Enfermedad política

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La Alianza alcanzó el poder a caballo de dos promesas: lucharía denodadamente contra la corrupción y tomaría medidas destinadas a reducir el abismo entre la minoría acomodada y la mayoría muy pobre. Pero ya parece probable que, aun cuando el presidente Fernando de la Rúa logre concluir su gestión sin demasiados contratiempos, haya tantos corruptos en el año 2003 como antes, quizás muchos más, y que la diferencia entre los ingresos de los más ricos y los virtualmente indigentes sea todavía mayor que a fines de 1999. Para muchos, tales resultados, que ya son previsibles, deberían atribuirse a la insinceridad de los aliancistas, pero es de suponer que, lo mismo que la mayoría de los peronistas, realmente quisieran que la Argentina fuera un país menos corrupto y más igualitario. Por cierto, sería difícil encontrar un solo político en el país que esté en favor por principio de la corrupción o de la fractura socioeconómica. Todos desean el cambio, pero ninguno sabe cómo concretarlo.

Sería fácil achacar a las circunstancias la evidente incapacidad de los miembros del gobierno del presidente De la Rúa para modificar tendencias que les parecen lamentables. Después de todo, eliminar la corrupción institucionalizada sin salir del marco institucional plantea un desafío excesivo a una clase política que nadie calificaría de brillante. Asimismo, redistribuir el ingreso, aunque fuera por muy poco, sin provocar una crisis económica gravísima, requeriría un esfuerzo excepcional incluso si el país contara con un Estado muy eficaz, el cual, huelga decirlo, no es exactamente el caso. Se trata de problemas que pudieran haber resultado superables cincuenta años o más atrás pero que desde entonces han echado raíces tan profundas que los «dirigentes» ni siquiera parecen capaces de entenderlos, lo cual es lógico porque, al fin y al cabo, son parte del ellos.

Con todo, si bien el panorama parece poco promisorio y la Alianza es una coalición dominada por personas que han militado durante muchos años en movimientos básicamente populistas que comparten la responsabilidad por el estado del país, esto no quiere decir que tengamos que resignarnos a que los próximos años sean peores que los ya transcurridos. Los países sí pueden cambiar. La España actual es muy distinta de la tiranía obscurantista y miserable de los años cincuenta y sesenta, y el progreso que se ha alcanzado en Portugal y Grecia ha sido igualmente impresionante. Desde luego, aquellas ex dictaduras han gozado de la ventaja de haber podido convertirse en miembros plenos de la Unión Europea. Alternativa que por motivos geográficos nos está negada, pero puesto que los beneficios de poder aspirar a integrarse al conjunto así supuesto eran más políticos o incluso psicológicos que materiales, su experiencia entraña enseñanzas que podrían ayudarnos a salir del atolladero en el cual el país parece estar atrapado.

Es que en el fondo la crisis es más política que económica. En buena medida, se debe a que los líderes de los movimientos más poderosos carecen de una visión coherente del porvenir nacional, hueco que han procurado llenar con recetarios facilistas, meras recopilaciones de consignas, en las que ninguno realmente cree. Aun sin el norte supuesto por la Unión Europea, una clase dirigente lúcida y competente debería estar en condiciones de plantear una «salida» tan factible como las emprendidas por sus equivalentes ibéricas y griega. Para lograrlo, empero, sus integrantes tendrían que reconocer que avanzar por el único «rumbo» disponible, el supuesto por el capitalismo liberal democrático, será una empresa sumamente ardua y que ellos mismos habrán de ajustarse a la realidad del país, abandonando las prácticas tradicionales que tanto han contribuido a llevarlo a su situación actual. ¿Lo harán? Por ahora, pocos han manifestado real interés en ponerse a la altura de las responsabilidades que les corresponden, pero a menos que cambien de actitud muy pronto la ciudadanía tendrá que optar entre propinarles un castigo brutal en las urnas, emulando de este modo a los electorados de otros países latinoamericanos, o permitir que la condición del país se haga cada vez peor.