El accionar policial cambió tras asesinatos en Bariloche

La desaparición y asesinato de Micaela Bravo, en marzo, fue un antes y un después en los casos de desaparición de personas no sólo porque se incrementaron de manera exponencial las denuncias sino porque la realidad obligó a la Policía de Río Negro a modificar su protocolo de actuación.

El caso de Micaela Bravo, la joven madre que estuvo 15 días desaparecida y que fue encontrada sin vida el 6 de abril en un descampado a pocos metros del lugar donde fue vista por última vez, fue el último que se trató con el protocolo de actuación anterior.

Con el viejo instructivo, la Policía recibía la denuncia y cursaba como “búsqueda de paradero”, dando aviso internamente a las unidades y posteriormente su difusión a la prensa, con las características físicas de la personas extraviada, vestimenta y circunstancias en las que fue vista por última vez. Hasta ese momento, se debían esperar 48 horas para iniciar una causa penal.

El protocolo de actuación ante la búsqueda de personas desaparecidas cambió a partir de ese emblemático caso y, desde hace algunos meses, ante cualquier denuncia por la presunta desaparición de una persona, la Policía de inmediato debe iniciar una causa penal dando intervención a la Fiscalía de turno.

Para comenzar la búsqueda “no es necesario que hayan transcurrido 24 horas, es fundamental que desde que se tome conocimiento se arbitre la búsqueda”, indica el Instructivo ante la búsqueda de personas desaparecidas que tiene cada comisaría de Bariloche.

Los uniformados deben dejar asentados la mayor cantidad de datos característicos y físicos de la persona, vestimenta que tenía al momento de su desaparición, si tiene alguna medicación recetada, si posee tatuajes, cirugías, aros o piercings en zonas del cuerpo. La Policía debe pedir a los familiares o denunciantes teléfono de la persona, cuentas en redes sociales, amistades que frecuenta y domicilios, si existen antecedentes, entre otros datos que puedan servir para el inicio de la investigación.

Con los datos básicos se inicia una ronda de consulta en los centros médicos y fuerzas de seguridad y se comienza a recorrer con los familiares los lugares a los que la persona habitualmente asistía, así como también difundir la fotografía a los medios de comunicación.

Estas actuaciones son previas a comenzar los rastrillajes por las zonas donde la persona fue vista por última vez, para lo que es obligatorio requerir la asistencia de la División de Canes con perros adiestrados en la búsqueda de personas y rastros. Se hace extensivo el pedido de colaboración a otras fuerzas de seguridad y se requiere el material fílmico de cámaras de seguridad públicas o privadas de la zona donde se haya producido la desaparición.

Dos casos,

el peor final

El 23 de marzo Micaela Bravo fue vista por última vez en el barrio 2 de Abril cuando dejó a su sobrina en el jardín de infantes y 15 días más tarde, el 6 de abril, su cuerpo fue hallado en un descampado a pocos metros del lugar donde desapareció.

Tres meses más tarde, el 14 de julio, se reportó la desaparición del policía Lucas Muñoz que salió de su vivienda en el centro de la ciudad rumbo a su puesto de trabajo, en la Comisaría 42ª del barrio 2 de Abril a donde nunca llegó. Su cuerpo fue encontrado con un disparo en la cabeza y otro en la pierna 27 días después, el 10 de agosto, a unos 500 metros del lugar donde presuntamente había descendido del colectivo para llegar a su trabajo.

Ante las denuncias, los uniformados deben dejar asentados la mayor cantidad de datos característicos y físicos de la persona: ropa que llevaba puesta, si tiene cirugías o tatuajes, etc.