Confirman el inicio de la investigación por la denuncia contra Sapag y Coco

El Ministerio Público Fiscal informó que mantendrá reuniones con autoridades de los organismos que trabajan en el análisis de datos para prevenir el lavado de activos.

El fiscal jefe Pablo Vignaroli informó que en los próximos días mantendrá reuniones con autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) en el contexto de la investigación preliminar que se abrió por la denuncia publicada por el diario “El País” y que involucra al exgobernador Jorge Sapag.

La publicación del diario español, el viernes, dio cuenta de una maniobra para depositar 5 millones de dólares provenientes de supuestos sobornos en la Banca Privada de Andorra. Ese mismo día, Sapag presentó una nota en la sede del Ministerio Público Fiscal de Neuquén en la que solicitó ser investigado por el contenido de la publicación.

“Hemos decidido abrir una investigación preliminar”, indicó el fiscal jefe. “El objetivo es determinar la existencia o no de un delito. También habrá que determinar si ese delito, en caso de existir, lo debe investigar la justicia provincial o la justicia federal”, especificó Vignaroli.

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Indicó que en los próximos días mantendrá reuniones con autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información para prevenir el lavado de activos. Lo mismo hará con las autoridades de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos).

“La intención de estas reuniones, es poder coordinar con estos ámbitos el intercambio y el análisis de información vinculada a la denuncia efectuada”, explicó.

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Según la publicación del diario español, en agosto de 2008, la Banca Privada de Andorra, rechazó la apertura de dos cuentas a Jorge Sapag y a suexministro de Energía, Guillermo Coco, por un total de 5 millones dólares.

Los fondos, de acuerdo a “El País”, tendrían origen en comisiones y regalías de intermediaciones en las renegociaciones de las concesiones petroleras. La apertura fue rechazada tras calificar a Sapag “Persona Políticamente Expuesta (PEP)”.

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