Un pacto roto
Ya se han ido los tiempos en que el gobierno kirchnerista se aliaba con grupos piqueteros por suponer que la “protesta social” lo ayudaría a mantener intimidados a sectores de la clase media urbana. No volverán. Frente a la proliferación de cortes callejeros protagonizados por sindicalistas y ciertos políticos de la izquierda dura como el diputado nacional Néstor Pitrola, los kirchneristas han decidido que sería mejor reprimirlos antes de que la situación les resulte inmanejable. Lo preveía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando, al inaugurar en marzo las sesiones ordinarias del Congreso, sorprendió a muchos afirmándose a favor de una ley para domesticar a los piqueteros. El secretario de Seguridad Sergio Berni quiere que los legisladores produzcan una lo antes posible; dice que hay que “tomar el toro por las astas” para frenar a “los profesionales del disturbio” que están aprovechando la grave situación económica para provocar desmanes. Dadas las circunstancias, puede entenderse el nerviosismo que se ha apoderado de Berni y otros funcionarios. Al profundizarse la recesión se han multiplicado los despidos y las suspensiones en sectores tan sensibles como el automotor, lo que, como es natural, motiva la ira de los perjudicados y la solidaridad interesada de agrupaciones de izquierda. El gobierno teme que en las próximas semanas sean cada vez más los enfrentamientos y que en cualquier momento haya muertes atribuibles a la brutalidad policial que, como siempre sucede, brindarían a los activistas pretextos para organizar manifestaciones de repudio en escala mayor. Desde el punto de vista del gobierno, la alternativa, reivindicada durante años por el kirchnerismo, de tolerar todas las protestas sociales sin cuestionar su eventual legitimidad podría resultar igualmente peligrosa, ya que buena parte de la ciudadanía está harta de vivir en medio del caos. Por razones comprensibles, preferiría que rigieran normas destinadas a asegurar la convivencia civilizada a tener que participar involuntariamente, como rehén, de conflictos que le son ajenos. El problema planteado por la necesidad de conciliar los derechos de los manifestantes con los de los demás no es nada sencillo; en los últimos años el país se acostumbró a un grado de tolerancia que sería inconcebible en otros de tradiciones democráticas un tanto más firmes que las nuestras. Como resultado, se han hecho rutinarios los cortes de ruta, de los que el que más dificultades ocasionó fue el que durante años mantuvo cerrado, con el apoyo entusiasta del entonces presidente Néstor Kirchner, un puente que conecta Argentina con Uruguay. Si bien fue de prever que tarde o temprano el gobierno de Cristina tendría que intervenir para restaurar el equilibrio entre dos derechos incompatibles, optó por esperar hasta iniciarse una recesión que amenaza con producir una ola creciente de despidos. Por lo demás, la conflictividad laboral hará aún más difícil una eventual recuperación al asustar a los inversores en potencia, detalle éste que el gobierno kirchnerista pasó por alto cuando se creía capaz de manipular a los “luchadores sociales” para transformarlos en militantes oficialistas, de ahí el protagonismo esporádico de personajes tan polémicos como el piquetero Luis D’Elía. El peronismo se ha visto beneficiado por la convicción difundida de que ningún otro movimiento estaría en condiciones de inmovilizar a los obreros, pero parecería que la rama sindical, dividida entre kirchneristas tibios y “disidentes” opositores como el camionero Hugo Moyano, ya ha dejado de cumplir dicha función. Para aferrarse a cargos que en algunos casos son vitalicios, los jefes gremiales peronistas tienen que defenderse contra las embestidas de aquellos a quienes Berni llama “los profesionales del disturbio”, izquierdistas habituados a pescar en ríos revueltos. Para ellos la situación en que se encuentra el país luego de la “década ganada” no podría ser más promisoria. Saben que los despidos y las suspensiones que se prevén les proporcionarán oportunidades para poner contra las cuerdas a los “burócratas” del sindicalismo peronista que, por su parte, se sentirán tentados a alejarse de un gobierno que se va y que, por falta de fondos, ya no puede darles motivos concretos para seguir siéndole leales.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.124.965 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Viernes 11 de julio de 2014
