Vidas paralelas
Aunque no era necesario agregar alguna prueba a la exhaustiva investigación que este diario realizara sobre el vaciamiento del ex Banco Provincia de Río Negro, la existencia de personas y sociedades vinculadas con un estudio contable uruguayo, sindicado como ligado al lavado de dinero, revelada por la Comisión Carrió, y que actuaron en algunas de las tantas operaciones ilegales denunciadas ante la Justicia rionegrina, confirma la impresión de que por su estructura, sus ramificaciones y su estrecha conexión política, el grupo liderado por Horacio Massaccesi conformó una réplica similar a la de la causa por tráfico de armas que mantiene detenido a Carlos Menem y varios de sus allegados, sin que en el caso local exista la posibilidad de invocar la «razón de Estado» con que los defensores pretenden cubrir la responsabilidad de las operaciones con armas.
En el procesamiento a Menem, el juez Urso definió algunas de las características que definen la asociación ilícita y el rol del ex presidente. Este en su carácter de presidente de la Nación fue quien asignó, por vía directa o indirecta, a cada uno de los imputados el lugar que ocupaban, «y naturalmente encabezaba, dirigía y controlaba las operaciones de la asociación ilícita», su jefatura se ejerció desde las sombras «pero salió a escena cada vez que las circunstancias así lo exigieran. Su función principal fue además la de «protector» del resto de los involucrados».
No es necesario ningún esfuerzo de imaginación para mostrar el paralelismo en el papel desempeñado por el ex presidente y el ex gobernador, pero a diferencia de Menem, Massaccesi nunca fue citado por la Justicia, ni siquiera como testigo, ni tampoco fueron procesados sus amigos «empresarios», que recibieron millones de pesos en operaciones fraguadas con empresas insolventes o simples sellos de goma.
En consecuencia, los únicos procesados -y por delitos de menor gravedad- son los ex directivos del banco, que hasta ahora han conseguido eludir la Justicia, con la protección y el peso del gobierno y la Legislatura en su momento, con artimañas legales de sus defensores, sin duda, pero también con la pasividad culposa del Superior Tribunal, del procurador fiscal y de otros funcionarios judiciales que han contribuido a este incalificable desempeño de la Justicia rionegrina. Un caso iniciado en 1989, o sea que lleva doce años de instrucción que todavía no ha llegado a plenario; una cámara integrada por jueces subrogantes de distintos fueros, porque los jueces originales fueron eliminados por ser peligrosamente independientes, donde se desempeña como fiscal el ex juez Peralta, el primero en mandar al archivo a la causa, y un hecho de gravedad institucional única que jamás ha merecido una palabra pública de preocupación por parte no sólo de los partidos políticos, sino inclusive de los Colegios de Abogados o de Magistrados.
Así las cosas, la dualidad de la Justicia rionegrina se evidencia en estos días con la decisión de eximir al juez Juan Torres de la atención de su tribunal, para dedicarse exclusivamente al caso del asesinato ocurrido en Cipolletti. Pues bien. Durante estos doce años, el caso del banco, de gran complejidad y resonancia institucional única, tuvo como fiscal al defensor de pobres y ausentes, a quien no se liberó de la atención de su despacho, no se le brindó ninguna ayuda ni asesores especiales y, en cambio, vio desestimulada su tarea en el caso más resonante de corrupción de la provincia luego de haber apelado el auto de sobreseimiento, con lo cual impidió, en su momento, la extinción de la causa.
Y, como colofón, la Cámara que debe juzgar el caso no ha sido liberada de sus funciones habituales, a pesar del monstruoso atraso del proceso.
