Una sensación de impunidad

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Es posible que el juez Norberto Oyarbide haya optado por excarcelar al sindicalista Gerónimo Venegas bajo una fianza de medio millón de pesos por motivos que son netamente jurídicos, pero a esta altura muy pocos lo creerán. La impresión generalizada, compartida por los compañeros sindicales de Venegas y por políticos opositores convencidos de que tanto él como muchos otros merecen estar entre rejas, es que la decisión de liberarlo se debió por completo a la airada reacción de la CGT, cuyos jefes no titubearon en cerrar filas en defensa del líder de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, organizando marchas de protesta y cortes de ruta en muchas partes del país, por entender que, como dijo el propio Venegas, “estamos todos en la mira” porque la Justicia “va por todo el movimiento obrero”. Sería bueno que el ruralista estuviera en lo cierto, que finalmente la Justicia hubiera decidido investigar en serio la corrupción enquistada desde hace tantas décadas en el sindicalismo peronista que los beneficiados la suponen un derecho adquirido que no tienen ninguna intención de perder, pero por motivos políticos sorprendería que estuviéramos en vísperas de una campaña tardía encaminada a desmantelar un sistema que a través de los años ha perjudicado enormemente a la clase obrera nacional. Si los sindicalistas no tuvieran nada que ocultar, no se sentirían del todo preocupados por la presunta voluntad de Oyarbide u otros jueces de ordenar el allanamiento de un centenar de obras sociales supuestamente vinculadas con “la mafia de los medicamentos” –por el contrario, colaborarían con la Justicia–, pero sucede que ni siquiera se dan el trabajo de tratar de hacer pensar que confían en que una investigación ecuánime serviría para eliminar las muchas sospechas en su contra. Antes bien, se limitan a enviar al resto de la sociedad un mensaje muy claro: “Nos sentimos por encima de la ley y no vacilaremos en hacer cuanto resulte necesario para intimidar a cualquier juez o político que fantasee con obligarnos a respetarla”. Parecería que desde el punto de vista de los jefes vitalicios de lo que llaman el movimiento obrero, la mafia de marras es una “conquista social” no negociable que están resueltos a defender por los medios que fueran, pretensión ésta que avalan aquellos afiliados que participaron en las manifestaciones callejeras. Para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la campaña del sindicalismo peronista contra el juez Oyarbide –el que, mal que bien, por ahora cuando menos representa la Justicia–, es sin duda motivo de honda preocupación. Con razón o sin ella, tanto Venegas como los demás sindicalistas creen que Oyarbide actuó por orden del gobierno. Aunque los kirchneristas no pueden sino entender que la imagen de la cúpula sindical es sumamente antipática, de suerte que oponérsele abiertamente podría resultarles políticamente provechoso, también son conscientes de los riesgos. Antes de la detención de Venegas, funcionarios del gobierno habían denunciado a la Uatre por encubrir el “trabajo esclavo” en el campo, pero es una cosa atacar a un jefe gremial determinado por su presunta indiferencia hacia el destino de los “esclavos” y otra muy distinta verse acusados de hacerlo por un tema, el de la mafia de los medicamentos, en que están involucrados muchos sindicalistas supuestamente oficialistas. El gobierno, pues, se encuentra en una posición muy incómoda. Sus estrategas saben que enfrentarse con la CGT lo expondría al peligro de ver al país convulsionado por paros salvajes que los instigadores atribuirían no a su voluntad de apretar a los jueces sino a los problemas laborales que, es innecesario decirlo, abundan en todos los sectores económicos. Por ser cuestión de un año electoral, el gobierno estará comparando las eventuales ventajas políticas de romper la alianza de Cristina con el jefe de la CGT, el camionero Hugo Moyano, con los costos que le supondría brindar a los dirigentes sindicales un pretexto para aprovechar las paritarias para advertirles que, a menos que les asegure la protección que buscan, se pondrían a reclamar aumentos salariales decididamente mayores que los previstos, provocando así el peligro de un estallido inflacionario que podría modificar drásticamente el panorama político nacional.