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Milei, entre la competencia y el libre mercado

En el caso de los servicios monopólicos, no hay posibilidad de libre competencia. Se necesitaría del Estado que, con lapicera y cláusula contractual de recisión en mano, renegocie mejores condiciones.

En teoría económica no es lo mismo el “libre mercado” que la “libre competencia”. Podrán sonar como sinónimos, pero en realidad son conceptos bien distintos y, en algunos casos, hasta opuestos.

Para las ciencias médicas, hacer ejercicio regularmente es importantísimo para la salud mental y física; en economía moderna, el consenso es total respecto a que la libre competencia entre oferentes asegura un resultado óptimo para la salud del bolsillo de los consumidores. Ahora bien, por distintas razones, no siempre se puede lograr la libre competencia y en esos casos promover la “libertad de mercados” sería contraproducente para los consumidores.

Recientemente el presidente Javier Milei ha dado muestras de entender esas diferencias; se observó hace pocas semanas cuando el gobierno presentó una medida cautelar contra las prepagas de medicina por cartelización (o sea, por eludir la competencia); o cuando se anunció la apertura a la importación de 150 alimentos y productos básicos porque los oferentes locales no bajaban los precios (en otras palabras, si no compiten entre ustedes entonces compitan contra otros oferentes extranjeros).

Y es que en definitiva los precios de las “cosas” (sean bienes o servicios) son construcciones sociales, donde vendedores y compradores tiran de la frazada para llevarse la mejor tajada (unos desean precios altos y otros, precios bajos), y cuando el ámbito de esa puja es fértil para que se dé la competencia entre oferentes, los ganadores relativos son los compradores.

¿Qué argentino común no ha quedado atónito cuando luego de una llamada de amenaza de darse de baja, recibe un descuento del 70% en el precio del servicio de internet o telefonía? En seguida emerge la pregunta ¿entonces me estaban estafando hasta que se me ocurrió llamar? Estafa o no, lo que estaba sucediendo era que no nos habíamos percatado del poder que teníamos como consumidores hasta que hicimos el llamado, y estábamos pagando un precio muy alto por nuestra propia falta de acción de negociación, ya que la competencia entre oferentes haría el resto.

Actualmente el gobierno nacional propone una interesante discusión pública sobre dos ejes: los fondos de las universidades nacionales y las tarifas de los servicios públicos. En ambos casos hay que saber diferenciar claramente ¿quién lo paga? de ¿y cuánto sale?

En el caso de los fondos de las universidades no parece haber contrapunto en la primera de las preguntas: lo pagamos todos los contribuyentes con nuestros impuestos (hagamos uso directo o no de las mismas); pero la discusión que estaría planteando el gobierno es ¿y cuánto sale?, porque al igual que en el caso de los servicios de internet o telefonía, los contribuyentes podríamos estar pagando gastos abultados o ineficientes por el solo hecho de que nadie haga el llamado telefónico para amenazar darse de baja, o puesto en otros términos, se estaría forzando a que se dispongan auditorías para discutir en qué se gasta cada peso asignado.

Por el lado de los servicios públicos de gas o luz, estamos asistiendo a la decisión de un cambio sobre ¿quién lo paga?; antes gran parte del precio era abonado por el Estado (o sea, lo pagábamos todos los contribuyentes hiciéramos uso directo o no de los consumos) en forma de los famosos subsidios, dejando una parte menor a cargo de cada titular de los medidores; y ahora el Estado se estaría retirando de ese papel.

Pero la pregunta de ¿y cuánto sale?… no pareciera estar en la agenda pública. En este caso, como son servicios monopólicos per-se, no hay ninguna posibilidad de libre competencia, y el hecho que el consumidor hiciera la llamada amenazante de darse de baja para buscar un mejor precio… nadie lo creería, porque obviamente no hay a donde ir.

Se necesitaría del Estado que con lapicera y cláusula contractual de recisión en mano, tratara de renegociar mejores condiciones. Esperemos que el gobierno accione en ese sentido, en pos del bienestar de los consumidores. Tal vez hasta pueda conseguir un descuento del 70% en el precio.

* Economista. Docente UNComa.


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