del Estado».

Luego explicó: «todo ello se advirtió en no menos de 477 oportunidades», sobre todo en operaciones irregulares en préstamos externos concentrados por YPF. También señaló otra causante: «el endeudamiento del sector privado que se hizo a través del régimen del seguro de cambio». Históricamente, la revisión de la deuda fue una temática monopolizada por los sectores de izquierda del país. Ballestero, para diferenciarse de las discusiones ideológicas, le da a la resolución un «análisis científico» y habla de «peritajes lapidarios». Por eso, reclamó a los gobernantes: «tal vez ha llegado el momento de «reclamar condiciones más adecuadas para cumplir los compromisos» y «lograr una reducción de los costos financieros de la deuda».