Ratifican la reforma procesal penal desde marzo en Río Negro

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini, ratificó la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal para 1 de marzo próximo, abriendo la posibilidad de que se puede comenzar aún faltando cosas y cumpliendo escalas en su implementación.

Enfatizó en la capacitación, el sistema de video y la informatización para el inicio, y recordó que la reforma de 1988 se aplicó cuando “no se tenía absolutamente todo y salimos adelante”.

En marzo, según la ley, se implementará la reforma general y en el 2017 se sumará el juicio por jurados y sobre ese aspecto comenzó la entrevista con “Río Negro”.

P- ¿Se llega a marzo para la aplicación de la Reforma Procesal Penal?

R- Se está con buen ritmo en la capacitación. Hay un cambio de roles: un fiscal de investiga, y un juez que vela por las garantías y juzga. Se necesita una capacitación especial porque no es la misma oralidad y se requiere una estrategia.

P- ¿Y en lo edilicio?

R- Se deben readecuar los espacios pero hay que tener edificios para sacar la gente mientras se realizan las obras. Eso implica alquilar y ver la oferta del mercado. Estamos tratando que los tiempos sean razonables

P- La Justicia logró una ley especial para agilizar esas contrataciones. ¿Igual hay problemas?

R- Sí, la ley facilita contratar y acortar los tiempos pero cuando salís al mercado hay ofertas con valores que no puede pagar el Estado o no hay edificios…

P- Entonces se está en problemas…

R- Hay que hacerlo por escala o etapas. Fui funcionaria cuando se aplicó la reforma en el 1988 –que dejó el escrito total– y no se tenía absolutamente todo y salimos adelante. No debemos movernos de los objetivos. La pregunta si llegamos también se instala en los operadores de la Justicia entonces hay un achanchamiento y nadie se pone las pilas para llegar.

P- ¿Qué quiere decir?

R- Para marzo debemos tener la capacitación de funcionarios y magistrados, y lo medular de los equipos de videos y sonidos de las audiencias, con sus resguardos. Se trata del andamiaje de informatización y digitalización total.

P- También faltan aprobar leyes…

R- Sí. Ya está casi concluida la reforma de la ley Orgánica del Poder Judicial, y quedan la del Ministerio Público y de la Policía. Ahora, hay una estructura idéntica pero en lo penal ya no habrá organización jerárquica o de grado. Serán funciones, no cargos. Las decisiones se impugnan, y los recursos serán impugnaciones.

P- ¿Qué ocurrirá con el personal de los juzgados penales? ¿Pasarán al Ministerio Público, que requerirá nuevos agentes?

R- El Ministerio tendrá que decidir qué gestión llevará adelante. Ya nos reunimos con el personal de los juzgados. Todos tienen su lugar en la oficina judicial, no necesariamente se tienen que ir, pero será un trabajo distinto. Se dedicarán a organizar audiencias y tareas de los jueces. Igual, hay necesidades en todos los fueros. Primero, deberán saber de qué se trata, y habrá algún tiempo de prueba y ensayo.

P- ¿Por qué alude a la gestión que debe resolver la Procuración?

R- El código define funciones para los fiscales, pero resta cómo las organizan, quién va a investigar. Eso debe preguntarle a la Procuradora. El 75% del proceso penal –acusación, prueba y defensa– está a cargo del Ministerio Público, con un gran complemento de la Policía.

P- ¿Y el STJ no tendrá opinión en esa organización?

R- Lo tendrá en la Comisión Interpoderes, que es para consensuar. En lo personal, el Ministerio Público debe ver que la implementación no fue fácil en ningún lugar y la policía judicial debe ser gradual. Hay que prepararla y gestarla. No vamos a tener de acá a marzo a la policía judicial.

Roles y cambios

en los tribunales

Las modificaciones principales que se vienen, explicadas por Piccinini, serán:

“Un fiscal que investiga, y un juez que vela por las garantías y, luego, juzga”.

“Se termina el papel. El único papel será un pequeño legajo para identificación de testigos y domicilios”.

“No habrá jueces de primera instancia y camaristas. Serán aglutinados en un foro para asignarlos como jueces de garantía, juicio o impugnación”.

“Sólo habrá un tribunal permanente y será de impugnación. Se ocupará de los recursos de casación en hechos y pruebas, que hoy resuelve el Superior Tribunal de Justicia”. Este cuerpo mantendrá la resolución de las cuestiones de fondo.