Vicentin, un final anunciado y ligado a la corrupción

“Crónica de una muerte anunciada”. Así se titula una de las célebres novelas de Gabriel García Márquez. El texto relata la historia de Santiago Nasar, un pueblerino de una aldea colombiana, al que todos ya saben sentenciado. El pueblo entero conoce el final que se avecina, y nadie parece ni capacitado, ni con el valor suficiente para cambiar el desenlace.
Algo así podría decirse de los hechos en torno a la empresa Vicentin. Una oscura trama de corrupción y estafa, que incluye un maratónico e inusual crecimiento, y un declive mucho más rápido aún. Ninguno de los actores involucrados podría decir que esperaba otro final. Uno que no fuera desastroso. Ninguno hizo nada para evitarlo.
La empresa Vicentin es centenaria. Radicada en la Provincia de Santa Fe, fue creada a fines de la década del ‘20 el Siglo pasado, y a lo largo de su historia, siempre estuvo ligada a la actividad cerealera y a la exportación, convirtiéndose en integrante del lote de los mayores grupos cerealeros argentinos en la década del ‘70.
Los últimos cuatro años no obstante, fueron un punto de inflexión. El lapso comprendido entre 2016 y 2019, significó un crecimiento explosivo, que no guarda relación lógica alguna con la dinámica de la economía nacional en dicho periodo, ni con la dinámica del resto de las empresas del sector, ni mucho menos con la performance del total de las exportaciones nacionales.
En el primer gráfico que acompaña la nota, se observa el nivel de exportación de las seis primeras exportadoras del complejo oleaginoso argentino (soja y girasol) en millones de toneladas. El quiebre se produce en 2018. Mientras todos los actores del sector se achican a tono con la crisis cambiaria y con la sequía que azotó la pampa húmeda ese año, Vicentin se expande, tendencia que se consolida en 2019. El salto total en la cantidad exportada por Vicentin entre 2016 y 2019, es del 45%. En el mismo periodo, AGD creció solo un 12%, Oleaginosa Moreno un 26%, y Cargill cayó un 18%.

El segundo gráfico, muestra la participación relativa de las primeras cuatro empresas, en las exportaciones totales del complejo oleaginoso argentino. La única empresa que incrementó su participación entre 2016 y 2019, fue Vicentin. El resto redujo su participación, o a lo sumo la mantuvo. Si se considera las primeras 200 empresas argentinas incluyendo todos los rubros, Vicentin ocupaba el puesto 19 en 2016, y pasó a ocupar el puesto 6 en 2019.

El interrogante es entonces ¿qué fue lo que llevó a al desastre a la primera exportadora del complejo oleaginoso nacional?
Es este el punto donde la trama se vuelve oscura. El concurso de acreedores en el cual la empresa se encuentra desde diciembre de 2019, es la principal fuente de información de donde surgen los desbarajustes financieros, impositivos y legales que realizó la compañía, en el mismo lapso en el que se registra su mayor crecimiento. El enredo incluye la necesaria participación política del gobierno de turno, sin la cual, gran parte del entuerto económico de la empresa, no hubiese sido posible. La primera conclusión no obstante, es que la corrupción no solo afecta al sector público, sino que tiene enormes raíces en el sector empresario argentino.
Vicentin triangulaba sus operaciones de comercio exterior, mediante una red de más de 20 empresas que participaban no solo en el trading cerealero, sino también en los sectores algodonero, textil, frigorífico y bodeguero. Las grandes empresas del mundo realizan sus operaciones mediante un holding. Pero cuando las mismas se utilizan como pantalla a fin de sub facturar, sub declarar utilidades o eludir el pago de retenciones, la maniobra se torna fraudulenta. Solo por dar un ejemplo, la subsidiaria Vicentin Paraguay, cumple todos los requisitos necesarios para ser catalogada como ‘empresa fantasma’. Sin activos, ni oficinas, ni patrimonio conocido en el vecino país, es la principal exportadora de soja del Paraguay.
La maniobra de triangulación incluye el registro de operaciones comerciales entre empresas del mismo grupo, lo cual facilita la subfacturación. El expediente judicial da cuenta de una deuda de $6.591 millones que Vicentin mantiene con sus empresas subsidiarias, con sus propios accionistas y/o con los integrantes del directorio y sus familiares. Equivale a un 6% de la deuda total.

