Abren paso al proyecto para obligar a gremialistas a declarar sus bienes

Avanza la posibilidad para rediscutir la actual Ley de Ética Pública provincial y las exigencias en la presentación de las declaraciones juradas. Legisladores de distintos bloques coinciden en modificaciones, alentados recientemente por un proyecto de ATE, aunque parlamentarios justicialistas también reclaman que las declaraciones juradas sean públicas.

El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, elevó una iniciativa para que sea obligatorio presentar declaraciones patrimoniales para los secretarios generales de los gremios, y voluntario para los titulares de colegios y consejos de profesionales y referentes de organismos que representan intereses colectivos.

La iniciativa para que se modifique la Ley de Ética Pública equiparando la exigencia para esos referentes con la que actualmente pesa sobre los funcionarios públicos, no cayó bien, sin embargo, entre sus pares de otros sindicatos.

Varios gremialistas salieron al cruce rápidamente. El más crítico fue Juan Carlos Scalesi, de UPCN, quien descalificó a Aguiar.

“Primero que averigüe antes de hacer estas pavadas para la prensa. Yo hace años que presento mi patrimonio, en un momento porque fui diputado nacional y ahora porque mi señora es la Defensora del Pueblo y tiene que presentar los bienes propios y de toda su familia”, aseguró.

Recomendó a Aguiar “que le pida a Micheli o a Godoy -dirigentes nacionales de la CTA y ATE- que presenten sus declaraciones. Seguramente él, que no es nadie, le va a decir a un -Rubén- Belich lo que tiene que hacer”.

Por otro lado, Scalesi indicó que las declaraciones juradas “podrían ser públicas pero solamente para los afiliados, que son los que nosotros representamos”.

“Me jode un poco”

Quien sorprendió por las redes sociales al cuestionar la iniciativa de Aguiar fue la secretaria general de la seccional Viedma de la Unter, María Clara Busso. “No tengo problemas de mostrar mi declaración jurada. Gano exactamente lo que ganaría en la escuela, con la única diferencia que tuve que renunciar a mi cargo concursado en la UNRN”, afirmó.

Además detalló sus bienes (casa y auto) y sentenció: “la verdad, cuánto siento que nos quieran correr a todos poniéndose en puristas, me jode un poco”.

En términos similares, Pablo Barreno de Sitrajur, dijo no tener “problemas para publicar mi sueldo y mi patrimonio. De hecho dije cuánto gano y mostré mi recibo cuando el gobernador mintió al respecto. Sin embargo, creo que hay otros que tienen que dar más explicaciones que los representantes de los trabajadores”.

Agregó que “como sindicato no tenemos definición al respecto, y nunca lo hablamos con otros gremios, pero como secretario general, no tengo inconvenientes en mostrar mi patrimonio”.

Posteriormente Barreno envió copia de su recibo y comentó la vivienda y vehículo que posee.

Finalmente, el secretario general de la Asociación Bancaria y a su vez legislador, Rodolfo Cufré, sostuvo que desde que era secretario legislativo tiene obligación de presentar declaración jurada y que no se opone a que sea obligación para los gremialistas.

Tampoco rechazó de plano a que se permita la difusión pública de esos datos.

“Podrían ser públicas pero solamente para los afiliados, que son los que nosotros representamos”.

Juan Carlos Scalesi, secretario general de UPCN.

“Si es para lograr transparencia, nos parece positivo”

El FpV pide acceso público a los datos

Alejandro Marinao y Ariel Rivero presentaron este año un proyecto de ley para modificar la Ley 3550, en la cual incorporan la posibilidad de que la ciudadanía acceda a los datos que los funcionarios vuelcan en sus declaraciones juradas. Actualmente, esa información se mantiene lacrada en el Tribunal de Cuentas y sólo se verifica a pedido de la Justicia, ante alguna causa penal que lo requiera. Además, involucra a los funcionarios y magistrados de los tres poderes del Estado provincial. En sus fundamentos recuerdan que desde 2003 la ex legisladora y ex defensora del Pueblo, Ana Piccinini, impulsó la derogación de la ley 3550 por otra que propicie mayor transparencia y permita la difusión de los actos de gobierno.