Reforma reformada
Los economistas más prestigiosos del mundo concuerdan en que para que en la Argentina haya más empleos será necesario «flexibilizar» lo que es a su juicio un mercado laboral sumamente rígido, pero parecería que ni el gobierno del presidente Fernando de la Rúa ni la oposición consideran muy importante el asunto. Con naturalidad pasmosa, el presidente aceptó modificar la reforma que inicialmente tuvo en mente a cambio del dudoso privilegio de compartir una foto con gremialistas emblemáticos de reputación siniestra. En cuanto a los demás políticos, han aprovechado la ocasión para hacer gala ya de su lealtad hacia alguno que otro lobby, ya de su «sensibilidad» protestando contra la medida porque a su entender sería contraria a los intereses de los obreros, actitud que sólo tendría sentido si el statu quo que quisieran conservar fuera defendible.
Así las cosas, es de prever que cuando finalmente salga la «reforma» laboral, los cambios serán tan escasos que su incidencia en el mundo real sea apenas perceptible. Durante las próximas semanas, los senadores, es de suponer encabezados por el jefe del bloque peronista Augusto Alasino, se encargarán de «mejorarla» porque, según el controvertido entrerriano, es forzoso «aumentar el nivel de consenso» con miras a complacer a todas «las pymes y a las CGT del interior». Dicho de otro modo, Alasino y sus amigos se han propuesto demorar al máximo la aprobación del proyecto con la intención de usarlo como pretexto para «negociar» con distintas entidades que podrían ayudarlos en el futuro. Asimismo, prevén que al perder popularidad el gobierno a causa del «impuestazo», los réditos de oponerse a cualquier reforma de este tipo no podrán sino hacerse cada vez más deseables.
Desde el punto de vista de un político profesional, la táctica así supuesta podría considerarse astuta; desde aquélla de los preocupados por el panorama laboral que afronta el país, en cambio, será nefasta. Aunque nadie está convencido de que una reforma laboral auténtica constituiría una panacea que en seguida haría aumentar la oferta de trabajo, existen buenos motivos para suponer que serviría para poner fin a una situación que es francamente intolerable y que se caracteriza por la voluntad de virtualmente todos de creer que el mercado laboral está minuciosamente regulado, cuando en realidad lo que predomina es el desorden. La sensación de inseguridad generada por el exceso de reglas combinada con la extrema ineficiencia más la corrupción, para no hablar del éxito de los comprometidos con el statu quo al difundir la idea de que cualquier modificación tendría consecuencias desastrosas, está desmoralizando a los trabajadores, a los empleadores y a los inversores en potencia.
Es inevitable que políticos, sindicalistas y lobbistas sectoriales aprovechen toda ocasión que se presente para hacer valer su propio poder y para procurar incrementarlo, pero hubiera sido conveniente que dejaran de tratar la desocupación masiva como un mero pretexto para anotarse algunos puntos más. Por ser cuestión de un tema tan sensible, los «dirigentes» deberían manejarse con responsabilidad para hacer un esfuerzo genuino por comprender lo que está en juego. Claro está que muy pocos están dispuestos a actuar así. Desde que el gobierno de la Alianza se afirmó resuelto a cambiar legislación cuyas deficiencias difícilmente podrían ser más patentes, tanto oficialistas como opositores, sindicalistas como empresarios, están maniobrando con el propósito de quedar bien parados frente al resto del país. El resultado de esta comedia negra está a la vista: una «reforma» ya manoseada que, luego de haber pasado por el Senado, será todavía peor, que sin satisfacer en absoluto a los sindicalistas -la verdad es que ninguna ley laboral concebible podría merecer su plena aprobación-, no convencerá del todo a quienes están en condiciones de invertir y de este modo crear puestos de trabajo. Puesto que no hay otras «reformas» en trámite, el país tendrá que convivir varios años más con una variante del sistema que ya está vigente, lo cual quiere decir que es muy poco probable que la tasa de desempleo se reduzca mucho en el curso de la gestión delarruista.
Los economistas más prestigiosos del mundo concuerdan en que para que en la Argentina haya más empleos será necesario "flexibilizar" lo que es a su juicio un mercado laboral sumamente rígido, pero parecería que ni el gobierno del presidente Fernando de la Rúa ni la oposición consideran muy importante el asunto. Con naturalidad pasmosa, el presidente aceptó modificar la reforma que inicialmente tuvo en mente a cambio del dudoso privilegio de compartir una foto con gremialistas emblemáticos de reputación siniestra. En cuanto a los demás políticos, han aprovechado la ocasión para hacer gala ya de su lealtad hacia alguno que otro lobby, ya de su "sensibilidad" protestando contra la medida porque a su entender sería contraria a los intereses de los obreros, actitud que sólo tendría sentido si el statu quo que quisieran conservar fuera defendible.
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