Madrid complicó la consulta en Cataluña, pero suma rechazos

El gobierno español infligió un duro golpe al proyecto de referéndum de los independentistas catalanes, pero se encontró ante una creciente indignación en esta región que cerró filas contra el poder central.

Después de que la Guardia Civil detuviera a 14 altos cargos del gobierno regional e incautara casi 10 millones de papeletas de voto, el vicepresidente regional Oriol Junqueras reconoció que la organización del referéndum del 1 de octubre quedó alterada.

Pero la arremetida del poder central provocó que amplios sectores de esta región, dividida sobre la secesión, cerraran filas, con miles protestando en la calle por segundo día. “El sentimiento contra el PP es uno de los factores de movilización más importantes en Cataluña”, subraya Oriol Bartomeus, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona. “La logística del 1 de octubre está rota, pero el malestar ciudadano es enorme”, advertía La Vanguardia, periódico catalán contrario a la independencia. “Muchos ciudadanos ajenos al soberanismo sienten un profundo disgusto en estos momentos”, añadía. Agregó la situación sería distinta “si la necesaria exigencia de cumplimiento de la ley hubiese ido acompañada de una sincera oferta de diálogo político”.

Mariano Rajoy repite que, una vez haga respetar la ley impidiendo este referéndum prohibido por la justicia, está dispuesto al diálogo con Barcelona. Pero su margen de maniobra es estrecho ante el ala dura del PP y otras regiones de España hostiles a las reivindicaciones catalanas.