Análisis: las incógnitas que deja el “Día D” en Cataluña

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Tras meses de tensión e incertidumbre, las decisiones de Cataluña y Madrid cerraron algunas de las incógnitas abiertas, pero dejaron flecos sueltos sobre el futuro de la crisis.

El “Parlament” catalán aprobó iniciar un proceso hacia una república independiente y Madrid respondió con la destitución de todos los miembros del Gobierno catalán, así como con la disolución de la Cámara catalana y la convocatoria de elecciones el 21 de diciembre.

La comparecencia de Rajoy en el palacio presidencial de La Moncloa al término de una jornada vertiginosa aclaró algunas de las dudas que planeaban en torno a la crisis secesionista, como la fecha de los comicios regionales.

Sin embargo, todavía quedan más interrogantes que certezas. El principal: cómo se materializará la destitución del jefe del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, y de todo su gabinete.

Según explicaron a DPA fuentes de Moncloa, el cese de los responsables públicos se hará efectivo cuando el decreto que lo recoge se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo cual se producirá previsiblemente en las próximas horas.

Destituido el Gobierno y disuelto el “Parlament”, será difícil que Cataluña continúe su ruta independentista. Sin embargo, tampoco resultará fácil a Madrid implementar la hoja de ruta que trazó hoy y habrá que esperar para ver en qué medida tiene éxito.

Entidades civiles soberanistas y fuerzas como la anticapitalista CUP (Candidatura de Unidad Popular) tienen un gran poder de convocatoria que volvieron a demostrar hoy, cuando miles de personas celebraron en las calles de toda Cataluña la votación en el “Parlament”.

En particular la CUP, que apoya al Gobierno de Puigdemont en el Parlamento, llamó ya a responder con “desobediencia civil masiva” a la intervención de la autonomía. El “Govern” aseguró además que sus funcionarios se negarán a obedecer “órdenes de Madrid”: un boicot que dificultaría cualquier control de la administración.

El propio Puigdemont, antes de que Madrid aprobara su destitución, proclamó entre ovaciones: “Vienen horas en las que tendremos que mantener el pulso de este país, tendremos que mantenerlo en el terreno de la paz, el civismo y la dignidad”.

En la actualidad, sólo un 9% de los funcionarios de Cataluña, es decir unas 26.000 personas, corresponden a la administración del Estado central.

Según el diario El País, el Estado dispone allí de 842 jueces y de apenas 5.900 miembros de las fuerzas del orden, frente a los 16.000 efectivos de la policía regional, los Mossos d’Esquadra.

Esto explica que el gobierno central tuviera que enviar de refuerzo a unos 10.000 guardias civiles y policías nacionales, muchos de ellos alojados en barcos frente a los puertos de Barcelona y Tarragona.

En esta región de 7,5 millones de habitantes, la presión callejera de los simpatizantes del independentismo es habitual.

El colectivo “En peu de pau” (En pie de paz, en catalán), ha difundido una serie de consignas en las que detalla toda una “estrategia no violenta de liberación”: lanzar campañas de no-cooperación, a través de huelgas y boicots, o de desobediencia civil, que asuman el hecho de incurrir en ilegalidades.

En Cataluña trabajan un total de 304.000 funcionarios, de los cuales 167.000 dependen del órgano regional de gobierno, la Generalitat, y 84.000 de los ayuntamientos. Desde su posición, muchos de ellos podrían mostrarse reticentes a cumplir las directrices llegadas desde Madrid.

“No reconoceremos que se vulnere el autogobierno de las instituciones catalanas (…) Nosotros como sindicato no vamos a reconocer la legimitidad de estas autoridades” designadas por Madrid, dijo a AFP Marc Casanova, portavoz del sindicato IAC, mayoritario entre los funcionarios de la Generalitat.

La resistencia podría venir igualmente de los bomberos. “Si cortan (los manifestantes) una carretera y nos piden desbloquearla, puede que no respondamos”, explicó uno de ellos a AFP bajo anonimato.

Otro escollo es la toma efectiva de control de los Mossos d’Esquadra, que tienen muchas competencias, desde el orden público en el día a día hasta las investigaciones en materia antiterrorista.

“¡Claro que no es fácil ni agradable! Sería traumático, porque no estaría bien visto que viniese un policía o alguien externo a asumir el control de los Mossos”, aunque sea unos meses, dijo a AFP Ramon Cossío, portavoz del sindicato de policía nacional SUP, mayoritario.

Pero tampoco el campo soberanista se encuentra en una situación clara. Una de las incógnitas de la jornada es si la Cámara catalana declaró o no hoy la independencia, pese a que así lo recogieron muchos medios españoles e internacionales.

La resolución aprobada gracias a la mayoría de los partidos separatistas instaba al “Govern” catalán a abrir un “proceso constituyente “para crear una república independiente. Sin embargo, esa alusión a la república independiente en concreto no se votó, ya que estaba incluida en la parte expositiva del texto.

Según analistas y medios, esta ambigüedad forma parte de la estrategia de los independentistas, que buscaron una fórmula para evitar posibles consecuencias penales. Además, el voto en el “Parlament” fue secreto, por lo que no se puede probar quién dijo “sí” y quién dijo “no” a la iniciativa de los secesionistas.

En cualquier caso, ni la resolución se podrá hacer efectiva ni la comunidad internacional dejó entrever ninguna intención de reconocer una “república catalana”.

“España sigue siendo nuestro único interlocutor”, dijo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. “Cataluña es una parte integral de España y Estados Unidos apoya las medidas constitucionales tomadas por el Gobierno español para mantener España fuerte y unida”, manifestó el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, calificó la votación en el “Parlament” de “acto delictivo”. Así lo vio también la Fiscalía General del Estado, que prepara querellas contra Puigdemont y otros líderes soberanistas por rebeldía, un delito castigado con hasta 30 años de prisión. La posible detención del “president” es otra incógnita que se resolverá los próximos días.

En medio de una tensión inédita, el rey Felipe VI canceló hoy su agenda de la próxima semana.

Otra señal de la expectativa con que España entre en terreno desconocido y abre un nuevo capítulo en una crisis que preocupa en toda Europa.