Jubilados a Finlandia

El titular del Anses ha concluido que las jubilaciones en nuestro país son de las más altas de mundo y que tenemos un régimen similar al de Finlandia. Estas comparaciones recuerdan a las de un ministro del gobierno anterior que comparaba la pobreza argentina con la de Alemania. Tal vez la intenciones finales en cada caso sean diferentes, pero las comparaciones por cierto resultan por lo menos disparatadas.

En realidad un breve repaso del sistema de la seguridad social nos muestra que se trata de un conjunto de prestaciones del Estado cuya finalidad es evitar desequilibrios económicos y sociales, tanto para jubilados como para argentinos en situación de vulnerabilidad mediante prestaciones médicas por enfermedad, accidentes, desempleo, etcétera. En materia jurídica como política hay consenso internacional en considerar la seguridad social como un derecho humano, reconocido en el artículo 14º bis de nuestra Constitución. Se trata nada más ni nada menos que de un instrumento de redistribución de riqueza, donde todos aportamos para repartir al conjunto. Es vital para el sostén del sistema una administración eficiente del mismo, lo cual implica manejar no sólo sus variables económicas, sino la rentabilidad de los cuantiosos recursos administrados. La actual gestión otorgó una reparación histórica reconociendo la fórmula de actualización establecida por la Corte Suprema con el fin de concluir los juicios en marcha que reclamaban ese reconocimiento. Por cierto ello impactó en los recursos de Anses, pero no para afectar el sostenimiento del sistema estatal.

Las reformas en marcha –el primer paquete, el siguiente se ensayará el año entrante– apuntan a modificar el régimen de actualización jubilatoria y aumentar la edad del retiro. Se pretende un ahorro de aproximadamente 7.000 millones de dólares anuales, lo cual casualmente mejora las posibilidades de pago de los servicios (intereses) de deuda pública. La modificación de la base de actualización de las jubilaciones y prestaciones de la seguridad social ha sido un reclamo incesante de los técnicos del FMI que han desembarcado nuevamente en la Argentina, abriendo hace pocos días oficinas en Buenos Aires.

La baja de los aportes patronales que integran el paquete de reformas va acelerar el desfinanciamiento del sistema previsional –al igual que ocurriera cuando se hizo durante la gestión de Cavallo– restando sólo el abordaje final al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para colapsar aquel.

El FGS es un fondo soberano de inversión compuesto por distintos activos: bonos del Estado argentino, plazos fijos, fondos comunes de inversión, acciones de grandes empresas que antes eran de las AFJP y luego de la estatización del sistema pasaron al Anses incorporadas al fondo. Este último invirtió también en proyectos productivos para empresas privadas y en recursos para el programa de primera vivienda (Procrear).

¿Cuál ha sido el resultado económico de ese fondo hasta diciembre del 2015? Según la web de Anses, cerca de u$s 63.000 millones, que disminuyó sobre finales del 2016 a u$s 55.000 millones (informe de cuarto trimestre del 2016). Ya se han vendido distintos grupos de acciones del fondo y este proceso no será detenido.

El proyecto de reforma segmenta además el monto de las jubilaciones de acuerdo a la cantidad de años de aportes realizados: para poder llegar a acceder al 82% del salario mínimo, vital y móvil se requerirán 30 años de aportes.

El ministro de Economía y economistas cercanos al gobierno ya hablan de la quiebra de sistema preparando el escenario para la irrupción del verdadero modelo previsional argentino: el sistema mixto con la irrupción de las AFJP. Convivirá el Estado
–con un sistema desfinanciado– y las AFJP prometiendo paraísos soleados para el final de nuestra vida. Ese proyecto se estudia desde hace varios meses en el ámbito gubernamental, incluso con actores privados interesados en el negocio, tanto nacionales como extranjeros.

Así, el cambio se presenta cuando por fin se llega a ser lo que se es, no cuando se trata de ser lo que no se es, dado que las cosas cambian en realidad cuando son descubiertas.

*Abogado. Docente de grado y posgrado de la Facultad de Economía de la UNC

Hay consenso internacional en considerar la seguridad social como un derecho humano, reconocido
en el artículo 14º bis
de nuestra Constitución.