Zona negra

Según la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), además de la economía formal debidamente blanqueada el país cuenta con otra negra que aporta 64 mil millones de dólares anuales, o sea, un monto poco inferior al producto bruto nacional atribuido a Venezuela. Por supuesto, se trata de una cifra aproximada – es claramente imposible medir con precisión las actividades de personas resueltas a pasar inadvertidas – pero la suposición de que aquí, lo mismo que en Italia, casi la cuarta parte de la economía está más allá del alcance de las autoridades no parece descabellada. De quererlo, pues, el gobierno podría emular a los italianos que hace más de una década decidieron agregar la economía oculta a la formal a fin de aumentar notablemente sus dimensiones presuntas globales, medida que les permitió ocupar un lugar a su entender más digno en el ranking internacional, pero no es muy probable que lo haga porque esta clase de machismo ha dejado de estar de moda.

Si bien la existencia de una gran economía extralegal no necesariamente significa la pobreza universal, en el caso de la Argentina las desventajas son sumamente graves porque priva al Estado de fuentes de ingresos de las cuales no está en condiciones de prescindir. Puede que países como Italia y Bélgica sean lo bastante prósperos como para funcionar adecuadamente sin cobrar impuestos a todos, pero aquí la evasión masiva ha intensificado la presión impositiva sobre los que no pueden eludir la vigilancia de los inspectores y ha llevado al virtual abandono de cualquier intento de mejorar el desempeño del sector público. En consecuencia, los más perjudicados por la economía negra han sido los más pobres, que se verían beneficiados por la presencia de un Estado razonablemente eficaz y que carecen de la capacidad para defender sus intereses toda vez que un déficit fiscal excesivo obliga al gobierno a ajustar, es decir, a reducir sus gastos. Si bien la economía negra es tan flexible que en ocasiones puede servir para paliar una recesión al dar a muchos la posibilidad de ganar dinero cumpliendo tareas rudimentarias, en términos económicos y sociales su incidencia es muy negativa.

Aunque no es posible que las autoridades lleguen a controlar toda la actividad económica – y por motivos prácticos acaso sería preferible que aceptaran convivir con una franja «negra» estrecha constituida por lo que podría calificarse de servicios personales en los que las transacciones son de poco valor -, no pueden darse el lujo de seguir tolerando la existencia de un sector en el que se mueve tanto dinero como en un país importante. Si bien podría argüirse que los perjuicios económicos que provoca no son tan graves, su aporte directo e indirecto a la corrupción es evidentemente mayúsculo. Para mantenerse ocultos, los vinculados con la economía negra, trátese de pequeños comerciantes o evasores en escala gigantesca, tienen que asegurarse cierto grado de complicidad por parte de los funcionarios del ministro de Economía o de distintas reparticiones provinciales y municipales, además de la «comprensión» de muchos policías y algunos jueces. Y como si esto ya no fuera suficiente, el clima creado por la presencia sólo en teoría invisible de una gran economía negra naturalmente atrae a delincuentes internacionales de todo tipo, incluyendo a los narcotraficantes. En efecto, las acusaciones de negligencia dirigidas contra el presidente del Banco Central, Pedro Pou, parecen inspirarse en gran medida en el hecho innegable de que en un país con una economía negra sobredimensionada haya mucha gente que requiere la colaboración de lavadores de dinero listos para blanquear cantidades enormes procedentes de actividades que de por sí no son intrínsecamente criminales aunque los involucrados sí lo son por su resistencia a mantener debidamente informadas a las autoridades impositivas. Claro, sorprendería que los lavadores de dinero se esforzaran mucho por distinguir entre un evasor común – especie que en nuestro país abunda – por un lado y, por el otro, el mafioso cuyo negocio consiste en la venta de drogas ilegales o la prostitución, razón por la cual es lógico suponer que los narcotraficantes han aprovechado sus servicios.