Gula corporativa

El prestigio de legisladores y jueces está por el suelo, mientras los científicos son respetados. Pero los primeros ganan mucho más que los segundos.

Redacción

Por Redacción

Todos concuerdan en que es necesario mantener controlados los gastos del Estado para que no se alejen demasiado de los ingresos, pero cuando es cuestión de «ajustes» o de «impuestazos», los más dan por descontado que corresponde a otros hacer los sacrificios exigidos. Para colmo, ciertos sectores, entre los cuales se destacan los supuestos por los legisladores y los jueces, no tienen ningún empacho en aprovechar su poder a fin de asegurar que sea mínimo el aporte de su propia «familia» a los esfuerzos por superar la crisis económica. Frente al último ajuste de los haberes de los estatales, los senadores reaccionaron «solidarizándose» con los empleados -de los cuales muchos son sus parientes-, provocando así un escándalo que según parece no les preocupó del todo. Igualmente urticante ha resultado ser la actitud del Poder Judicial: conforme al presupuesto para el 2001 que hace poco aprobó el Consejo de la Magistratura, deberían agregarse a los montos previstos para el año anterior la friolera de 32 millones de pesos para el aumento de sueldos de jueces y empleados de la Justicia.

Por desgracia, el reclamo no ocasionó sorpresa alguna. Es tradicional que los jueces se las arreglen para aumentar sus propios ingresos cuando el resto del país está experimentando los rigores del ajuste de turno, de suerte que hubiera sido poco razonable esperar que desistieran de hacerlo este año. Aunque los jueces -lo mismo que los senadores- conforman un grupo que en teoría debería encarnar todas las virtudes republicanas, en verdad sería difícil que se desprestigiaran todavía más. En opinión de muchos, el Senado es un «aguantadero» repleto de políticos apenas presentables, algunos de los cuales han sido acusados de enriquecimiento ilícito y que incluye en sus filas a un par de «truchos» que no tienen derecho a sus bancas. En cuanto al Poder Judicial, han sido tantos los jueces involucrados en escándalos inverosímiles, que la «seguridad jurídica» parece ser un objetivo lejano y utópico.

Los representantes del Poder Judicial suelen afirmar que si el país quiere contar con una Justicia mejor tendrá que habituarse a darle más dinero, pero sucede que los muchos problemas del sector tienen menos que ver con la falta de fondos -según las pautas internacionales, los invertidos aquí son más que adecuados-, que con la mediocridad sistemática impulsada por la politización y por un esquema burocrático de resabios decimonónicos. Incluso si admitiéramos que los judiciales «merecen» ganar mucho más, sus necesidades en tal sentido son decididamente menores que aquéllas de otros. ¿No «merecen» muchísimo más de lo que reciben los docentes, los médicos, los investigadores científicos, los agentes de seguridad, los funcionarios jerárquicos? Por supuesto que sí, pero ocurre que el país, lo mismo que todos los demás, tiene que arreglarse con lo que efectivamente tiene. Si sólo fuera una cuestión de méritos, la mayoría de los salarios se cuadruplicaría o se quintuplicaría de la noche a la mañana.

En el mundo desarrollado, es considerado normal que los legisladores, jueces, catedráticos universitarios más eminentes y científicos de condición similar perciban haberes comparables, lo que es natural porque en su conjunto constituyen una suerte de elite estatal. Aquí, en cambio, los legisladores y jueces disfrutan de ingresos que en algunos casos ocasionarían la envidia de sus homólogos de países de Europa, mientras que los catedráticos, por célebres que sean, y los científicos han de conformarse con montos humillantes. ¿Es porque los legisladores y jueces nacionales son personas maravillosamente capaces mientras que todos los catedráticos y científicos son incompetentes miserables? No es la opinión de sus compatriotas. En la Argentina, el prestigio de los legisladores y de los jueces difícilmente podría ser más bajo, pero los catedráticos y científicos son respetados, juicio comparativo que los primeros parecen resueltos a confirmar al aprovechar su poder para conseguirse más dinero aunque saben muy bien que todas sus conquistas en tal sentido servirán para empeorar aún más la situación no sólo de los segundos sino también del país en su conjunto.


Todos concuerdan en que es necesario mantener controlados los gastos del Estado para que no se alejen demasiado de los ingresos, pero cuando es cuestión de "ajustes" o de "impuestazos", los más dan por descontado que corresponde a otros hacer los sacrificios exigidos. Para colmo, ciertos sectores, entre los cuales se destacan los supuestos por los legisladores y los jueces, no tienen ningún empacho en aprovechar su poder a fin de asegurar que sea mínimo el aporte de su propia "familia" a los esfuerzos por superar la crisis económica. Frente al último ajuste de los haberes de los estatales, los senadores reaccionaron "solidarizándose" con los empleados -de los cuales muchos son sus parientes-, provocando así un escándalo que según parece no les preocupó del todo. Igualmente urticante ha resultado ser la actitud del Poder Judicial: conforme al presupuesto para el 2001 que hace poco aprobó el Consejo de la Magistratura, deberían agregarse a los montos previstos para el año anterior la friolera de 32 millones de pesos para el aumento de sueldos de jueces y empleados de la Justicia.

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