Otra oportunidad para Colombia

Editorial

Los negociadores del proceso de paz colombiano parecen haber escuchado el mensaje de las urnas, y presentaron esta semana una nueva propuesta para terminar con el conflicto armado más antiguo del continente, que ha dejado más de 200.000 muertos y millones de desplazados.

Terminar con más de cinco décadas de violencia, que han dejado profundas heridas en la sociedad colombiana, no será una tarea sencilla, como demostró el rechazo que sufrió hace 40 días el primer pacto entre el gobierno y el principal grupo guerrillero, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El sorpresivo triunfo del “no”, que amenaza con derrumbar más de tres años de intensas negociaciones, obligó a replantear el documento.

El nuevo texto realizó modificaciones a 56 puntos que habían sido cuestionados por los opositores al documento, luego de una ronda de consultas en la que participaron más de 500 propuestas de iglesias, organizaciones sociales, familiares de víctimas de la violencia y partidos políticos, entre otros.

La mayoría tiene relación con la sensación de impunidad para varios crímenes de guerra cometidos por los grupos guerrilleros, como la eliminación de jueces extranjeros en los tribunales que deberían juzgarlos y el recorte a las posibilidades en donde los condenados podrán cumplir sus sentencias y la eliminación de un “fuero especial” al margen del Tribunal Constitucional, que había logrado la guerrilla al plantear someterse a una “justicia transicional”.

También se eliminaron los cupos “garantizados” en cuerpos electivos de municipios y el congreso a la organización desmovilizada, y se restringirá la participación política de líderes rebeldes en zonas afectadas por el conflicto, para no condicionar a los electores de esas localidades, que podrían sentirse intimidados.

Sin embargo, mantiene la posibilidad de que participen en política ya que “precisamente el acuerdo es que dejen las armas y puedan hacer política dentro de la legalidad”.

Además, se exige al grupo armado la entrega de bienes para reparar a víctimas de la violencia para conservar los beneficios del acuerdo, entre otros aspectos.

Aunque el gobierno confía en que las modificaciones lograrán el respaldo de muchos sectores que en el anterior plebiscito apoyaron el rechazo y que este será el “acuerdo final”, la pelota vuelve ahora al campo de los ciudadanos. Por ahora, no se sabe cuál será el mecanismo de refrendación del nuevo documento. El gobierno y las FARC publicarán en su totalidad el documento enmendado para que sea revisado por todos los actores sociales antes de definirlo. También señalaron la posibiliad de realizar “cabildos abiertos” en varias ciudades como forma de legitimar el texto antes de someterlo a votación.

Los partidarios del “no”, entre ellos el partido del popular expresidente Alvaro Uribe, pidieron que no se plantee el texto como definitivo y desean revisarlo en detalle.

Aunque es probable que las modificaciones atraigan mayor respaldo y dividan a los opositores moderados y “duros” al acuerdo con la guerrilla, el éxito no está garantizado para el presidente Juan Manuel Santos, que además se ha visto complicado por un inesperado problema de salud. En la anterior consulta fueron claves para la derrota del “si” una elevada abstención electoral y una fuerte sospecha de muchos ciudadanos hacia las verdaderas intenciones de los rebeldes. Para muchos, además, la urgencia de un acuerdo no es tan palpable. Por eso el rechazo al primer pacto fue más importante en sectores urbanos donde hace años no se vive con intensidad el conflicto, mientras que las zonas rurales más afectadas por la violencia se pronunciaron masivamente por el “sí”.

Superar la desconfianza, movilizar a la sociedad mediante información certera y extendiendo las redes de apoyo político serán los desafíos del nuevo proceso, donde Argentina ha estado fuertemente involucrada tanto en las negociaciones como en el aporte de fuerzas de paz en el futuro, que será clave para la paz y la seguridad de toda la región.