Lastra pide prorrogar la ley que evita cortes de luz y gas

La legisladora Tania Lastra, de Juntos Somos Río Negro, presentó un proyecto de ley con el fin de prorrogar la Ley N° 4395 hasta el 31 de diciembre próximo “habida cuenta que la situación económica que dio motivo a esa norma, aun persiste en nuestro país y en nuestra provincia en particular, agravado aún más por el aumento en las tarifas”, argumentó.

Es por eso que “resulta necesario dar amparo a los usuarios en las condiciones indicadas en el proyecto, porque no solo no pueden abonar las tarifas en tiempo y forma, sino que tampoco pueden costear los gastos de reconexión”.

En 2008 se sanciono la Ley N° 4395, que reguló la suspensión de los cortes de suministro domiciliario de los servicios públicos de gas natural y energía a aquellos usuarios cuya situación de desempleo, o condición socioeconómica, impida el cumplimiento de sus obligaciones en término.

En esa ley, además de disponer la suspensión de los cortes de servicios, se regula los requisitos y procedimientos a seguir, por parte de los usuarios, para hacer valer el beneficio legal.

En este sentido deben presentar certificado que acredite su calidad de desocupado, que en general lo emite la secretaria de trabajo.

También menciona los supuestos a los que se refiere cuando dice “ usuarios cuya condición socioeconómica impida el cumplimiento de sus obligaciones”, es decir: jubilados con discapacitados a cargo; madres solteras jefas de familia, jefes o jefas de familia con incapacidad laboral permanente superior al 50%, y jubilados que perciben el haber mínimo.

Prevé la instrumentación de declaraciones juradas, siempre con el objetivo de acreditar uso, servicio y condiciones que lo hacen beneficiario.

Se regula además como requisito, que le Ley se aplica sobre los servicios públicos de vivienda única familiar. Se da apertura a la celebración de planes de pago con porcentajes limites para las cuotas a convenir.

Es así que el presente proyecto pide prorrogar hasta diciembre del año 2018, el régimen de protección por el que se suspende la interrupción de los servicios públicos para con los usuarios desempleados y/o en condiciones socioeconómicas con alto riesgo social.