Un submundo violento
Es posible que, como afirma el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, el asesinato del tesorero del gremio de los Obreros de Maestranza, Roberto Roger Rodríguez, fuera sólo “un hecho de naturaleza policial y delictiva” lamentable, pero aun cuando se haya tratado de un crimen motivado por factores totalmente ajenos a la actividad profesional de la víctima, seguirá provocando repercusiones políticas. Que éste sea el caso es lógico. Como es notorio desde hace más de medio siglo, muchos dirigentes del sindicalismo peronista se mueven en un ámbito que está a media distancia entre la defensa de lo que toman por los intereses de los trabajadores y el delito común, de suerte que es normal que cuando uno muere asesinado los investigadores barajen distintas hipótesis, preguntándose si habrá sido víctima de una extorsión o robo, de un ajuste de cuentas o de algo vinculado con la interna sindical. Así, pues, se ha conjeturado que Rodríguez pudo haber sido “ajusticiado” por sicarios porque, como encargado de la obra social de su gremio, tuvo que ver con la tristemente célebre mafia de los medicamentos, mientras que el gobierno, consciente de que no le convendría en absoluto que el asunto se relacionara con un tema que debería de preocuparlo mucho, no oculta su esperanza de que el crimen haya sido la consecuencia de una disputa entre la hija del sindicalista muerto y un ex presidiario, eventualidad que, desde luego, no ayudaría a mejorar la reputación de quienes viven en el submundo sindical. Así pues, aun cuando resultara acertada la versión reivindicada por Tomada, al gobierno no le será dado tranquilizar a los alarmados por la creciente violencia sindical. Pocos días transcurren sin que haya tiroteos entre bandas enfrentadas o sin que personajes vinculados con el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, protagonicen episodios que hacen recordar los conflictos de los años que precedieron al golpe militar de 1976. Últimamente activistas sindicales vinculados con Moyano se han acostumbrados a bloquear la distribución de diarios y revistas considerados hostiles al gobierno so pretexto de que los conductores de todos los vehículos que se usan deberían afiliarse al sindicato de camioneros, haciendo caso omiso de la orden de un juez civil que señaló que es anticonstitucional cercenar así libertades fundamentales, entre ellas la de informar y opinar. Puesto que los bloqueos suelen producirse toda vez que estalla un nuevo escándalo protagonizado por sindicalistas, no convencen del todo los intentos de Moyano y sus aliados por justificarlos. Por lo demás, merced en buena medida a la voluntad del gobierno kirchnerista de asegurarse el apoyo de la mayor parte del sindicalismo peronista, hay muchísimo dinero en juego que nadie, salvo los jefes sindicales mismos, se anima a controlar. Según la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, la obra social del sindicato de Rodríguez, como tantos otros, incluyendo a camioneros, presentaba rutinariamente comprobantes falsos que le permitían conseguir subsidios cuantiosos. Con escasas excepciones, los dirigentes opositores juran que, en cuanto tengan el poder para ello, harán lo necesario para cambiar el sistema sindical congénitamente corrupto imperante en que jefes vitalicios multimillonarios se han habituado a mofarse de los derechos ajenos. Es probable que también la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quisiera impedir que sindicalistas como Moyano continuaran acumulando más poder y dinero, pero por motivos evidentes no estará preparada para arriesgarse enfrentándolos en un año electoral a menos que llegue a la conclusión de que la alianza del gobierno con personajes como el camionero podría resultarle contraproducente. Puesto que Moyano parece entender que no sería de su interés brindar la impresión de estar dispuesto a subordinar sus propias prioridades a las del gobierno kirchnerista, existe el peligro de que, al reanudarse en marzo las negociaciones salariales con los sindicatos principales, estalle una multitud de conflictos que no beneficiarían en absoluto a la presidenta, lo que la obligaría a optar entre tratar de apaciguarlos dándoles lo que pidan por un lado y, por el otro, asumir una postura encaminada a enseñarles que, no obstante las apariencias, Moyano no es la persona más poderosa del país.
