Con críticas aprobaron las leyes orgánicas del Poder Judicial y el Ministerio Público

Se aprobó hoy en la Legislatura en Viedma la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, definida por el oficialismo como “otro paso para la puesta en vigencia en Río Negro del nuevo Código Procesal Penal”. Junto a ésta avalaron también la reforma de la ley de Ministerio Público y de varios artículos del Código Procesal Penal.

El bloque de JSRN, al que pertenece la legisladora Tania Lastra, quien encabezó la comisión interpoderes que trabajó las modificaciones, valoró la decisión porque “va a simplificar los procesos al ir hacia el sistema procesal penal acusatorio (…) será el fiscal el que estará a cargo de la investigación, quedando la intervención de los jueces en lo estrictamente jurisdiccional”.

Los cambios

Con voto de la mayoría, entre los cambios, indicaron, se impulsó la creación de tres órganos jurisdiccionales que se incorporarán a la estructura del Poder Judicial, que son el Tribunal de Impugnación, el Foro de Jueces Penales y los Juzgados de Ejecución.

Lastra explicó que “el Tribunal de Impugnación es el cuerpo competente para resolver las impugnaciones en materia penal de toda la Provincia, el cual realizará la revisión ordinaria de sentencias definitivas”. Estará integrado por tres jueces seleccionados por sorteo, cuyo “asiento de funciones” será “la capital de la Provincia con alternancia en su constitución en la jurisdicción de ocurrencia del hecho”.

Habrá, además, en cada circunscripción judicial, un foro de jueces penales, con sede en las ciudades cabeceras de cada circunscripción. Estos se dividirán en “jueces de juicio” y “jueces de garantía”, que dividirán las responsabilidades para “evitar la desproporcionalidad en el cúmulo de tareas”, explicó Lastra.

Respecto a los primeros “actuarán de manera unipersonal en los juicios correccionales, en el control de la acusación, en las impugnaciones de las decisiones tomadas y en los juicios por jurados. De manera colegiada actuarán en los juicios orales y públicos, optimizando la intervención de los jueces en las distintas etapas del proceso”.

Por otro lado, los jueces de garantía “intervendrán en toda la etapa preliminar y en las solicitudes de suspensión de juicio a prueba”, además del “control del seguimiento de la suspensión del juicio a prueba”.

Las críticas

El bloque AFPIR y el FpV, por su parte, criticaron los tres proyectos presentados por el Ejecutivo y reclamaron darle más tiempo al debate, además de sumar los posicionamientos de organizaciones civiles.

Frente a eso Lastra recordó que “se trabajó más de un año y medio, con distintos foros y espacios de análisis, luego de los cuales envié el proyecto a todos los representantes de la oposición, y no recibimos ningún aporte de parte de ellos”.

El reclamo de Rochas

Según informaron desde la Legislatura, durante el debate, “el parlamentario Nicolás Rochás (FpV) denunció que junto a su par de bancada Alejandro Ramos Mejía, fueron impedidos de ingresar a la sede en ocasión del tratamiento de estas cuestiones en la Comisión de Constitucionales”.

La situación, señaló, “fue el motivo del retiro de los integrantes de su bloque que se encontraban presentes en la reunión que se realizaba en la Casa”.

Frente a la acusación, el presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, ordenó un sumario para establecer la veracidad y determinar las responsabilidades de los hechos denunciados.