Una política tarifaria suspendida

Exceptuando alguna coincidencia, no podríamos afirmar que exista una política energética. Aunque su ausencia sea una definición política en sí misma.




En mayo hubo cortes de gas a industrias y a estaciones de GNC. (Foto: archivo)

En mayo hubo cortes de gas a industrias y a estaciones de GNC. (Foto: archivo)

Por Rubén Etcheverry (*)

La política tarifaria suele definirse como los principios, objetivos, y restricciones que influencian la gestión de los servicios públicos. Las orientaciones que le damos a las actividades, normas y procedimientos que implementamos para ir hacia ese lugar deseado o pretendido. Un rumbo. Obvio: en consistencia con una política macro-económica. Demasiada exigencia en nuestro país. Si existe, al menos no ha sido explicitada o fue reemplazada por una política electoral.

Rasgos Distintivos y Aspectos Conceptuales Relativos a Tarifas

Según los especialistas(1) las características que debe asegurar una política tarifaria son: sostenibilidad ambiental, económica y financiera, (la recuperación de costos -operativos y de capital, incluyendo costos de oportunidad por parte del prestador-, en un período minimizando su impacto sobre el ambiente); eficiencia (producir un bien o prestar un servicio al menor costo) y equidad (en dos dimensiones: la horizontal -trato igual a los iguales-, la cual requiere cobrar tarifas conmensurables a usuarios comparables, en tanto la noción de equidad vertical -trato desigual a los desiguales- se vincula con hacer asequible el servicio a las personas de menos recursos. La búsqueda de equidad vertical contempla el uso de subsidios cruzados o directos para conseguir objetivos redistributivos. Lo cual significa prestar el servicio aun cuando la capacidad de pago de aquellos quede por debajo de su costo de provisión.

A estos atributos esperables del diseño tarifario se suelen agregar requisitos de transparencia que favorecen la aceptación pública y la comprensión de las facturas por los usuarios. Recordando siempre que simplicidad y honradez favorecen la aceptación pública.

Simplicidad, que implica mejorar la aceptación pública del esquema tarifario, que este sea fácil de entender, implementar y explicar. Una buena tarifa no debe de ser ambigua en su interpretación y debe ser fácilmente comprensible por los clientes en términos de las intenciones y el propósito que persigue. Deben ser claros los conceptos fijos y variables y estar bien explicados los cargos extraordinarios. Los clientes deben poder rearmar el cálculo de su factura. Las cuentas deben ser inteligibles e informativas.

Objetivos Sustantivos Deseables:

1) Minimización de controversias: lo cual requiere resolver potenciales ambigüedades y anticipar conflictos.

2) Estabilidad en el tiempo: le da a la empresa (prestador público o privado) un horizonte estable para planificar la sustentabilidad y a los clientes les facilita el cálculo de su presupuesto doméstico.

3) Imparcialidad en la asignación de costos totales (relación con la equidad horizontal).

4) Evitar una arbitraria discriminación de precios: lo que se vincula con criterios razonables para conseguir objetivos de equidad vertical.

Podríamos extendernos en esquemas de tarifas (plana, fija, variable, low-cost, política, pública, especial, general, social) y en tipos de subsidios (directos, cruzados, universales, focalizados, dirigidos, implícitos, visibles) pero excede al planteo que se pretende exponer. Podemos enumerar los criterios esenciales para diseñar una estructura tarifaria: Practicidad, incluyendo los atributos de simplicidad, inteligibilidad, viabilidad de aplicación (factible de abonar), Efectividad en alcanzar la meta de ingreso para obtener un retorno justo y razonable, Estabilidad en los ingresos del prestador año a año, Equilibrio de las tarifas tratando de evitar cambios inesperados, Equidad entre los diferentes grupos de usuarios, guardando relación con sus respectivas participaciones en los costos totales del servicio, Evitar discriminación excesiva entre usuarios, Aliento de prácticas eficientes de consumo, desincentivando el despilfarro y permitiendo todos los tipos y cantidades de usos justificados (como consumos punta y no punta).

Interrupción

Hoy podemos afirmar que tanto la política tarifaria cómo sus regulaciones se encuentran suspendidas. En parte por lo expresado en el artículo anterior y en contraposición de la reciente pronunciación del presidente Alberto Fernández en las antípodas a lo que entendemos como tal: “Hemos fijado un aumento de las tarifas de 9% y punto”.

Consecuencias

Como observamos, salvo alguna coincidencia no podríamos afirmar que exista una política energética. Aunque la ausencia de la misma sea una definición política en sí misma.

“Uno puede hacer lo que quiere, salvo evitar las consecuencias”. Las postergaciones de inversiones provocan que los sistemas se degraden y deterioren y la escasa señal de precios acaba en cortes de suministro. Experimentamos que los incrementos de costos resulten aún mayores y terminan bruscamente colándose por la ventana.

Las demoras, incongruencias e indefiniciones nos han llevado a una situación análoga a la falta de camas de internación y oxígeno por el Covid. Esta semana de mayo ya hemos tenido que elegir a quien cortamos o no el suministro de gas natural. Industrias y estaciones de GNC lo han sufrido. Y nos encontramos muy lejos culturalmente donde voluntariamente los usuarios domésticos ofrecen restringir su consumo para que no se detengan las industrias.

Inconcebible en el país de Vaca Muerta, aunque descifrable por esta ausencia de política tarifaria.

Nos queda como tarea imprescindible para evitar el colapso: acordar qué costos deben cubrirse con la tarifa, quién y cómo deben cubrirse, formas de indexación acorde a una inflación del 5% mensual, qué incentivos aplicar, cómo medir los desempeños, qué tecnología vamos a exigir (telemetría, smart grids, smart meters), o cómo brindar señales, comunicación y educación para hacer efectiva la eficiencia energética. Un vasto, respetuoso y austero camino por delante para lograr una exitosa política tarifaria.

 (*) A. Rubén Etcheverry, Ingeniero ex Secretario de Energía de Neuquén  

(1) Gustavo Ferro Emilio Lentini, Políticas tarifarias para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio


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