Un hecho violento desencadenó una crisis en Desarrollo Social

Un hecho violento desencadenó una crisis en Desarrollo Social

Archivo

Una situación de violencia desatada días atrás cuando la madre de chicos alojados en el Centro de Atención Integral para Niños y Adolescentes (Caina) atacó a trabajadores, generó una crisis interna en la delegación del Ministerio de Desarrollo Social con cruces entre los trabajadores.

El clima complejo que se vive en el interior del organismo que funciona en el exhogar Gutiérrez motivó la intervención de la defensora del Pueblo, Andrea Galaverna, quien pidió a las autoridades la “inmediata intervención a fin de encausar la crisis en curso. En el pleno convencimiento que la violencia es un síntoma social e institucional que debe ser abordado con premura, a fin de evitar males mayores, o vulneraciones de derechos”, indicó.

Según la Defensoría, en Desarrollo Social se produjeron hechos que “merecen ser atendidos con suma urgencia por las autoridades debido a la gravedad que acusan” y recordó que se trata de personal que tiene entre sus funciones la de restituir y proteger derechos de niñas, niños y adolescentes y sus familias.

La defensora indicó que los trabajadores denuncian la “deslegitimación de sus acciones profesionales, intervenciones que muchas veces llevan años de trabajo diagnóstico y elaboración de estrategias adecuadas para intervenir”. Esa situación también fue plasmada por el gremio ATE que se declaró en estado de “alerta y movilización” y volvió a denunciar persecución laboral.

Sin embargo, otro grupo de trabajadores señalaron a través de un comunicado de prensa, su disconformidad con las acusaciones vertidas por ATE y negaron la existencia de persecución. “No cabe escudarse en excusas falaces para no asumir la responsabilidad que implica nuestro trabajo, el que aceptamos libremente”, indicaron al referirse a la potencial retención de servicios del sector agremiado al sindicato estatal.

Para este sector de los trabajadores del área -que rechaza un pedido de renuncia al delegado Juan José Deco- “existen intereses políticos o sindicales que imponen a compañeros no prestar sus tareas en debida forma o que recriminan abiertamente a aquellos que decidimos seguir trabajando y dar un plus en función de las tareas sensibles que realizamos”.

ATE apuntó a la “violencia institucional ejercida por nuestras autoridades” y enumeró la falta de respaldo, la “desacreditación de las evaluaciones técnicas”, la “violación de los criterios de los equipos técnicos profesionales” y el “manejo arbitrario de los recursos disponibles”, entre otros puntos.

También dio su versión el delegado, Juan José Deco, quien señaló que “no es cierto que existan situaciones cotidianas de violencia hacia trabajadores o hacia la institución” y enfatizó que “los directivos del organismo respaldamos y confiamos en los criterios técnicos de nuestros trabajadores”.

La defensora del Pueblo consideró que “el malestar existente, las carencias de distinto orden que padecen en el desempeño de su labor, sin dudas impactan de modo negativo en la población mas vulnerable” que demanda políticas públicas.