Impulsan un registro de antecedentes por violencia de género para funcionarios
La propuesta es del Frente de Mujeres de La Cámpora en Río Negro en el que participan concejales. Piden además la renuncia de Rubén López.
Impulsan un registro de antecedentes por violencia de género para funcionarios
A los pedidos de partidos políticos y organizaciones por el desafuero y renuncia del legislador Rubén López, denunciado por abuso sexual, se sumó el Frente de Mujeres de La Cámpora que además promovió la creación de un registro provincial de antecedentes por violencia de género y familiar.
El sector que integran entre otras las concejales Ana Marks de Bariloche, Veronica Mort y Verónica Porrino de Choele Choel, y Ornella Maglione de Cinco Saltos, consideró que “ningún funcionario público, de ningún poder del Estado, debe permanecer en su cargo cuando está acusado de abusar o ejercer violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes”.
López fue denunciado en diciembre del año pasado por una joven de 19 años quien lo señaló junto al exfutbolista Luis Abramovich como autores de un presunto abuso sexual que sufrió tras un evento el 19 de noviembre pasado.
El Frente de Mujeres repudió públicamente la respuesta del gobernador Alberto Weretilneck “que relativiza la magnitud del delito en cuestión manifestando que ‘es un tema privado, no político”, señalaron en un comunicado de prensa y agregaron que “contrario a esto, afirmamos que la violencia contra las mujeres en todas sus formas es un problema público, no sólo porque el acusado es un funcionario de gobierno, sino porque todos y todas somos parte de los mecanismos de reproducción de este flagelo. Los intentos de justificación, además de volver cómplice a quién los pronuncia, muestra a las claras la naturalización de la violencia y la desigualdad que sufrimos a diario las mujeres”.
La agrupación anticipó que impulsará al bloque Frente para la Victoria un proyecto de ley que propone que “para el acceso a un cargo de funcionario público de rango jerárquico, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, será una condición necesaria y obligatoria no contar con sentencia desfavorable por casos vinculados a violencia contra una mujer, niños, niñas y adolescentes, como a cualquier miembro de su familia”.
La iniciativa agrega que cuando el autor con sentencia desfavorable “sea un funcionario público en ejercicio de sus funciones, será destituido del cargo e inhabilitado para el desempeño de cargos públicos por el doble de tiempo que el de la condena que le correspondiere”.
El proyecto establece que la autoridad de aplicación será el Consejo Provincial de la Mujer y que deberá otorgar un certificado de antecedentes de violencia en razón de género y familia, que tendrá un costo y esos fondos serán destinados a la creación y construcción de hogares de refugio de emergencia para las mujeres víctimas de violencia.
Además proponen la creación del Registro Provincial de Antecedentes por Violencia de Género y Familia, en el ámbito del Consejo Provincial de la Mujer.
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