Y las reservas siguen cayendo

Redacción

Por Redacción

Hasta hace poco, el gobierno nacional minimizaba la importancia de la caída estrepitosa de las reservas del Banco Central, como si a su juicio fuera cuestión de un asunto apenas anecdótico, pero últimamente parece haberse enterado de que no le convendría permitir que las bóvedas de la institución quedaran vacías, eventualidad que, tal y como están las cosas, es algo más que una maligna fantasía opositora. Según el informe más reciente del Banco Central, el monto actual ronda los 34.278 millones de dólares estadounidenses, mil millones menos que el mes anterior, de suerte que en lo que va del año corriente se fueron casi 9.000 millones. De mantenerse el ritmo así supuesto, dentro de tres años no quedaría un solo centavo, pero, claro está, bien antes de llegar a dicho extremo el gobierno se habrá visto obligado a frenar el drenaje. Aunque nadie parece saber lo que se le ocurrirá intentar, es de prever que las medidas elegidas sean antipáticas; caso contrario, ya las habría tomado. Una alternativa que, según parece, disfruta del apoyo de un sector del gobierno consistiría en modificar radicalmente la actitud oficial frente al resto del mundo, a fin de reconectarnos con la comunidad financiera internacional con la esperanza de que nos preste dinero en cantidades suficientes. Será por esta razón que el gobierno acaba de optar por pagar a aquellas empresas que hicieron valer sus derechos ante el Ciadi sin forzarlas a arriesgarse sometiéndose a la Justicia argentina, como querían los kirchneristas por suponer que los jueces locales estarían más dispuestos a prestar atención a sus argumentos que sus homólogos neoyorquinos o británicos. Pero, si bien andando el tiempo reconciliarse con el “mundo” podría permitirle al gobierno solucionar lo que de otro modo sería un problema angustiante, el cambio no se haría sentir enseguida. Se prevé, pues, que una vez concluido el trámite electoral, el gobierno ordene apretar todavía más el cepo cambiario para que no se le escape ningún dólar en turismo o en importaciones y que redoble las presiones sobre los bancos para que colaboren con mayor entusiasmo, además de empezar a reducir drásticamente los subsidios que benefician a los usuarios del transporte público, los consumidores de energía y muchos más. Según se informa, funcionarios del “equipo económico” se han convencido de que cortar los subsidios a sectores de poder adquisitivo relativamente alto no tendría un impacto negativo en el consumo, pero a juzgar por lo que sucedió en la fase inicial de la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando nos dijo que había llegado la hora de la “sintonía fina”, o sea, del aumento selectivo del costo de la energía, cambiar el esquema existente no será tan fácil como vaticinan. Sea como fuere, la necesidad de impedir que las reservas sigan disminuyendo a una velocidad peligrosa es incompatible con la tesis de que el gobierno, resuelto a hacer pensar que un resultado electoral adverso no lo hará arriar sus banderas “revolucionarias”, reaccionaría frente a una derrota en las urnas huyendo adelante “profundizando el modelo”. De subordinar lo político a lo económico, como aconsejan los pragmáticos, brindaría la impresión de que el gobierno se ha resignado a desmantelar el “modelo” que es su seña de identidad principal. Pero si decide continuar subordinando todo a lo político, el país continuará deslizándose hacia la bancarrota. Para Cristina y su séquito de “militantes”, se trata de un dilema sumamente desagradable. También lo es para los demás miembros de la clase política. Quieren que el gobierno se encargue de los ajustes que creen imprescindibles para que la economía no experimente una nueva crisis caótica, parecida a tantas que han seguido a etapas de auge insostenible en que el país trató de vivir por encima de sus medios reales, pero son reacios a brindar la impresión de estar a favor de medidas que perjudicarían a muchísimas personas. Por lo tanto, no extrañaría que se limitaran a desempeñar un papel pasivo, criticando las consecuencias de lo que haga el gobierno sin animarse a proponer alternativas concretas por temor a verse acusados de comulgar con las despiadadas herejías “neoliberales” que muchos han denunciado con tanta vehemencia como los militantes kirchneristas mismos.


