Una cuestión de principios
El secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, declaró días atrás en Neuquén que le sorprendía que el “Río Negro” hubiera “incurrido en priorizar los intereses económicos”, al referirse al amparo presentado por este diario contra la vigencia del decreto 936/2011, que prohíbe los avisos de oferta sexual. Para el funcionario, la medida “contradice toda la línea que ha tenido ‘Río Negro’ como defensor de los derechos humanos”. Que un funcionario pretenda bajar el nivel de confrontación, reduciéndolo a una disputa menor sobre dinero, sería explicable ante la falta de otros argumentos que puedan intentar defender mejor la medida cuestionada. No en el caso de Parrilli, un hombre que ha convivido durante décadas en la región, que ha compartido de alguna manera la conducta del diario frente a las represalias que los gobiernos provinciales y nacional han ejercido en reiteradas oportunidades contra su política independiente –como la privación durante años de la publicidad oficial del Neuquén– y que sabe que en toda su existencia no ha habido un solo caso en que se le pueda imputar al “Río Negro” haber privilegiado su interés sobre su convicción y su conducta. Es probable que Parrilli sí haya cambiado porque convive diariamente con el “fondo de reptiles” con que desde el gobierno se alimenta a la prensa adicta. Sumas siderales son destinadas desde el gobierno nacional y la mayoría de los provinciales a sostener medios de prensa, programas de televisión y periodistas convertidos en meros propagandistas del régimen. Si hay una forma fácil de enriquecerse, qué duda cabe que es al calor del oficialismo. El tema de la oferta sexual pública merece sin duda una discusión con mejor nivel. No es un problema reducido al país, sino que se da en la mayor parte del mundo moderno. Quienes postulan su supresión, lo hacen con fundamentos que probablemente entienden éticos y morales, aunque desde nuestro punto de vista, equivocados. Omiten considerar una cuestión esencial: la que se refiere a la libertad individual. Nadie tiene derecho a discriminar a quienes practican una opción personal, impidiéndoles ejercer un derecho lícito que cualquier otra persona utiliza sin limitación alguna, en este caso publicitar su actividad. No es compatible con una sociedad democrática que haya dos clases de ciudadanos, separados por razón de su profesión, y cuesta comprender cómo personas bien intencionadas y de clara militancia contra discriminaciones como las que en el pasado existieron con la prostitución o la homosexualidad, acepten sin reparos restricciones que se inscriben en la misma línea represiva. Quienes se oponen a la oferta sexual arguyen que favorece el proxenetismo y la trata de personas. Es posible que puedan encontrarse casos en que así ocurra. “Río Negro” ha extremado los recaudos para evitarlo, pero no puede asegurar que ello no pueda ocurrir. No obstante, el sistema le otorga a la actividad transparencia, permite mucho más control y es infinitamente preferible a la clandestinidad, que esconde la basura debajo de la alfombra y favorece a quienes de esa manera se tornan indispensables para obtener clientes. En cualquier publicidad puede esconderse un acto ilícito. No se puede asegurar que en los avisos de venta de automotores no haya oferta de vehículos o repuestos robados. Pero suprimirlos por esa razón sería “tirar el bebé junto con el agua sucia”, como suelen decir los alemanes. El recurso plantea también una cuestión de ilegalidad del decreto, su inconstitucionalidad y la invasión de una jurisdicción que le está vedada al gobierno federal. Para algunas personas, importa poco la procedencia de los medios, frente a la coincidencia con sus fines. Algo así sostuvieron los militares en la lucha contra las bandas armadas con los resultados trágicos que hoy resultan evidentes. Los fines y los medios deben ser adecuados y enmarcados en los límites de la ley. Así de sencillo. “Río Negro” ha publicado durante años los avisos que hoy son motivo de controversia y que representan, dicho sea de paso, una parte insignificante de sus ingresos. No lo ha hecho de casualidad ni por negligencia, sino con plena conciencia de su legitimidad. Ha defendido en el pasado su postura frente a quienes, desde el sector privado, la han objetado y lo han hecho público desde este mismo medio. Recurrir ante la Justicia era no solamente un derecho sino también un deber de congruencia con su decisión y su conducta.
