Los usuarios quieren conocer las ganancias de Mi Bus

Los usuarios quieren conocer las ganancias de Mi Bus

El gobierno municipal deberá resolver en un par de semanas si aprueba el aumento en la tarifa del transporte urbano que pidió la concesionaria Mi Bus y desde ayer debe cargar con el unánime rechazo expresado durante la audiencia pública convocada para evaluar la propuesta.

Actualmente el boleto mínimo cuesta 16,44 pesos y la empresa quiere llevaron a 19,68, lo cual representaría un aumento del 19,5%. La revisión es “semestral”, de modo que habría otro ajuste antes de fin de año.

La pretensión de Mi Bus fue expuesta por su gerente, Pedro Ponte, que se quejó por la escasez de los subsidios otorgados por el gobierno nacional y dijo que hoy la empresa realiza 71.000 kilómetros extra cada mes, con combustible a precio de mercado y a su propio costo.

Dijo también que en promedio el sistema traslada unos 12,2 millones de pasajeros por año “que pagan el boleto”, mientras que “del 35 al 40% de los usuarios viajan gratis”, especialmente los estudiantes de los tres niveles.

Aseguró que el aumento reclamado es indispensable para cubrir los mayores costos. Explicó que al no haber compensación del Estado por los boletos escolares, esa carga se traslada al resto de los pasajeros a razón de 4 pesos por boleto.

Ponte comparó el aumento del colectivo en Bariloche con la evolución de otros precios como el del pan, el aceite y del azúcar, que habrían sido mayores. “A mí también me duele, pero es la realidad”, cerró.

Aunque no fue motivo central de la exposición del empresario, los oradores que lo siguieron pusieron el foco en las ganancias de la prestadora.

Esteban Estévez dijo que la firma tiene una utilidad de 80 millones de pesos al año, que con otros rubros no reconocidos, por ejemplo los boletos especiales a Catedral y la publicidad en los colectivos, redondea unos 100 millones. Advirtió que esa ganancia “quintuplica” la que reconoce el ministerio de Transporte a una prestadora de similar tamaño de Buenos Aires. Elena Florin, del Partido Obrero, pidió “que se abran los libros de la empresa” y propuso la estatización, pero que el transporte “no sea manejado por estos funcionarios, sino puesto bajo el control de los usuarios y los trabajadores”.

El representante de la Multisectorial del Transporte Ángel Vainstein se quejó por la “falta absoluta de información” que brinda el municipio y la ausencia de usuarios en la comisión de seguimiento del servicio. Advirtió que si no logran frenar el aumento por la vía administrativa irán “por la vía legal”.

La usuaria Sandra Suárez se opuso al aumento por que lo consideró que supera la inflación y porque “perjudica a los sectores más vulnerables”. Pidió el boleto combinado y dijo que la relación entre el precio del transporte y el salario “no puede ser desoída por las autoridades”.

Concepción Mohana, economista y especialista en transporte, subrayó que el Estado le entrega a la empresa un mercado cautivo y la tarifa necesariamente “debe ser política”. Señaló también que el pasajero de tarifa plana no puede subsidiar a los estudiantes.

El dirigente de la CTA Jorge Molina rechazó el aumento, dijo que el impacto sobre los hogares es “desproporcionado, porque les obliga a reducir su nivel de vida para seguir viajando” y que los niveles de ganancia de la empresa son “altamente excesivos”. Entendió que el 20% de rentabilidad garantizado a Mi Bus por contrato “es un hecho de corrupción política y económica”.

De la audiencia participaron unas 60 personas, algunos con carteles de repudio al aumento, y muchos aplaudieron las frases más tajantes e los expositores. Molina dijo que si el boleto aumenta como pretende la empresa saldrán a la calle a pedir “un gran referéndum popular”, que imponga “una distribución más justa de los recursos”.

Impacto