Una causa judicial empantanada

Redacción

Por Redacción

ZAPALA (AZ).- La causa judicial que investiga el presunto delito de contaminación se encuentra empantanada desde hace un año. El motivo es la falta de concreción de un estudio del agua de la chacra del productor Horacio Julián. Esta herramienta, considerada eje central de la demanda, permitiría corroborar si existe riesgo para la salud o no. La medida fue solicitada por el fiscal Marcelo Jofré y obtuvo luz verde de parte del ex juez de instrucción, Oscar Domínguez pero nunca se realizó por su alto costo. “Ya no sé que pensar, el estudio debería ser financiado por el TSJ pero como hay un Sapag involucrado parece que no tienen voluntad de seguir adelante con la causa”, disparó Julián, en diálogo con “Río Negro”. Además sostuvo que “tengo miedo que la causa prescriba y que todo quede en la nada”. Julián, con el patrocinio del abogado Mariano Gambazza, demandó al municipio por 2,6 millones de pesos en el 2008 por no realizar las obras de saneamiento. Subsidiariamente acusó a Elías “Gringo” Sapag por el delito de “contaminación”. Recientemente, una decisión de la jueza Ivonne San Martín deslindó responsabilidad del EPAS en la ejecución de la planta de tratamiento y volvió a poner en foco sobre el rol del municipio.


ZAPALA (AZ).- La causa judicial que investiga el presunto delito de contaminación se encuentra empantanada desde hace un año. El motivo es la falta de concreción de un estudio del agua de la chacra del productor Horacio Julián. Esta herramienta, considerada eje central de la demanda, permitiría corroborar si existe riesgo para la salud o no. La medida fue solicitada por el fiscal Marcelo Jofré y obtuvo luz verde de parte del ex juez de instrucción, Oscar Domínguez pero nunca se realizó por su alto costo. “Ya no sé que pensar, el estudio debería ser financiado por el TSJ pero como hay un Sapag involucrado parece que no tienen voluntad de seguir adelante con la causa”, disparó Julián, en diálogo con “Río Negro”. Además sostuvo que “tengo miedo que la causa prescriba y que todo quede en la nada”. Julián, con el patrocinio del abogado Mariano Gambazza, demandó al municipio por 2,6 millones de pesos en el 2008 por no realizar las obras de saneamiento. Subsidiariamente acusó a Elías “Gringo” Sapag por el delito de “contaminación”. Recientemente, una decisión de la jueza Ivonne San Martín deslindó responsabilidad del EPAS en la ejecución de la planta de tratamiento y volvió a poner en foco sobre el rol del municipio.

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