Operativo sonrisa
Aunque a primera vista el decreto ya firmado por el presidente Fernando de la Rúa según el cual todos los empleados públicos están obligados a atender bien a los ciudadanos, tratándolos siempre con «el máximo respeto y deferencia», parece una innovación superficial de escasa importancia, a la larga podría tener consecuencias profundas por significar un cambio radical en la relación tradicional entre quienes representan al Estado y el resto de la población. Hasta ahora, dicha relación ha sido tan mala que en ocasiones pareció que el Estado libraba una extraña guerra contra los ciudadanos, quienes reaccionaban rehuyendo sus propias obligaciones, lo cual ha redundado en la situación a la vez grotesca y deprimente que todos conocemos. Es que aquí, lo mismo que en ciertos países del sur de Europa, muchos burócratas están acostumbrados a considerar a los demás como seres inferiores, subordinados, sin más derechos que los propios de los suplicantes. Por razones evidentes, esta actitud muy difundida ha incidido de manera sumamente negativa en la evolución, no sólo de la administración pública, sino también en la de la economía y de la sociedad en su conjunto.
Es legítimo esperar que al ser constreñidos a actuar como los «servidores» públicos que en efecto son, los empleados estatales, y también los de las empresas privatizadas que cumplen funciones comparables, dejen de considerarse integrantes de un grupo privilegiado que se siente más interesado en aferrarse a sus «conquistas» que en trabajar con un mínimo de eficacia. Es que la deficiente calidad de la administración pública en nuestro país puede atribuirse en buena medida a las actitudes corporativas de virtualmente todos los estatales. A raíz de su formación, y de la prédica perversa de políticos y sindicalistas emotivamente comprometidos con el statu quo antes de la ola de privatizaciones que se produjo en el curso de la gestión del presidente Carlos Menem, pocos realmente entienden que su misión no consiste en procurar humillar a los ciudadanos «comunes», haciendo lo posible para que cualquier trámite sea una suerte de carrera de obstáculos destinada a enseñarles que hasta los burócratas principiantes tienen más poder que sus «clientes», sino en esforzarse por eliminar dificultades para que el país funcione mejor. Al instaurar un régimen de premios y castigos, el gobierno ha dado un paso significante que bien podría convertir al Estado, del estorbo costosísimo que innegablemente es, en una parte fundamental de una nación en la que, por fin, los estatales y los ciudadanos privados jueguen en el mismo equipo.
Las distorsiones que pueden atribuirse al Estado instintivamente corporativo y autoritario, esta «máquina de impedir» que tantos han denunciado y cuyas raíces se remontan al imperio español, no sólo han perjudicado muchísimo al país al frenar el desarrollo de la economía, sino que también han resultado trágicas para los empleados públicos mismos, los que en muchas provincias conforman una especie de proletariado rencoroso totalmente desprestigiado de futuro incierto. Al actuar como si conformaran una casta superior, lo único que lograron fue convencer a los demás de su propia inferioridad, de ahí la reducción de los salarios de decenas de miles de personas. Aunque en buena parte del país los estatales siguen ganando más que muchos de calificaciones equiparables en el sector privado, ello se debe al escasísimo dinamismo de la economía en la mayoría de las provincias y al bajo nivel de instrucción de amplios sectores de la población. Para colmo, la reputación de los estatales es tan poco atractiva que escasean las personas capaces que soñarían con trabajar en el sector público, el cual se ha convertido en sinónimo de mediocridad y de falta de ambición.
Aunque la situación en Italia no es mucho mejor, tal imagen es típica del subdesarrollo, porque en los países líderes los empleados públicos, en especial los jerárquicos, suelen ser personas muy capaces, no meramente las que entienden que no estarían en condiciones de conseguir un buen empleo en el sector privado.
Aunque a primera vista el decreto ya firmado por el presidente Fernando de la Rúa según el cual todos los empleados públicos están obligados a atender bien a los ciudadanos, tratándolos siempre con "el máximo respeto y deferencia", parece una innovación superficial de escasa importancia, a la larga podría tener consecuencias profundas por significar un cambio radical en la relación tradicional entre quienes representan al Estado y el resto de la población. Hasta ahora, dicha relación ha sido tan mala que en ocasiones pareció que el Estado libraba una extraña guerra contra los ciudadanos, quienes reaccionaban rehuyendo sus propias obligaciones, lo cual ha redundado en la situación a la vez grotesca y deprimente que todos conocemos. Es que aquí, lo mismo que en ciertos países del sur de Europa, muchos burócratas están acostumbrados a considerar a los demás como seres inferiores, subordinados, sin más derechos que los propios de los suplicantes. Por razones evidentes, esta actitud muy difundida ha incidido de manera sumamente negativa en la evolución, no sólo de la administración pública, sino también en la de la economía y de la sociedad en su conjunto.
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