Víctimas de Franco, en la Justicia 75 años después

AP

La mayoría de los testigos es de avanzada edad. Esperan saber de sus familiares desaparecidos o fusilados antes de morir.

MADRID (AP).- Víctimas del bando perdedor republicano de la guerra civil española relataron ayer el calvario que vivieron aquellos años y las trabas que sufren para localizar a sus seres queridos, en un intento por defender la labor del juez Baltasar Garzón en la persecución de los crímenes del franquismo y la búsqueda de desaparecidos. Han tenido que pasar más de 35 años desde la muerte del dictador Francisco Franco y casi 75 desde el comienzo de la dictadura para que el testimonio de familiares de desaparecidos republicanos se escuche por primera vez en un tribunal de justicia español, en este caso en el Tribunal Supremo y nada menos que en la causa que se sigue contra Garzón por el delito de prevaricación. María Martín, de 81 años, entró en la sala ayudada de un andador y vestida de negro. Con apenas voz pero buena memoria, recordó cómo las tropas leales a Franco irrumpieron en su pueblo y se llevaron a su madre Agustina López. Nunca volvió a verla. “La sacaron, se la llevaron y la mataron’’, dijo Martín, quien tenía seis años cuando ocurrieron los hechos en septiembre de 1936. López fue fusilada junto a un grupo de 30 personas –27 hombres y tres mujeres– en Pedro Bernardo, a unos 150 kilómetros al norte de Madrid. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común y todavía no se ha podido exhumar. Acompañada de una foto de época de su familia y un mapa dibujado a mano con la ubicación probable de la fosa, la testigo explicó cómo su padre fue amenazado cuando intentó reclamar el cadáver. “No vayamos a hacer contigo lo que hicimos con ella’’, aseguró Martín López que respondieron las autoridades franquistas. En su breve declaración, dadas las dificultades para hacer oír su voz, recordó cómo a ella y en general a todos los “rojos’’ –como se conocía popularmente a los republicanos– les obligaban a beber aceite de ricino con guindillas para “purgarse’’. A continuación, se escuchó la historia de Pino Sosa, de 75 años, quien busca el cuerpo de su padre y de otros 500 desaparecidos desde las Islas Canarias. “Se los llevaron de casa, los apalearon, los tuvieron presos y les hicieron muchas cosas’’, dijo Sosa. “Cuando se llevaron a mi padre yo era muy pequeñina. Se llevaron el pan y el sal de la casa’’. “Además, mi madre quedó enferma, buscaba a mi padre y nunca lo consiguió’’, agregó. Sosa explicó que su madre nunca quiso aceptar el certificado de defunción de su padre. A pesar de las trabas administrativas y legales que le hubiera ahorrado. “Se lo llevaron vivo y vivo lo reclamaba’’, aseguró. La guerra civil española (1936-1939) y la dictadura de Franco (1939-1975) son ricas en historias dramáticas por parte de ambos bandos. Se calcula que 500.000 personas murieron durante el conflicto y en los años inmediatamente posteriores, pero hasta ahora no se había podido escuchar a víctimas republicanas en sede judicial. Desde la llegada de la democracia a España, el primer intento por apoyar jurídica y legalmente la búsqueda de desaparecidos no llegó hasta 2007 con la llamada Ley de la Memoria Histórica. “Por esta puerta van a entrar por primera vez en su vida familiares de esos desaparecidos a contar el daño que les hicieron’’, explicó Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica . “Y eso tiene un aspecto positivo’’. Los testigos que intervinieron y muchos de los que lo harán a lo largo de la próxima semana suscribieron las denuncias que dieron pie al sumario que Garzón abrió en 2008 sobre el franquismo en el contexto de crímenes contra la humanidad. Según Garzón, 114.000 personas permanecen desaparecidas desde el entonces. El caso, que abandonó por un conflicto de competencias, le costó una imputación por atribuirse competencias que supuestamente no tenía y orillar la Ley de Amnistía de 1977, concebida para restañar las heridas del conflicto. Precisamente, el papel de los 22 testigos propuestos por la defensa es demostrar que el magistrado español tenía base jurídica para acudir en auxilio de estos familiares, que siguen sin encontrar a sus seres queridos. Garzón afirmó que en 20 años de trabajo en la Audiencia Nacional de Madrid, otras investigaciones similares como la del ex dictador chileno Augusto Pinochet o la de Adolfo Scilingo sobre la dictadura militar en Argentina no tuvieron objeciones. La acusación del grupo ultra conservador Manos Limpias, es huir del debate sobre la justicia universal y plantear que Garzón prevaricó al tomar decisiones haciendo caso omiso de una ley vigente.