Video y rebelión de comerciantes: echaron a los inspectores pero igual les labraron un acta

La declarada rebelión de varios comerciantes de Roca quienes se niegan a respetar las restricciones establecidas en el último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), podría tener costos económicos muy altos. El sábado, varios de ellos prácticamente echaron a policías e inspectores de una céntrica confitería, aunque sus propietarios igualmente deberán abonar una suma que podría alcanzar los 165.000 pesos.

Según lo que se pudo observar a través de un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales, las acciones transcurrieron el sábado por la mañana. Ese día un grupo de inspectores de la Municipalidad llegó hasta la confitería Bonafide que se encuentra ubicada en calle Tucumán 468.

La intención era labrar un acta por la apertura del salón ya que sólo estaba permitida la venta en la puerta del céntrico local comercial. Pero apenas el personal municipal -que estaba acompañado por efectivos de la Comisaría Tercera- ingresó, un numeroso grupo de comerciantes llegó hasta el lugar y comenzó a increparlos.

Incluso una de las personas dijo que en algún momento «iba a limpiar» a alguno de los inspectores ya que por su edad, seguramente le darían prisión domiciliaria. «¡Déjense de joder», les dijo. En tanto otros les reprochaban que si clausuraban el negocio no podían pagar las tasas municipales y que con esos ingresos les abonaban los sueldos.

También una de las clientes se sumó al reclamo y les pidió que «se dejaran de molestar». La situación se puso más tensa cuando una comerciante comenzó a gritarles que «los dejen trabajar». «No somos delincuentes, dejanos trabajar por favor. Somos gente de laburo. ¿Cómo vamos a pagar los sueldos», dijo la mujer mientras seguían a los inspectores por plena calle Tucumán.

¿Cuánto deberán pagar?

Tras el frustrado paso de los inspectores, se supo que igualmente se labró el acta y ahora será el Juzgado de Faltas el que determine el monto de la multa que podría llegar a los 165.000 pesos (3000 USAM). «El incumplimiento de las disposiciones del Decreto Nacional 334/21, la resolución del Ministerio de Salud provincial 3777/21 y la Municipal 1225/21, se determinan en virtud del bien jurídico protegido que es la salud pública y la situación de emergencia sanitaria», explicaron desde ese organismo. Y aclararon que en base a esos parámetros se pueden llegar a multas que alcanzan ese monto.

Aclararon que en caso que los comercios continúen abiertos, la normativa dispone que deben ser denunciados a la autoridad competente para determinar la comisión delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal.

Según se informó, entre el sábado 5 y el domingo 6 de junio, se labraron actas en otras dos confiterías, dos heladerías, una estación de servicio, un almacén, un Kiosco y un delivery. También se labró otra por consumo de bebidas alcohólicas en vía pública y una por el encuentro de unas 50 personas.