Caso Atahualpa: autorizaron nueva pericia sobre una prueba clave

Con esta resolución de la Justicia, la causa se encamina a un nuevo juicio a casi una década del crimen del joven viedmense.

La Sala A en lo Criminal de Viedma habilitó la ampliación de pruebas en el caso del asesinato del joven Atahualpa Martínez Vinaya poniendo bajo la lupa una campera, que si bien fue revisada en su momento, en la actualidad hay nuevos recursos tecnológicos que podrían echar más luz sobre el controvertido crimen que hasta el momento no tiene condenados.

La prenda fue encontrado en el transcurso de un allanamiento en la vivienda de uno de los acusados, y ahora deberá actuar el Laboratorio de Genética Forense; según lo dispuesto por el tribunal que integran Carlos Mussi, Ignacio Gandolfi y Marcelo Valverde.

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Además, resolvió hacer lugar al pedido de citación de dos testigos, uno por la Fiscalía y otro por la Defensa. También se aceptó una solicitud del Fiscal para que la OITEL informe sobre llamadas telefónicas establecidas entre determinadas personas.

En la Resolución, los jueces también autorizaron un pedido de la Defensa oficial para ampliar los puntos de la pericia que realizó el Servicio de Huellas Digitales Genéticas.

Todos los caminos conducen al nuevo juicio

La causa se encamina a un pronto nuevo juicio, tras la anulación por parte del Superior Tribunal de Justicia del primer debate, que terminó con la absolución de los acusados.

En 2016, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro anuló el fallo que absolvió a los tres imputados del crimen cometido en 2008 en esta capital, y ordenó que se reabra la causa con la incorporación como prueba de una campera con manchas de sangre de la víctima, que había sido desechada en el juicio oral.

La titular de STJ rionegrino, Liliana Piccinini, dio a conocer la resolución por la que se hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el fiscal Fabricio Brogna López contra la sentencia absolutoria dictada en 2014 por la Sala A de la Cámara Penal de la capital provincial.

Los imputados son Felipe Carrasco, Carlos Morales Toledo, y Belén Barrientos, y las circunstancias en las que se cometió el crimen no fueron aclaradas en el juicio oral que terminó en octubre de 2014, tras lo cual, la Legislatura rionegrina formó una comisión especial investigadora que reveló una serie de errores procesales y recomendó que se reabriera la causa y se reconociera como prueba la mencionada campera.


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