Hasta hace poco, el gobierno nacional minimizaba la importancia de la caída estrepitosa de las reservas del Banco Central, como si a su juicio fuera cuestión de un asunto apenas anecdótico, pero últimamente parece haberse enterado de que no le convendría permitir que las bóvedas de la institución quedaran vacías, eventualidad que, tal y como están las cosas, es algo más que una maligna fantasía opositora. Según el informe más reciente del Banco Central, el monto actual ronda los 34.278 millones de dólares estadounidenses, mil millones menos que el mes anterior, de suerte que en lo que va del año corriente se fueron casi 9.000 millones. De mantenerse el ritmo así supuesto, dentro de tres años no quedaría un solo centavo, pero, claro está, bien antes de llegar a dicho extremo el gobierno se habrá visto obligado a frenar el drenaje. Aunque nadie parece saber lo que se le ocurrirá intentar, es de prever que las medidas elegidas sean antipáticas; caso contrario, ya las habría tomado. Una alternativa que, según parece, disfruta del apoyo de un sector del gobierno consistiría en modificar radicalmente la actitud oficial frente al resto del mundo, a fin de reconectarnos con la comunidad financiera internacional con la esperanza de que nos preste dinero en cantidades suficientes. Será por esta razón que el gobierno acaba de optar por pagar a aquellas empresas que hicieron valer sus derechos ante el Ciadi sin forzarlas a arriesgarse sometiéndose a la Justicia argentina, como querían los kirchneristas por suponer que los jueces locales estarían más dispuestos a prestar atención a sus argumentos que sus homólogos neoyorquinos o británicos. Pero, si bien andando el tiempo reconciliarse con el “mundo” podría permitirle al gobierno solucionar lo que de otro modo sería un problema angustiante, el cambio no se haría sentir enseguida. Se prevé, pues, que una vez concluido el trámite electoral, el gobierno ordene apretar todavía más el cepo cambiario para que no se le escape ningún dólar en turismo o en importaciones y que redoble las presiones sobre los bancos para que colaboren con mayor entusiasmo, además de empezar a reducir drásticamente los subsidios que benefician a los usuarios del transporte público, los consumidores de energía y muchos más. Según se informa, funcionarios del “equipo económico” se han convencido de que cortar los subsidios a sectores de poder adquisitivo relativamente alto no tendría un impacto negativo en el consumo, pero a juzgar por lo que sucedió en la fase inicial de la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando nos dijo que había llegado la hora de la “sintonía fina”, o sea, del aumento selectivo del costo de la energía, cambiar el esquema existente no será tan fácil como vaticinan. Sea como fuere, la necesidad de impedir que las reservas sigan disminuyendo a una velocidad peligrosa es incompatible con la tesis de que el gobierno, resuelto a hacer pensar que un resultado electoral adverso no lo hará arriar sus banderas “revolucionarias”, reaccionaría frente a una derrota en las urnas huyendo adelante “profundizando el modelo”. De subordinar lo político a lo económico, como aconsejan los pragmáticos, brindaría la impresión de que el gobierno se ha resignado a desmantelar el “modelo” que es su seña de identidad principal. Pero si decide continuar subordinando todo a lo político, el país continuará deslizándose hacia la bancarrota. Para Cristina y su séquito de “militantes”, se trata de un dilema sumamente desagradable. También lo es para los demás miembros de la clase política. Quieren que el gobierno se encargue de los ajustes que creen imprescindibles para que la economía no experimente una nueva crisis caótica, parecida a tantas que han seguido a etapas de auge insostenible en que el país trató de vivir por encima de sus medios reales, pero son reacios a brindar la impresión de estar a favor de medidas que perjudicarían a muchísimas personas. Por lo tanto, no extrañaría que se limitaran a desempeñar un papel pasivo, criticando las consecuencias de lo que haga el gobierno sin animarse a proponer alternativas concretas por temor a verse acusados de comulgar con las despiadadas herejías “neoliberales” que muchos han denunciado con tanta vehemencia como los militantes kirchneristas mismos.

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