Videos y testigos, las pruebas del fiscal Gerez en el jury contra Piedrabuena

Presentó la acusación y ahora es el turno de la defensa. El jury podría comenzar en mayo. El 31 de ese mes será la audiencia de control de acusación por la causa penal.

«Un elemento que influye en el mal desempeño es la pérdida de la confianza pública, de la credibilidad que todo magistrado debe gozar. El respaldo de los funcionarios está en la autoridad que tengan en la sociedad, en la credibilidad que ellos detentan. El juez Diego Piedrabuena ha perdido notablemente esa credibilidad».

Así lo afirmó el fiscal general José Gerez al presentar su acusación contra el juez del escándalo en el hipermercado, quien será sometido a un Jurado de Enjuiciamiento.

Gerez entregó el escrito, de 43 páginas, y ahora corren los 6 días prorrogables por otros 6, para que Piedrabuena ofrezca las pruebas que considere necesarias para su defensa. Si no surgen contratiempos, el jury comenzará en mayo.

En paralelo, el magistrado afronta una causa penal por «atentado a la autoridad agravado por ser funcionario público, en carácter de autor». El 31 de mayo será la audiencia de control de acusación, en la que se discutirán las pruebas que se utilizarán en el juicio penal. Son las mismas que las del jury porque el hecho es el mismo (el escándalo en el híper), aunque la imputación la llevan adelante la fiscal del caso Silvia Moreira y el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, quien a su vez es testigo en el jury. Son, podría decirse, legajos gemelos.

Gerez dijo, tras reseñar el escándalo en el híper, que «la tarea judicial exige, en quienes la ejercen, una singular ejemplaridad de vida, que trasciende el desempeño estrictamente funcional del cargo».

Señaló además que «ninguna de las conductas que son objeto de acusación en este caso pueden considerarse privadas: han sido realizadas en lugares públicos, han afectado la moral pública y perjudicaron a terceros».

«Tan elevado es el estándar que cabe exigirle a quien inviste la autoridad de juez, porque en virtud de esa potestad el Estado respalda las decisiones de aquél con el auxilio de la fuerza pública, que éste monopoliza en una sociedad organizada», indicó el fiscal general en la acusación.

En definitiva, agregó, lo que se esperaba del juez Diego Piedrabuena «no excede la expectativa que se tiene de cualquier ciudadano responsable y respetable, tanto es así que algunas de las acciones por las que se lo acusa estarían receptadas como infracciones al derecho penal (actualmente bajo investigación), lo que eventualmente les confiere carácter de conductas prohibidas para cualquier persona».

«Si cualquier persona hubiera merecido la repulsa que se manifestó  identificando el caso como el del  ‘juez del escándalo del hipermercado’ (tal como es conocido por la opinión pública), cuanto mayor debe ser el rechazo cuando se trata de quien debe conservar una ‘buena conducta’ para mantener la alta dignidad con la cual ha sido investido por los representantes del Pueblo, con todas las responsabilidades, no privilegios, que conlleva».

Por otra parte, lo cuestionó porque «optó desacertadamente por defenderse a través de los medios de prensa y las redes sociales, eligiendo como blanco de ataque a la institución policial. Sus manifestaciones fueron dirigidas para desacreditar y desprestigiar la fuerza policial en su conjunto, realizando comparaciones y  estigmatizaciones totalmente fuera de lugar. Su conducta a través de la prensa y las redes sociales fue tan profusa que afectó la credibilidad del Poder Judicial de la Provincia de Neuquén en cuanto institución de la democracia y garante de la Constitución y del buen funcionamiento del servicio de justicia».

Piedrabuena está acusado de insultar a un cajero y dos policías en el hipermercado. Además le atribuyen asumir actitudes dilatorias y obstruccionistas en la causa penal que lo tiene como imputado; insultar a una jueza, una defensora y un fiscal. Para probar cada uno de los hechos, el fiscal general Gerez ofreció gran cantidad de testigos, videos y documentos.

El Jurado puede absolverlo, suspenderlo por hasta 60 días, o destituirlo.


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