A Octavio “Tano” Gigli no le creen que desconocía que lo buscaban

“Sabiendo que hubo un hecho violento en su casa desapareció. Salió del país ilegalmente, usó documentos falsos y cambió su identidad. Si en el inicio de la investigación intentó y logró eludir el accionar de la justicia ¿por qué en la actualidad, y ante este grave reproche que pesa sobre él, su actitud habría de ser distinta?”, analizó ayer el juez de revisión Daniel Tobares antes de confirmar la prisión preventiva de Octavio Gigli, cuyo defensor había insistido con que el imputado por el crimen de Guillermo Martínez, no sabía que lo estaban buscando. De todas maneras el tiempo de la medida cautelar se redujo de 18 a seis meses.

Visiblemente más inquieto que en la audiencia del viernes, Gigli le hizo varias indicaciones a su defensor Miguel Salomón, que ayer reiteró el pedido de prisión domiciliaria, cuestión que fue desestimada por el juez Tobares.

“Mi cliente nunca estuvo profugado. En ningún momento sabía que lo estaban buscando ni por qué lo buscaban”, lanzó Salomón, en línea con lo que había dicho el viernes.

Pero ni el fiscal Luciano Garrido ni el juez Tobares no le creyeron.

Garrido puso al tanto al magistrado de algunos detalles de la investigación. Dijo que Martínez fue asesinado en la casa de Gigli de siete puñaladas, algunas de ellas en el corazón, con un cuchillo (una hoja de 15 centímetros de largo y tres de ancho) . Agregó que “a sabiendas” de lo que había ocurrido en su casa, Gigli se fue de la ciudad y de la provincia, escondió su camioneta, salió del país ilegalmente y cambió su identidad. “El riesgo de fuga sigue latente”, entendió el representante del Ministerio Público Fiscal antes de ratificar que para él eran suficientes seis meses de prisión preventiva.

Cuando le tocó el turno a la querella, los abogados Juan Alberdi y Darío Sujonitzky, reclamaron que se rechace cualquier tipo de morigeración sobre la medida cautelar y que se ratifiquen los 18 meses de prisión preventiva.

“Creo sinceramente que para una mejor administración de justicia y para garantizar el derecho del imputado y de los familiares de la víctima, resulta necesario revocar ese plazo, considerando razonable y suficiente el término de 6 meses peticionado por el fiscal”, sostuvo Tobares.

A partir de ahora corre un plazo de 4 meses para la conclusión de la investigación preparatoria y el eventual requerimiento de apertura de juicio de la fiscalía.

“Ambas partes tienen derecho a que esta causa se resuelva lo más rápido posible. Considero razonable el plazo de 6 meses”,

dijo ayer el juez de Revisión, Daniel Tobares.