Un segundo capítulo de la saga, determinante en el desenlace, es el obsceno nivel de endeudamiento de la empresa para con la banca pública. El total de la deuda de Vicentin con el Banco Nación según el expediente judicial, asciende a $18.182 millones. Para tomar dimensión de la cifra, la línea de auxilio a las Pymes que Banco Nación acaba de anunciar en medio de la pandemia, es de $10.000 millones. Solo una empresa, acaparó el doble de esa cifra en menos de cuatro años.
La gestión del Banco Nación, a cargo de Javier González Fraga, es corresponsable de semejante desvarío. En efecto, ya existe una causa penal en curso a cargo del juez Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita, para conocer la causa por la cual González Fraga autorizó la ampliación de la línea de crédito a Vicentin, cuando la compañía ya era considerado un activo tóxico en la cartera de crédito de la entidad. Están imputados tanto el ex titular del Banco Nación, como Gustavo Nardelli y Alberto Padoan, ejecutivos de la compañía. El foco está puesto puntualmente en dos desembolsos. El primero por u$s 61 millones en agosto del año pasado, luego de las elecciones PASO, y el segundo por u$s 41 millones en el mes de noviembre. El comité presidido por González Fraga aprobó la ampliación crediticia sin someter la decisión al directorio del banco, y sin que las correspondientes garantías fueran suscritas. Una semana después del último desembolso, la compañía presentó concurso de acreedores, generando un dantesco quebranto a la banca pública. El total de la deuda de la empresa con el sector público, donde se incluyen el Bapro, el Banco Ciudad, y la Afip, asciende a $22.709 millones, lo que equivale al 23% de la deuda registrada en el concurso judicial.
Cuesta creer que un funcionario de vasta trayectoria como González Fraga, así como su círculo cercano de asesores, no advirtiera la delicada situación financiera en la que se encontraba la empresa días antes de presentarse a concurso. Los últimos dos desembolsos no obedecen a otra cosa que a una decisión política.
El tercer elemento que cierra el oscuro círculo en que se encuentra Vicentin, es que se trata del mayor aportante de campaña de Mauricio Macri. Entre 2015 y 2019, tanto Vicentin como sus subsidiarias, aportaron un total de $27,5 millones a las campañas electorales del PRO, tanto a nivel nacional como provincial. Solo para la campaña 2019, el aporte fue de $13 millones. El dato permite comprender el grado de laxitud de González Fraga al momento de liberar la línea de crédito a una empresa ya derrumbada.
Aún pese a todos estos datos, sigue siendo difícil entender cómo hizo la administración de Vicentin para colapsar financieramente a una de las empresas que no solo fue de las que más ganó durante el gobierno anterior, sino que creció mientras sus pares caían, y mientras en general la mayoría de las empresas padecía en el país. La segunda conclusión es sin duda, que la ineficiencia y la mala administración, tampoco pertenecen con exclusividad al sector público.

Es en este marco, que surge el polémico proyecto de expropiación presentado esta semana por el gobierno nacional. Polémico, dado el concurso de acreedores vigente, con una intervención judicial ya en curso y por la conocida propensión kirchnerista a la estatización.
Con todo, y despojando el análisis de la retórica oficial, vale indagar en los motivos que motorizaron la decisión del Presidente Alberto Fernández a avanzar con una metodología en la que tal vez descree.
El primer punto se relaciona con la enorme deuda de la empresa para con la banca pública. La expropiación no es gratis. Implica un costo fiscal que el Estado no puede afrontar, y menos en un contexto como el actual. No obstante, implicaría capitalizar una deuda que difícilmente sería cancelada mediante el proceso de quiebra. Tal vez es hora de preguntarse no solo acerca del tamaño del Estado, sino acerca de la razón por la cual el Estado debe asistir con semejante flujo de fondos a una sola empresa utilizando recursos de todos los contribuyentes, y luego aceptar un simple ‘paga Dios’.
El segundo ítem es quizá el que mayor crítica recibe, dada la experiencia reciente con YPF. El gobierno pretende lograr con YPF agro, lo que el propio Fernández definió como ‘empresa testigo’, a fin de dar señales definidas en la política pública, al resto de los actores, en su mayoría de capital extranjero.
El tercer aspecto está íntimamente atado al anterior, y se relaciona con la extranjerización. Sabido es el interés que las multinacionales Glencore y Dreifuss ya habían manifestado respecto a una posible absorción de Vicentin en el marco del concurso de acreedores. La convocatoria del Presidente al CEO de la compañía a dos días de hacer el anuncio fue interpretada como arrepentimiento por la mayoría de los analistas. Se relaciona en cambio con la intención de generar una salida intermedia, que incluya la posibilidad de una sociedad mixta del estado con los principales traders privados internacionales, y deje a la mayor exportadora oleaginosa argentina, en manos argentinas. La elegida para esa sociedad es Glencore. La empresa ya es socia de Vicentin en una de sus subsidiarias, Renova SA, y maneja el 25% del mercado de cebada a nivel global, el 10% del trigo, y el 50% del cobre. El Ministro de Producción Matías Kulfas, es el impulsor de esa sociedad que considera estratégica de cara al futuro.
El naufragio de la vieja Vicentin ya es un hecho. Lo es mucho antes del proyecto de expropiación presentado esta semana. La ineptitud de los CEO’s de la empresa, su accionar fraudulento, y su oscura connivencia con la administración Macri, son las verdaderas causas del derrumbe.
Las alternativas eran (y siguen siendo) tres. La liquidación completa de los activos de la empresa, los cuales no alcanzan para saldar los $99.345 millones que adeuda la compañía, y lo que significaría además que todos los trabajadores queden en la calle. La absorción por parte de capitales extranjeros, con una muy probable racionalización y reducción de personal. O la absorción por parte del Estado como el principal acreedor y mayor damnificado.
En cualquiera de las opciones, hace tiempo que el final ya estaba anunciado.