Ya se han ido los tiempos en que el gobierno kirchnerista se aliaba con grupos piqueteros por suponer que la “protesta social” lo ayudaría a mantener intimidados a sectores de la clase media urbana. No volverán. Frente a la proliferación de cortes callejeros protagonizados por sindicalistas y ciertos políticos de la izquierda dura como el diputado nacional Néstor Pitrola, los kirchneristas han decidido que sería mejor reprimirlos antes de que la situación les resulte inmanejable. Lo preveía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando, al inaugurar en marzo las sesiones ordinarias del Congreso, sorprendió a muchos afirmándose a favor de una ley para domesticar a los piqueteros. El secretario de Seguridad Sergio Berni quiere que los legisladores produzcan una lo antes posible; dice que hay que “tomar el toro por las astas” para frenar a “los profesionales del disturbio” que están aprovechando la grave situación económica para provocar desmanes. Dadas las circunstancias, puede entenderse el nerviosismo que se ha apoderado de Berni y otros funcionarios. Al profundizarse la recesión se han multiplicado los despidos y las suspensiones en sectores tan sensibles como el automotor, lo que, como es natural, motiva la ira de los perjudicados y la solidaridad interesada de agrupaciones de izquierda. El gobierno teme que en las próximas semanas sean cada vez más los enfrentamientos y que en cualquier momento haya muertes atribuibles a la brutalidad policial que, como siempre sucede, brindarían a los activistas pretextos para organizar manifestaciones de repudio en escala mayor. Desde el punto de vista del gobierno, la alternativa, reivindicada durante años por el kirchnerismo, de tolerar todas las protestas sociales sin cuestionar su eventual legitimidad podría resultar igualmente peligrosa, ya que buena parte de la ciudadanía está harta de vivir en medio del caos. Por razones comprensibles, preferiría que rigieran normas destinadas a asegurar la convivencia civilizada a tener que participar involuntariamente, como rehén, de conflictos que le son ajenos. El problema planteado por la necesidad de conciliar los derechos de los manifestantes con los de los demás no es nada sencillo; en los últimos años el país se acostumbró a un grado de tolerancia que sería inconcebible en otros de tradiciones democráticas un tanto más firmes que las nuestras. Como resultado, se han hecho rutinarios los cortes de ruta, de los que el que más dificultades ocasionó fue el que durante años mantuvo cerrado, con el apoyo entusiasta del entonces presidente Néstor Kirchner, un puente que conecta Argentina con Uruguay. Si bien fue de prever que tarde o temprano el gobierno de Cristina tendría que intervenir para restaurar el equilibrio entre dos derechos incompatibles, optó por esperar hasta iniciarse una recesión que amenaza con producir una ola creciente de despidos. Por lo demás, la conflictividad laboral hará aún más difícil una eventual recuperación al asustar a los inversores en potencia, detalle éste que el gobierno kirchnerista pasó por alto cuando se creía capaz de manipular a los “luchadores sociales” para transformarlos en militantes oficialistas, de ahí el protagonismo esporádico de personajes tan polémicos como el piquetero Luis D’Elía. El peronismo se ha visto beneficiado por la convicción difundida de que ningún otro movimiento estaría en condiciones de inmovilizar a los obreros, pero parecería que la rama sindical, dividida entre kirchneristas tibios y “disidentes” opositores como el camionero Hugo Moyano, ya ha dejado de cumplir dicha función. Para aferrarse a cargos que en algunos casos son vitalicios, los jefes gremiales peronistas tienen que defenderse contra las embestidas de aquellos a quienes Berni llama “los profesionales del disturbio”, izquierdistas habituados a pescar en ríos revueltos. Para ellos la situación en que se encuentra el país luego de la “década ganada” no podría ser más promisoria. Saben que los despidos y las suspensiones que se prevén les proporcionarán oportunidades para poner contra las cuerdas a los “burócratas” del sindicalismo peronista que, por su parte, se sentirán tentados a alejarse de un gobierno que se va y que, por falta de fondos, ya no puede darles motivos concretos para seguir siéndole leales.
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