Memoria viva e historia social

La conmemoración del 41º aniversario de la irrupción de la última dictadura cívico-militar en la Argentina ha dejado nuevas posibilidades de reflexionar acerca de la construcción de la memoria y de la historia social.

El 24 de marzo, instituido formalmente por la ley del Estado para ser destinado al recuerdo de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, es una fecha viva y en disputa.

Viva porque demanda el ejercicio, en tiempo real, de la memoria. Lo cual sucedió a través de una enorme cantidad de personas que a lo largo y ancho del país rememoraron el drama criminal por el que transcurrió la sociedad argentina a partir de un momento preciso de nuestra historia reciente.

En disputa, pues el recuerdo de tantos se confronta con la indiferencia de otros muchos, ajenos a considerar los sucesos del pasado con la misma vara y de acuerdo a los mismos principios éticos y jurídicos que los primeros.

Esa dicotomía remite a un campo de construcción de sentidos y de formas de recordar en pugna. De allí que el último 24 de marzo, como los anteriores, constituyó un verdadero escenario de fuerzas en conflicto alrededor de la tarea de hacer memoria.

Esta última conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia se vio enmarcado por una innegable fragilidad democrática. Ella se caracteriza por el incremento de la pobreza, las pérdidas masivas de puestos de trabajo y las dificultades de acceder a empleo digno.

Pero también por la intensificación de la persecución de la protesta social y la creación de un imaginario social poblado de renovados enemigos simbólicos, como la inmigración proveniente de países vecinos.

Son tiempos, además, en los que las justificaciones y las negaciones del terrorismo estatal del pasado y los proyectos de dominación del presente llevan un mismo hilo conductor: la marginalización de las mayorías. Tanto del proceso de toma de decisiones políticas como del goce de los derechos económicos y sociales de los cuales son titulares.

Y esa marginalización de las mayorías se compadece con un programa político que pretende restar crédito y legitimidad al activismo en derechos humanos. Un activismo que, en acción, ha demostrado poseer una fuerza nada desdeñable para cosechar apoyos y forjar convicciones.

El desafío actual, entonces, consiste en responder a las provocaciones e iniciativas de quienes buscan reducir el ámbito de influencia de los derechos humanos, que son los derechos de los más débiles en su interacción con los poderes, sean estatales o corporativos.

Sería conveniente que esas provocaciones e iniciativas encontraran un movimiento de derechos humanos ajeno a sectarismos y más bien propenso al diálogo, al debate y a la confrontación tajante de tesis cuando ello resultare necesario.

Un movimiento de derechos humanos que se reconozca parte de una sociedad abierta, heterogénea y plural, integrada por hombres y mujeres que pueden poseer otras perspectivas acerca del pasado en común. Algunas, inclusive, hasta antagónicas y contradictorias a las nuestras.

El problema no es menor. Sobre todo, cuando esas otras perspectivas se refieren a aspectos tan sensibles y dolorosos –para víctimas, deudos y ciudadanos– como el vinculado a los crímenes perpetrados en tiempos de terrorismo estatal.

Ahora bien. ¿Existe la posibilidad de convivir adecuadamente en el contexto de esa diversidad valorativa? ¿Puede, por acaso, ser el respeto por el dolor de los demás una base, mínima pero indispensable, para compartir una sociedad decente?

Convivir en una sociedad decente implica no trivializar ni relativizar el dolor de los demás. Significa, como base, dar por válida la información aportada por aquellos dos momentos fundacionales de la joven democracia argentina: la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y el Juicio a las Juntas.

Ambos momentos incidieron, de modo notable, en el restablecimiento de la validez de la ley y el Estado de derecho en la Argentina.

*Profesor titular de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)

El desafío actual consiste en responder a las provocaciones e iniciativas de quienes buscan reducir el ámbito de influencia de los derechos humanos.