Una pulseada con muchas manos

La paritaria de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con representantes empresarios no dependerá sólo del arbitraje, sino del protagonismo de la Casa Rosada.



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LA SEMANA ECONÓMICA

Cuando está por arrancar la paritaria de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), todo indica que las negociaciones salariales en este año electoral se diferenciarán bastante de los anteriores: hay muchos intereses contrapuestos y la clásica pulseada entre representantes empresarios y trabajadores no dependerá sólo del arbitraje, sino del protagonismo de la Casa Rosada. Una prueba de ello es que la CGT oficialista, encabezada precisamente por el titular del gremio metalúrgico, Antonio Caló, ya tuvo su primer traspié la semana anterior cuando el ministro de Economía, Axel Kicillof suspendió un almuerzo donde el tema central iba a ser la política salarial para 2015. No hubo explicaciones oficiales, pero a los sindicalistas les quedó claro que Kicillof no tenía respuestas para su principal reclamo: que el gobierno de Cristina Kirchner colabore con el reajuste del mínimo no imponible (y las escalas) del Impuesto a las Ganancias, para que los futuros aumentos mejoren el poder adquisitivo de los sueldos sin que la AFIP se quede con buena parte, como ocurrió el año pasado. Esta decisión es privativa de la Presidenta desde que en 2011 la mayoría oficialista en el Congreso le delegó la facultad de bajar impuestos y el piso salarial de Ganancias que no se ajusta desde poco antes de las elecciones legislativas de 2013. Vale recordar que entonces se estableció una deducción especial que dejó fuera del gravamen a los trabajadores con sueldos brutos de hasta $15.000 mensuales y de hasta $ 25.000 en las provincias patagónicas; pero se mantuvieron las escalas de deducciones -que no se modifican desde hace más de quince años- con lo cual quienes quedaron alcanzados pagan mucho más impuesto. Aunque no es para nada descartable que CFK decida una medida similar antes de las elecciones de octubre, en otro intento de estimular el voto a favor de quien surja como candidato presidencial de la recalentada interna del oficialismo, la duda es cuándo lo haría. Las paritarias en los principales gremios del sector privado deben cerrarse seis meses antes de esa fecha. También se descuenta que el oficialismo buscará arrebatarle a Sergio Massa la bandera de indexar el mínimo no imponible de Ganancias. De ahí que el “timing” sea un factor clave, cuando faltan poco menos de cinco meses para las PASO nacionales y la actual indefinición inquieta tanto a sindicalistas como a empresarios. Por lo pronto, la Presidenta sólo optó mejorar el ingreso de bolsillo de un segmento de votantes (no asalariados ni sindicalizados) más afín al oficialismo, cuando anunció el jueves la suba de 50% (a $900 mensuales) en el Plan Progresar. Desde el ángulo económico, la pulseada salarial tiene como telón de fondo otros dos problemas con una misma raíz. Uno, la enorme brecha (más de 12 puntos porcentuales) entre las mediciones de inflación en 2014. Para el Indec subió sólo 23,9%, mientras la mayoría de estimaciones privadas la ubican en un rango de 36/37%. De ahí que el gobierno sostenga que el año pasado -cuando las paritarias cerraron en torno de 30%- hubo una recuperación del salario real (un argumento ciertamente inverosímil, si se tiene en cuenta que el consumo interno se contrajo por primera vez en los 12 años de la era K) y que la consultora Ecolatina calcule que el salario real del sector privado formal cayó más de 5%. El otro problema irresuelto es si las próximas negociaciones salariales tendrán como base la inflación pasada o la inflación futura. Para el 2015, el gobierno de CFK calcula un poco creíble 15% y las proyecciones privadas la ubican más cerca del 30% (que del 40% como el año pasado). Pero un ajuste salarial del 30% implicaría no recuperar la pérdida de poder adquisitivo producida en 2014, por más que la inflación se haya desacelerado en los últimos meses y (si bien equivale hoy al 25% anualizada), no hay certezas de que pueda sostenerse hasta fin de 2015. En este marco, el argumento de muchos sectores empresarios es que no tienen margen para subir salarios 30% sin trasladar parte a precios (o perder competitividad en el caso de los exportadores, con un dólar oficial que sube mucho menos que la inflación) y exponerse a reacciones oficiales. No obstante, también advierten que, a diferencia de otros años, el propio gobierno de CFK incentiva aumentos mayores para mejorar el clima preelectoral, como lo demostró al fijar un piso cercano al 30% en la paritaria nacional docente y admitir en algunas jurisdicciones aumentos de entre 34 y 35%. Esta vara más alta complica las negociaciones en el sector privado, donde la paritaria de la UOM suele ser un caso testigo, como ocurre con los docentes para el sector público. Hasta que se frustró el encuentro con Kicillof, los gremios que integran la CGT oficialista habían aceptado tácitamente un piso de 30%, aunque dando por descontado que el gobierno lo reforzaría con cambios en Ganancias y asignaciones familiares. En cambio, los sindicatos del transporte -alineados mayormente con la CGT opositora de Hugo Moyano- anunciaron anticipadamente una huelga para el 31 de marzo para presionar por la suba del mínimo no imponible antes de discutir salarios, que ratificaron ahora ante la ausencia de respuestas oficiales. En medio de esta otra pulseada sobre qué debería resolverse primero, Caló volvió a quedar descolocado. Como titular de la CGT, sólo logró en diciembre el transitorio alivio de que el medio aguinaldo quedara exento de Ganancias y sigue esperando respuestas sobre el mínimo no imponible. De ahí que algunos gremios oficialistas dejaran trascender que apoyarían la candidatura de Scioli, en un implícito desafío a la Casa Rosada. Mientras tanto, la UOM pidió un 32% de aumento salarial que, según algunas cámaras del sector, sólo sería posible con las aún inciertas mejoras en Ganancias y asignaciones familiares. Pero no alcanza a ocultar el traspié de abril de 2014, cuando cerró la paritaria con un ajuste salarial de 29,4% fraccionado en dos tramos, que luego lo obligó a negociar dos pagos extra de 1000 pesos en enero y febrero de este año como adelanto hasta la nueva paritaria. Aún así, ese paliativo resultó exiguo frente a los bonos compensatorios por cifras entre cuatro y seis veces más altas que lograron en diciembre otros gremios (petroleros, pilotos de Aerolíneas, bancarios, camioneros y Luz y Fuerza), en algunos casos a cuenta de paritarias. Mientras se dilucidan estas incógnitas, el gobierno podría echar mano a un nuevo ajuste de las asignaciones familiares, donde los trabajadores que más ganan menos cobran. Por caso, la asignación por hijo asciende a $644 pesos mensuales para los grupos familiares que perciben un ingreso de hasta $ 5800 y se reduce a $132 para los que superan los $9800 por mes. De ahí que en muchos gremios este refuerzo de ingresos haya perdido relevancia. También queda por ver qué efectos tendría el objetivo político de CFK de poner más plata en los bolsillos de los votantes para estimular artificialmente un mejor clima económico preelectoral. Aquí el riesgo es que el impulso a una mayor demanda interna no sea acompañada por la oferta de bienes (afectada, además, por las restricciones a las importaciones) y vuelva a recalentar el proceso inflacionario. Tal vez, después de las elecciones.

Néstor O. Scibona


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