Luz verde de la Legislatura para el pago con bonos
La Legislatura le dio ayer el sí al gobierno provincial para pagar con bonos a los proveedores y los aguinaldos de los estatales correspondientes a este año. La emisión será de 35 millones de pesos y sólo contó con los votos de la Alianza.
VIEDMA (AV).- El gobierno rionegrino no tuvo inconvenientes ayer para superar la barrera legislativa en la creación de los nuevos bonos, aunque antes debió soportar un duro embate de la oposición que no acompañó la iniciativa destinada a atender compromisos salariales y terminar con reclamos administrativos y judiciales de los empleados y proveedores.
Un monto de 35 millones fue asignado a los bonos Río 1 (Clase III) para los aguinaldos de este año. Economía ya negocia con el Banco Río Negro SA por la cotización que ofrecerá esa entidad para el canje inmediato en pesos de estos títulos, a tres años y pagaderos en 24 cuotas a partir de la cuota 13. El valor de cotización rondará del 70 al 80%.
En la Legislatura, sólo levantaron la mano los legisladores aliancistas que en la cámara tienen el número suficiente que les otorga mayoría propia, pese a que faltaron Néstor Castañón y Olga Massaccesi.
Los certificados Río I Serie 3 serán emitidos hasta esa suma, y como habrá un excedente de unos 13 millones, servirán para cancelar obligaciones de origen laboral reclamadas mediante presentaciones administrativas y judiciales por parte de agentes públicos. También fueron incluídos en la nómina de futuros receptores, los retirados del decreto 7/97.
Durante las extensas exposiciones, el oficialismo le cerró el camino a la oposición para introducir modificaciones de último momento como la posibilidad de facilitarle a los empleados públicos que puedan cancelar deudas con Rentas de la provincia. El argumento que se usó fue que si se permitiese ese tipo de transacciones no se estaría atacando -por carencia de recursos- el problema del endeudamiento de la provincia.
Tampoco pudo excluirse a las mutuales, como lo pidió el legislador Guillermo Grosvald (Movimiento Patagónico Popular), para evitar que estas entidades reciban bonos Cedepir II. La Legislatura autorizó ayer la emisión de hasta 50 millones de pesos en ese título que irán a parar a manos de deudas como municipios, sociedades del Estado, entes autárquicos, proveedores, contratistas y prestadores de bienes y servicios. Parte de esa emisión servirá para cancelar las acreeencias que tiene la Federación Médica de Río Negro con el Ipross, en concepto de prestaciones del último trimestre del año pasado.
El informante de la mayoría, Walter Azcárate (Alianza), advirtió -buscando aliviar las críticas que se avecinaban- que «no estamos generando nueva deuda sino de un proceso de consolidación de la deuda flotante» aclarando que «no es la forma que más nos gusta pero la imposibilidad de contar con recursos hace que tengamos que recurrir a estos mecanismos» de pago.
Desde el peronismo se rechazó la iniciativa cuando Juan Bolonci inició el debate calificándola de una «mala herramienta que se utiliza para cerrar el déficit», mientras su par Silvia Jáñez, luego de tacharla de inconstitucional, afirmó que «cada vez que pagamos con bonos le volvemos a hacer una rebaja salarial» a los agentes estatales.
En su primer participación en el uso de la palabra, Grosvald observó que la emisión de títulos daba lugar a la creación de un empréstito y por lo tanto se necesitaba contar con los 2/3 de los 43 legisladores que componen la cámara rionegrina para darle su aval, de acuerdo a los preceptos constitucionales. El radical Luis Falcó, molesto por los cuestionamientos, negó que el Poder Ejecutivo actúe con soberbia.
Autorizan compra de máquinas viales
VIEDMA (AV).- La Legislatura creó ayer el Programa de Reequipamiento Municipal para la Prestación de Servicios y Ejecución de Obra Pública con el propósito de facilitar a los municipios rionegrinos la adquisición de maquinarias y equipos necesarios para la prestación de servicios públicos y realización de obras viales.
Una vez que el instrumento sea reglamentado, las comunas interesadas deberán suscribir un convenio con la provincia facultándola a ésta a retener de la Coparticipación Municipal los importes que correspondan a la operación. En ese acuerdo deberá figurar el equipamiento a adquirir, montos, formas y plazos de pago.
El ministerio de Gobierno será el organismo encargado de llevar adelante la iniciativa para la compra, sistema de «leasing» o cualquier otro mecanismo de contratación que aún debe definirse.
En los fundamentos se señala que el aporte de la provincia de su capacidad operativa, en la elaboración de pliegos de licitación, y con su poder de negociación potenciado a su vez por la modalidad de compra centralizada, «significará una posibilidad cierta para que las comunas logren superar la difícil situación, obteniendo mejores precios y condiciones de financiamiento».
Rechazo de los docentes
VIEDMA (AV).- El gremio docente Unter calificó de «reducción salarial encubierta» a la decisión legislativa de sancionar ayer una ley que le permite al Poder Ejecutivo emitir nuevos títulos para cancelar aguinaldos. De esta manera, el Poder Legislativo «no da ninguna muestra de autonomía política y queda al descubierto la falta de planificación con la que se maneja la cosa pública en la provincia», afirmó el secretario general, Daniel Gómez, al emitir un documento.
Interpretó que la emisión de los bonos «significará un endeudamiento de 85 millones de pesos que, seguramente, serán una limitante para la discusión del futuro presupuesto provincial».
En un rápido análisis efectuado por el gremio, se estimó que el trabajador estatal, en condiciones de retener los Bonos Río hasta el momento de inicio de los pagos deberá esperar 13 meses para comenzar a cobrar una 24 ava parte de lo que le correspondería cobrar, es decir que «en julio del 2001 cobrará el 4,5% de lo que tendría que cobrar en julio de este año».
VIEDMA (AV).- El gobierno rionegrino no tuvo inconvenientes ayer para superar la barrera legislativa en la creación de los nuevos bonos, aunque antes debió soportar un duro embate de la oposición que no acompañó la iniciativa destinada a atender compromisos salariales y terminar con reclamos administrativos y judiciales de los empleados y proveedores.
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