La acreditación de las carreras de abogacía
Martín Cabrera Mirassou *
Debemos tener en claro que la responsabilidad hacia la sociedad torna imperativo educar y formar a expertos en leyes, cuyas actividades impactarán directamente en la sociedad.
Acreditar o no acreditar? Esa no es la cuestión que nos debemos plantear, sino asegurarnos de garantizar que todas las carreras de abogacía en el país cuenten con una serie de estándares mínimos para lograr una educación de calidad de sus estudiantes y futuros/as profesionales.
Actualmente, el mecanismo que existe para ello es atravesar un proceso de evaluación y acreditación ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).
CONEAU es un organismo nacional, descentralizado, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Educación de la Nación. Busca mejorar la calidad de las carreras e instituciones universitarias por medio de la evaluación y acreditación de la calidad de la educación universitaria. Está integrada por doce miembros, que ejercen sus funciones a título personal y con independencia, a los cuales se suma un equipo técnico.
En el año 2017, la CONEAU convocó al proceso de acreditación a todas las carreras que otorgan el título de Abogado, esto es, cada carrera podía iniciar su acreditación en base a criterios comunes de contenidos curriculares básicos, carga horaria mínima y de formación práctica.
El Consejo de Universidades, el Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo Permanente de Decanos de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas participaron en la elaboración y consensuaron estos criterios comunes. Recordemos que el artículo 43 de la Ley de Educación Superior establece que la carrera es una cuyo ejercicio puede comprometer el interés público, poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes.
Los informes de acreditación ya publicados por el organismo, a los cuales cualquier interesado/a puede acceder desde la página web, nos indican las principales observaciones hechas a las carreras de abogacía, independientemente de su tamaño, ubicación geográfica o su carácter público o privado:
• Incrementar la participación de docentes y estudiantes en actividades de investigación, y mejorar la producción científica y la difusión de los resultados;
• Implementar actividades de extensión (son las que vinculan a la carrera con la sociedad y contribuyen a resolver problemáticas regionales en conjunto);
• Implementar y mejorar los mecanismos de apoyo con el fin de incrementar la tasa de graduación de la carrera y reducir los niveles de abandono;
• Fortalecer los programas de movilidad (estancias e intercambios de estudiantes y docentes a instituciones académicas de otros países);
• Estimular la participación de las/os docentes en actividades de actualización y perfeccionamiento en los aspectos pedagógicos.
Entonces, ¿qué significa para las carreras de abogacía atravesar por un proceso de evaluación y acreditación?
Lo más importante son las acciones de mejora que genera el proceso, más allá de la acreditación en sí misma. De esta manera, muchas carreras actualizaron y modificaron sus planes de estudio y multiplicaron sus actividades de investigación y extensión.
La evaluación externa de las carreras permite eliminar las prácticas endogámicas, promover la transparencia e igualdad de condiciones.
Por supuesto que se necesita también que los demás actores del sistema se involucren activamente en la capacitación de los profesionales, en el control del ejercicio de la profesión y en hacer cumplir los estándares más altos posibles en materia ética.
Este proceso lejos está de solucionar todos los problemas vinculados a la carrera de abogacía o el ejercicio de la profesión, pero debemos tener en claro que la responsabilidad hacia la sociedad torna imperativo educar y formar no solo a expertos en leyes, sino a personas que en un futuro serán abogado/as, jueces, fiscales, legisladores o ministro/as y cuyas actividades impactarán directamente en la sociedad.
Por ende, ¿tendremos mejores carreras de abogacía y profesionales con mayor compromiso social y éticos? Sí, y eso es lo que nos debe importar.
* Profesor universitario
