Voluntarismo puro

Para paliar una crisis energética que no podrá sino agravarse mucho en los meses próximos y que está incidiendo poderosamente en el manejo de la economía debido a la necesidad de gastar miles de millones de dólares para importar crudo y gas al precio establecido por el mercado, el gobierno nacional ha optado por ordenar a las petroleras aumentar su producción un 15%, dando a entender así que en la raíz de los problemas del sector está la negativa de empresarios ingratos y nada patrióticos a cumplir con sus obligaciones. La empresa más atacada últimamente por los funcionarios kirchneristas y sus aliados es, desde luego, YPF, cuyos accionistas argentinos, sobre todo los miembros de la familia Eskenazi, se han visto expulsados de la “burguesía nacional” que ha medrado merced a su relación personal con el presidente Néstor Kirchner primero y, después, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Las perspectivas ante YPF son sombrías, ya que algunos integrantes del gobierno quisieran devolverla al Estado, alternativa ésta que, como es natural, tienta a los jóvenes ambiciosos de la agrupación La Cámpora. Sea como fuere, aunque la estrategia de culpar a empresarios presuntamente desleales por el creciente déficit energético podría brindarle al gobierno algunos beneficios políticos, no contribuirá a revertir la caída de la producción de crudo que a partir de 1998 se ha disminuido un 34%. También ha bajado mucho la producción de gas: en la actualidad se produce un 14% menos que en el 2004, de suerte que el país tiene que importar cantidades importantes. Los motivos del deterioro realmente notable que se ha registrado en la etapa dominada por el populismo kirchnerista no constituyen un secreto: con tarifas largamente congeladas y cancelados los incentivos módicos que se habían dispuesto, las empresas no tienen demasiado interés en invertir en exploración. La semana pasada, los gobernadores de las provincias de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) advirtieron a las empresas petroleras que a menos que en los dos años próximos produzcan un 15% más de crudo y gas enfrentarían sanciones que podrían asumir la forma de la “reversión inmediata” de las concesiones de exploración, lo que, huelga decirlo, haría todavía peor el panorama energético frente al país. En opinión de los especialistas, la posibilidad de que las empresas cumplan con las metas fijadas por los políticos resulta muy escasa, ya que, además de su resistencia comprensible a invertir más de lo necesario para seguir operando, tendrían que superar las dificultades provocadas por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, al impedirles importar la maquinaria de tecnología avanzada que les es imprescindible. Asimismo, no existe ninguna garantía de que los sindicatos del sector no se las arreglen para paralizar los yacimientos en zonas conflictivas como la provincia de Santa Cruz, como hicieron el año pasado. La política energética del gobierno de la presidenta Cristina, que cuenta con el apoyo decidido de la mayoría de los gobernadores de las provincias petroleras, es esencialmente voluntarista. Los mandatarios confían en que, si presionan bastante, conseguirán los resultados que desean pero, desgraciadamente para ellos, la experiencia tanto de nuestro país como de otros, entre ellos la desaparecida Unión Soviética, deberían haberles enseñado que cuando de mejorar el desempeño de la economía se trata las súplicas, exhortaciones y amenazas no sirven para mucho. Sin embargo, para el gobierno de Cristina adoptar una postura más realista ante la crisis energética resultaría humillante y, de todos modos, serían sumamente altos los costos tanto económicos como sociales, y por ende políticos, de tomar las medidas que serían necesarias para corregir las distorsiones del período que se inició en el 2002. Es por tales motivos que el gobierno está procurando aprovechar políticamente las consecuencias negativas, que ya se han hecho sentir, de la decisión de Néstor Kirchner de ubicar en el campo enemigo a las empresas petroleras por el crimen, a su juicio imperdonable, de haber prosperado en la década de los noventa cuando la producción de energía alcanzó un nivel récord que, tal y como están las cosas, no corre ningún peligro de verse superado en el futuro previsible.