De los proyectos a la acción

Nuestra región volvió a movilizarse esta semana en contra de las trampas mortales que son hoy algunos tramos de nuestras rutas, hartos de que tras décadas de promesas la situación sólo empeore.

San Martín de los Andes decidió declarar la emergencia vial en el corredor de la Ruta 40 que recorre 15 kilómetros en su ejido, tras la muerte de dos mujeres en un siniestro de tránsito. Reclamó varias obras para prevenir los numerosos siniestros que han ocurrido en la zona, donde se mezclan el tránsito interurbano con el turístico.

En Río Negro, con reclamos similares, se produjo una movilización de los vecinos de Darwin, que reclaman acciones a las autoridades provinciales y Vialidad Nacional, luego de que un joven de 16 años falleciera tras ser atropellado por un vehículo que transitaba a alta velocidad.

Las acaloradas discusiones en ambos casos revelaron la diferencia de criterios entre vecinos, municipios, provincias y autoridades nacionales sobre las obras necesarias y acciones para mejorar la situación.

Estas situaciones revelan las enormes dificultades que existen en nuestro país para mejorar la siniestralidad vial. No es casualidad que mientras otros países han disminuido entre el 60 y 80% las víctimas fatales en situaciones de tránsito, las cifras en Argentina se hayan mantenido casi inalterables en los últimos 25 años, entre 7.000 y 8.000 fallecidos por año, sin contar los lesionados graves y los multimillonarios daños al patrimonio privado y público. Sólo en el primer trimestre de este año 19 personas perdieron la vida en las rutas de Río Negro y Neuquén.

La organización Luchemos por la Vida señala tres factores clave para que esta situación no haya mejorado: en primer lugar, conductores temerarios y agresivos que tienden a ignorar las reglas de tránsito cuando ellas no favorecen sus intereses inmediatos; a esto se suman una infraestructura vial obsoleta en gran parte del territorio nacional y “la carencia de un sistema de controles aceitados y sanciones eficaces, reales y concretas, que aseguren ciertas medidas básicas y elementales” de seguridad, señaló el titular de la organización, José Silveira.

Todas estas características se pueden verificar en nuestra zona. Con un crecimiento explosivo del parque automotor y la incorporación masiva de nuevos actores como las motos y bicicletas, las rutas de la región, que en numerosos casos atraviesan las zonas urbanas, han quedado sobrepasadas hace años. El propio ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, admite que la situación vial en Argentina es “catastrófica” y prometió urgentes inversiones en infraestructura, que hasta el momento siguen en etapa de planificación.

Quizás el caso más ilustrativo sea el de la Ruta 22, una de las más mortíferas del país. Hace décadas que se sabe de la necesidad de su ampliación, pero después de cinco administraciones nacionales se siguen discutiendo aspectos de su traza, modalidad de ampliación y obras complementarias para poco más de 100 kilómetros de vía. La superposición de jurisdicciones nacional, provinciales y municipales hacen lentos y engorrosos los esfuerzos de mejora. Ahora el gobierno propone un sistema de concesiones privadas para acelerar las obras entre Chichinales y Dorrego, lo que traerá no pocas polémicas.

Mientras tanto, es habitual ver que en las rutas nacionales provinciales importantes se violen los límites de velocidad, se realicen sobrepasos imprudentes, se ignore la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad o casco, se maneje hablando por celular y no se respete la prioridad de los peatones en los cruces. Los “sistemas de controles aceitados y sanciones eficientes” brillan por su ausencia. Río Negro propone ahora crear una Justicia administrativa específica para el tránsito. Otro proyecto.

Mientras las autoridades de los tres niveles del Estado sigan preocupadas en eludir responsabilidades, repartir culpas y reaccionar sólo con medidas para un futuro sin definir, situaciones como las de esta semana seguirán repitiéndose, con el consiguiente costo en vidas humanas y materiales para nuestras comunidades.