Vergonzosa abstención

La dramática violación a los derechos humanos y cívicos más elementales en Nicaragua recibió una dura condena del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), foro en el cual Argentina abandonó su histórica postura de defensa de estos derechos, para abstenerse y realizar una tibia “recomendación” al régimen de Daniel Ortega, por evidentes razones de política doméstica: no generar tensiones en la coalición oficialista.

El libro «Cómo mueren las democracias» de Steven Levitzky y Daniel Ziblatt señala cómo los nuevos autócratas logran hacerse del poder sin los golpes militares de los ’70 y ’80 y socavan la democracia con mecanismos con cierta pátina legal: anulan la división de poderes, organismos de control, llenan de personas afines los tribunales, cooptan o amenazan a la prensa, partidos independientes, manipulan y reescriben las reglas electorales para “inclinar la cancha” en su favor y dejar sin chance a sus adversarios, con votaciones que son meras puestas en escena.

El régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo ha seguido este «manual» al pie de la letra. Ortega fue un líder emblemático de la lucha contra la dictaduras de Somoza padre e hijo, y democráticamente gobernó entre 1985 y 1990, en la “Revolución Sandinista”. Ese recuerdo le permitió regresar al poder en elecciones libres en 2006 y ser reelegido en 2011 y 2017. Pero en cada período su gestión fue haciéndose cada vez más personalista y autoritaria, generando resistencias y críticas hasta en sus propios excompañeros de revolución.

En 2018 estallaron en Nicaragua masivas protestas de universitarios, feministas, LGTBI y campesinos contra las crecientes arbitrariedades y corrupción del régimen, que abandonó ya todo disfraz democrático y optó por la represión lisa y llana. Misiones de observadores acordadas entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el gobierno de Ortega reportaron: miles de exiliados, 109 muertos, 1.400 heridos y cientos de detenidos, torturas, desapariciones, expulsión de observadores internacionales, cancelación de personería jurídica de organismos de DD.HH, censura, uso de armas de guerra y paramilitares contra manifestaciones pacíficas, persecución de opositores y periodistas críticos.

El paroxismo de la deriva autoritaria de Ortega fue la detención desde el 2 de junio de al menos 16 líderes críticos u opositores, que incluyó a los cuatro principales precandidatos presidenciales de una alianza con chances de unir a la oposición. Los cargos fueron tan vagos como “recibir fondos de EE.UU.”, “traición a la Patria”, “atentar contra la soberanía nacional” y “actos de terrorismo” o lavado de dinero en base a “fuentes de inteligencia” no reveladas. Esta cacería de disidentes a 5 meses de las elecciones convierte al acto de octubre en una pantomima para justificar la tercera reelección del clan.

Frente a la mayoritaria condena de la OEA, el gobierno argentino prefirió la abstención, junto con México, basándose en el “principio de no intervención en asuntos internos” de otros países, deslizó “preocupación”, pero confió en que “esta situación será superada por los propios nicaragüenses”. No pidió liberar a los presos políticos sino la “revisión” de sus casos y reclamó “no prejuzgar indebidamente” los procesos electorales. Esta tibieza contradice la histórica defensa de los derechos humanos y el respeto a los principios democráticos asumida por Argentina desde 1983, cuyos últimos ejemplos fueron la suspensión de Paraguay en 2012 y de Venezuela en 2017 por incumplir los Protocolos de Defensa de la Democracia del Mercosur. O la condena a la destitución del presidente boliviano Evo Morales y el golpe que lo sucedió en 2019.

No se puede relativizar la defensa de la democracia y los derechos humanos en base a nostalgias progresistas o la afinidad ideológica. Este doble estándar que por razones de política interna aplica cada vez más el gobierno de Fernández socava la imagen internacional de Argentina y una de las pocas áreas de nuestra política exterior en que existe consenso interpartidario.


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