Vagas respuestas sobre la atención de liberados

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Fuera de la cárcel los internos deben recibir acompañamiento del Instituto, que no logra detallar sus cuentas.

VIEDMA (AV).- El Estado rionegrino dice tener bajo supervisión a 626 personas dentro del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL), pero rehúsa dar información sobre cómo maneja los fondos, en qué condiciones se encuentran los beneficiarios y los resultados de la contención y las prestaciones que se les deben brindar para su reinserción en la sociedad. En más de una oportunidad, la oposición legislativa buscó indagar sobre el funcionamiento apelando a la presentación de pedidos de informes. Recién en los últimos días consiguió respuestas parciales a sus requisitorias. La exigencia elevada por legisladores de los bloques Redes, ARI, Sur y Foro Rionegrino planteó en septiembre del año pasado varios puntos que aún no fueron explicados en forma precisa respecto de la tarea del organismo. Los parlamentarios reclamaron información sobre la nómina de los programas vigentes de prestaciones sociales que se otorgan a las familias de los internos, el presupuesto anual asignado y el ejecutado de cada uno, los beneficiarios y qué clase de tratamientos se le está brindando a personas adictas o con enfermedades graves. El planteo requirió –hasta ahora en vano– estadísticas sobre el nivel social y educativo de la población carcelaria, sobre qué clase de compromiso existe con la enseñanza primaria o secundaria, y cuáles son los montos totales en concepto de subsidios, donaciones o partidas asignadas para tal efecto. La intención era ver cómo se desarrollo el manejo de fondos y qué seguimiento se da a los detenidos una vez que acceden a los beneficios de salidas paulatinas. Con lo respondido a cuentagotas, no se pudo analizar cuáles son los controles sobre las erogaciones del IAPL. El organismo a cargo de Miriam Saigg remitió a los legisladores escuetas respuestas. Brindó una nómina de tutelados por localidad con algunas referencias al programa de becas, asistencia de material para infraestructura domiciliaria y creación de talleres de oficios. En el rubro “mejoras habitacionales del grupo familiar” de los ex detenidos, el Instituto puntualizó que “se contará con el aporte económico de 10.000 pesos por semestre”, aunque sin brindar ningún detalle más sobre los supuestos beneficiarios. Saigg se limitó a señalar que el Ministerio de Trabajo de la Nación acordó aplicar el sistema denominado “Formación para el empleo e inserción laboral pospenitenciarias”, mientras que el Ministerio provincial de Familia “ha colaborado y lo hará este año con el Programa de Empleo para la incorporación de capacitadores en algunos de los talleres que implementaremos”. La funcionaria sostuvo en la contestación enviada casi siete meses después a la Legislatura, que “como Instituto, y en un todo de acuerdo con la política a aplicar, conociendo de nuestras limitaciones presupuestarias y fundamentalmente de funcionamiento, pondremos el esfuerzo y compromiso necesarios para llevar adelante este macro-proyecto”. Entre algunas particularidades para este año, dio cuenta que se formarán “grupos operativos” para enfrentar proyectos de vida, desde algunas acciones a realizar en el Penal 2, el ex Maruchito y en el Centro Integral de Capacitación y Promoción, todos de Roca. Otros puntos no satisfechos ante la demanda parlamentaria son el número de liberados que se encuentran trabajando con entidades de banca social. Tampoco se informaron detalles sobre si desde este organismo se implementó la opción laboral prevista en la Ley provincial Nº 3.228, que impulsa la asignación de cupos del 5 por ciento de puestos de empleo para quienes están en “etapa de prueba del cumplimiento de una condena” en las unidades penitenciarias o “haya sido liberado por agotamiento de la pena”. El IAPL se circunscribió a enunciar las acciones que se desarrollarán este año como la capacitación en oficios, promoción de salud mental o “estimular el desarrollo de tareas coordinadas de organismos públicos y privados que nos permitan avanzar en la formación de hábitos laborales, alejándonos de la mera asistencia”. El organismo ya vivió una convulsión interna años atrás cuando el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas entabló un pedido de resarcimiento por 40.000 pesos contra la ex titular, Ada Ottolini, por su irregular desempeño público en el desvío de fondos con ayudas económicas a familiares de internos.