Virtudes, dudas y riesgos del plan

En una sociedad angustiada por la inseguridad, el vasto plan lanzado por el gobierno nacional aporta al país la esperanza de un cambio.

El mérito del Ejecutivo es, en principio, no haber esquivado la gravedad del problema. Y plantear una serie de medidas que atacan todos los aspectos prácticos, jurídicos, financieros y políticos vinculados al delito, colectar las experiencias que ya dieron resultados en algunos países o Estados provinciales y someterlas a un amplio debate público.

El riesgo es que, de tan vasto, el proyecto termine siendo un glosario de formulaciones, consumidas por discusiones feroces.

La alta adhesión social al gobierno es un handicap que éste tiene para promover los cambios, monitorear los plazos que se ha establecido y conducirlos a hechos concretos, aun cuando esto signifique corregir o desestimar algunas de sus ideas.

En cuanto al contenido, hay determinadas medidas destinadas a una discusión profunda y extensa. Empiezan a asomar las primeras certezas e interrogantes:

• Lo que surge espontáneamente de la lectura del plan es que parece orientado casi en su totalidad a la Capital Federal y el conurbano bonaerense. Consecuentemente, la duda es si no se desprotegerá al resto de los Estados y se alienta a los delincuentes a migrar a otras provincias (hay antecedentes al respecto, como cuando en 1999 algunos miembros bonaerenses de una banda asaltaron el Banco Río en Cipolletti y mataron a un policía). Ya hay gobernadores que están advirtiendo la desprotección al interior. Además, como los Estados provinciales tienen que aportar a un fondo fiduciario, la sospecha es que esos dineros terminarán alimentando el gasto de la seguridad de Buenos Aires, ávida de recursos.

• El debate sobre la edad de imputabilidad enfrentará las teorías que proponen severos criterios de sanción con otras que advierten que el endurecimiento puede ser una condena adicional para quienes crecen en la marginalidad. Queda claro que algo hay que hacer con los menores que delinquen, sea porque algunos de ellos comprenden la criminalidad de los actos que cometen o porque -por su condición de inimputables- son usados por los mayores. Una parte del debate apuntará a determinar si es útil bajar las edades de condena para delitos muy graves (o qué valor puede tener un piso de 14 años, cuando es habitual hallar niños de más corta edad aún inmersos en la criminalidad). El otro costado tiene que ver con la clase de contención social, de recuperación, de garantías de defensa y de alojamiento penitenciario diferencial, lejos de los mayores, y con carácter formativo que deberá recibir el chico imputado, para evitar bárbaras consecuencias. Desde luego, están las condiciones educativas y sociales que originan y rodean al problema.

• Hay una premisa equivocada de la que parte el gobierno cuando plantea que una de las raíces de la inseguridad está en la falta de policías. En realidad, la provincia de Buenos Aires tiene más policías de lo que se considera normal en prevención del delito, si lo comparamos con ciudades del mundo en donde, incluso, hay bastante delincuencia. En los planes del gobierno está la creación de una Policía Comunitaria en la Ciudad de Buenos Aires, que se sumará a la Policía para el conurbano anunciada por Arslanian, a la tradicional Bonaerense, a la Federal y a la nueva Agencia Federal de Investigaciones que incluso incluirá hombres de la Prefectura y Gendarmería. Es decir muchos compartimentos con el riesgo de burocracia y reponsabilidades diluidas. No hay razones para creer que tanta superposición pueda producir resultados óptimos.

• La creación de la Agencia Federal de Investigaciones sugiere algunas reflexiones que se extraen de la historia. El paradigma de este tipo de instituciones sigue siendo el FBI de los Estados Unidos, creado a instancias del presidente Teodoro Roosevelt para luchar contra delincuentes que operaban desde complejas organizaciones relacionadas con estudios de abogados y burocracias estatales. Blanco de su acción eran, hacia aquel tiempo, tierras del oeste americano en proceso de herencia. Y también se ocupó en su inicios el FBI de seguir las contabilidades de los grandes «trust» comerciales del este americano. O sea, como aquí, el motivo del nacimiento del FBI fue el delito organizado. Tres son las características que tiene el FBI desde siempre: fuerte centralización en la toma de decisiones; resistencia a que le amplíen sus funciones y campo de acción; un cuidado extremo en el manejo de su poder, de ahí que la burocratización en los cargos se evite desde un paradigma con sabor a mar que es axioma para los miembros del FBI: en el puerto, todo barco se pudre.

• Parece interesante el sistema de participación popular y control para la elección de comisarios civiles. Del mismo, los concursos de antecedentes y oposición (que asegurarían que las personas designadas sean decentes y no delincuentes). Habría que ver quiénes tendrán la atribución de proponer los candidatos. Hay países, como Estados Unidos y España, que han probado que la designación y control de un jefe de policía de un condado o ciudad de relativas dimensiones por parte de una intendencia, suministrará un control político más responsable y mayor eficiencia local.

• El gobierno ha planteado también un juicio por jurados, para delitos con penas de más de seis años o cometidos por funcionarios. La duda es cómo se constituirán esos jurados, qué grado de representación tendrá la sociedad, y si no es riesgoso, en suma, que un juez pase a segundo plano y se fomente una suerte de «tribunales populares» más proclives a la venganza que a la Justicia. Y en función de lo sucedido en los Estados Unidos con la aplicación de este sistema en tiempos de auge de la delincuencia, la elección de los integrantes de los jurados debería ponderarse incluso desde la óptica de preservarlos de presiones. Ese decir, la selección debería recaer en personas de principios y convicciones sólidas definidamente dispuestas a correr no sólo con la responsabilidad que se les acredita, sino incluso con los riegos que esta implica.

• Parece acertado además avanzar hacia poner en estado bien cristalino la actividad de los desarmaderos. Es una «industria» en la comercialización de repuestos. La mayoría de los situados en el Gran Buenos Aires y en el resto de las provincia funcionan con licencia municipal, y pese a todo existen fundadas sospechas de que el grueso de ellos comercializan autopartes manchadas de sangre. Sucede que en los últimos años se operó un cambio radical en el robo de automóviles. Ya no es una actividad altamente profesionalizada como en el pasado, en que se sustraía vehículos en soledad y mediante un verdadero «arte» de ganzúas y conexiones. Hoy, hay bandas circulando que atacan al propietario cuando saca su coche del garaje o se le cruzan en una ruta, por caso. Y si la víctima se resiste, lo matan. Estas bandas operan incluso por pedido y el robo está tarifado. Una 4×4, por ejemplo, suele pagarse $1.500 al ladrón, mientras que un vehículo mediano está en los $ 800.

• A esto se suma la hipocresía de gran parte de la sociedad, que reclama a los gobiernos que garanticen su seguridad, al mismo tiempo que con sus conductas cotidianas da aliento económico y cobertura de silencio cómplice al delito. Sobran los ejemplos, como el de quien accede a «recomprar» las cosas que le han sido robadas, o de quien compra «barato» un pasacasete, un televisor, un auto o un anillo de oro sin sentirse parte de la cadena delictiva. En este punto, el concepto de que «la seguridad es un problema de todos» cobra una singular significación. Si esto no cambia, ningún plan oficial podrá ayudarnos.

Nota asociada: INSEGURIDAD: Intervinieron el Servicio Penitenciario en Buenos Aires  

Nota asociada: INSEGURIDAD: Intervinieron el Servicio Penitenciario en Buenos Aires